(CNN Español) – En Nicaragua, la Policía Nacional presentó este lunes ante medios de comunicación afines al gobierno a 16 activistas, 13 de ellos miembros de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, a quienes señala de supuestos cargos de tráfico, fabricación, tenencia y uso de armas restringidas y sustancias y artefactos de explosivos, utilizadas, según la institución, para actividades terroristas.
Organismos como la Comisión Permanente de Derechos Humanos rechazan la acusación, al considerar que criminaliza la solidaridad y el derecho a la protesta pacífica.
Según sus familiares, los activistas fueron capturados en Masaya el pasado jueves cuando llevaban agua y medicinas a una decena de madres de manifestantes detenidos que desde el jueves realizan una huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, para exigir la liberación unos 130 opositores detenidos que enlista la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Algunos de los padres de los detenidos dijeron que mantenían comunicación con sus hijos y aseguran que ellos entregaban agua en la Iglesia San Miguel y que, incluso compartieron en sus redes sociales, el momento en que lo hacían.
A través de su cuenta de Twitter, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este lunes la liberación inmediata de todas las personas que, considera, fueron detenidas arbitrariamente el 14 de noviembre, después de haber llevado agua a las madres en huelga de hambre. La secretaría de la Organización de Estados Americanos a través de un comunicado este domingo, señaló como improcedente, abusiva y arbitraria la detención de los activistas y demandó su liberación.