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Incendios en el Amazonas

La pugna por la tierra en el Amazonas

Por Francho Barón

Altamira, Brasil (CNN) — Embarcamos en un helicóptero de las Fuerzas Armadas brasileñas acuarteladas en el 51 Batallón de la Selva de Altamira, un municipio del Estado amazónico de Pará, en el norte de Brasil, donde hace décadas que se libra una pugna, a menudo violenta, por el control de la tierra. Las fuerzas de seguridad se enfrentan contra los mineros y los madereros furtivos. Los terratenientes del negocio agropecuario chocan con los campesinos y grupos indígenas. Entre unos y otros, la principal víctima colateral es la naturaleza, devastada a golpe de motosierra y maquinaria pesada.

La misión de hoy consiste en sobrevolar la selva en busca de zonas de deforestación ilegal, incendios y minería clandestina.

Desde el aire se divisan rápidamente las primeras áreas devastadas por la codicia del ser humano: heridas profundas en este santuario selvático.

Vista aérea de la deforestación en el territorio indígena Menkragnoti en Altamira, estado de Pará, en el Amazonas de Brasil. (JOAO LAET/AFP/Getty Images)

Al sobrevolar la tierra indígena Ituna-Itatá los militares distinguen una pista de aterrizaje clandestina. Su ancho y longitud permite el despegue y aterrizaje de aeronaves de porte medio. Según el coordinador de operaciones del Instituto Brasileño de Medioambiente (IBAMA), Hugo Loss, es posible que la gigantesca franja de tierra ocre en medio de la selva sirva para transportar el oro extraído de las minas ilegales o para cargar semillas que después serán lanzadas desde el aire sobre grandes extensiones deforestadas: una forma rápida de sembrar pasto que después servirá de alimento para las cabezas de ganado criadas ilegalmente en un territorio vetado a la actividad agropecuaria.

También observamos algunas viviendas irregulares, grandes extensiones de vegetación arrasada y fuegos aun latentes… la visión panorámica es estremecedora.

Con estos sobrevuelos, el Ejército brasileño consigue identificar las zonas de selva donde se están cometiendo crímenes medioambientales. Después transmite esta información a otras instituciones que irán al terreno para investigar los hechos.

El IBAMA suele liderar durante estos días estas operaciones terrestres en Altamira. CNN acompaña a una patrulla de fiscales de la institución que, apoyada por soldados de la Fuerza Nacional, penetra en la zona restringida de Ituna- Itatá. Según la Fundación Nacional del Indio de Brasil (FUNAI), en este vasto territorio de más de 140.000 hectáreas viven comunidades de indígenas no contactados. Hasta el momento no han podido cuantificarlos ni identificar las etnias.

La caravana de vehículos todoterreno atraviesa el corazón de la selva durante más de cuatro horas por un camino de tierra que se abre paso entre castaños centenarios y una espesa vegetación, a ratos devastada por el ser humano. Los integrantes de la operación corren el riesgo de afrontar choques cuerpo a cuerpo con madereros y mineros furtivos, y por ello los efectivos de la Fuerza Nacional circulan pertrechados con armamento de guerra.

Los agentes llegan a las áreas devastadas con la marca inconfundible de los tractores equipados con cadenas de arrastre. También encontramos un campamento clandestino abandonado. Los fiscales han llegado demasiado tarde para detener a las personas que trabajaban en este lugar. Tampoco hay rastro de la maquinaria usada.

Vista aérea de un campamento informal para minería de oro en Altamira, Brasil. (JOAO LAET/AFP/Getty Images)

El destrozo medioambiental que se observa en el terreno es de gran magnitud. Según el IBAMA, unas 400 hectáreas del territorio indígena han sido arrasadas. “El objetivo de esta gente es consolidar la ocupación de esta área para intentar garantizarse la pose del terreno, esperar a una futura regularización y después especular con su venta”, explica a CNN el agente ambiental del IBAMA, Gouvinda Terra, mientras observa la devastación a su alrededor.

El padre Amaro Lopes, responsable en Altamira de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), una organización católica que defiende los derechos de los trabajadores rurales y los indígenas, así como el blindaje legal del Amazonas, sostiene que “los indígenas están muriendo”. “Los mineros ilegales, los madereros y los terratenientes están dentro de las tierras indígenas, enfrentando a los miembros de diferentes aldeas y entregando dinero a algunos de sus caciques para provocar que se peleen entre ellos”, asegura.

Las palabras del padre Amaro encuentran su contrapunto en el presidente del Sindicato de Productores Rurales de Anapu, un municipio duramente golpeado por la industria maderera ilegal. El empresario rural asegura defender la explotación sostenida del denominado pulmón del mundo, aunque matiza: “El Amazonas tiene áreas que deben ser intocables. Ahora bien, necesitamos explotar otras, porque la Amazonia es muy rica en diversos aspectos: en tierras fértiles, tiene muchos minerales y muchas otras cosas por descubrir”.

El discurso de Fernandes coincide bastante con el del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que desde su llegada al poder el pasado 1 de enero ha defendido una revisión de la doctrina medioambiental consensuada por sus antecesores, anclada en un alto nivel de blindaje de las áreas medioambientales protegidas y de las tierras indígenas.

“Necesitamos esta selva para sobrevivir. Vivimos de lo que hay aquí, esta es nuestra casa. Nuestra pelea con los blancos viene de ahí: queremos evitar que lo deforesten todo”, explica Turú Arara, el cacique de la pequeña aldea Arado, al borde de la carretera Transamazónica, donde conviven cuatro familias de la etnia Arara en un territorio demarcado.

La madera y el oro extirpados ilegalmente de la selva y las grandes extensiones ganaderas en tierras restringidas sigue engordando un negocio altamente lucrativo en esta zona del Amazonas. Todo ello a costa del futuro de un bioma de valor incalculable para Brasil y para el planeta. Y de los pueblos indígenas que lanzan un grito desesperado para no sucumbir.