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(CNN) – Estados Unidos llegó a un acuerdo de asilo con Honduras, el tercer acuerdo de este tipo con un país centroamericano en los últimos meses.

Si se implementa, el acuerdo podría permitir que Estados Unidos devuelva a los solicitantes de asilo a Honduras para buscar protección allí primero, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Al igual que los otros acuerdos, también está diseñado para mejorar el sistema de asilo dentro de Honduras.

Al tener estos acuerdos vigentes, los migrantes que tuvieron la oportunidad de buscar protección en uno de los tres países “serán devueltos de la frontera de Estados Unidos para buscar asilo o protección” en Honduras, El Salvador o Guatemala, según el funcionario.

“Permitirá a los migrantes buscar protección lo más cerca posible de su hogar”, dijo el funcionario.

Estados Unidos llegó a un acuerdo con El Salvador la semana pasada y firmó un acuerdo con Guatemala en la Oficina Oval en julio.

Los acuerdos han sido rechazados por grupos de defensa de inmigrantes que argumentan que corren el riesgo de poner a los migrantes en peligro.

El aviso de viaje del Departamento de Estado para estadounidenses hace una advertencia contra los viajes a Honduras “debido a los delitos”.

“El crimen violento, como el homicidio y el robo a mano armada, es común”, dice el aviso. La actividad violenta de pandillas, como la extorsión, el crimen callejero violento, la violación y el tráfico de narcóticos y de personas, está muy extendida. La policía local y los servicios de emergencia carecen de recursos suficientes para responder eficazmente a delitos graves”.

A principios de este verano, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue acusado de estar relacionado con una conspiración de narcotráfico con su hermano, informaron varios medios de comunicación en ese momento.

Hernández negó las acusaciones.

Los acuerdos de asilo alcanzados por la administración Trump “son paralelos entre sí y funcionan de manera similar”, pero podrían diferir en su implementación.

“Estamos trabajando con los tres (países) en la implementación”, dijo el funcionario, quien señaló que cada país necesita trabajar a través de sus “procesos legales” nacionales antes de surtir efecto.