(CNN Español) – La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis política y social que desató informes de fraude electoral durante las elecciones generales de octubre y la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre.
En un informe publicado el martes tras la visita de una delegación de la CIDH a varias ciudades de Bolivia, la comisión recomienda la creación de un Grupo Internacional de Expertos Independientes “con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables”.
El Gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez expresó estar “plenamente de acuerdo en que haya una investigación internacional imparcial la que determine y califique los hechos de violencia ocurridos en Bolivia”.
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“La violencia socio política generalizada que se desencadenó en los períodos previo y posterior a las elecciones generales, caracterizada por la polarización, la hostilidad y el odio en las relaciones sociales, fundados en la discriminación, la intolerancia y el racismo, se ha registrado una serie de graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social, al nivel más estructural y fundamental de la sociedad boliviana, con profundas repercusiones sobre la vida cotidiana del país”, dice el reporte de la comisión.
Durante su visita, la delegación de la CIDH constató que durante las protestas que iniciaron en octubre murieron más de 30 personas, más de 800 resultaron heridas y al menos 360 fueron detenidas. La comisión destaca y condena incidentes ocurridos en las ciudades de Sacaba y de Senkata que califica de “masacres” luego de que se registrara la muerte de 18 personas en enfrentamientos entre seguidores, opositores de Morales y las fuerzas del orden.
Según el informe de la comisión, se recibieron reiteradas denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas, golpes, disparos, o por la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos u otros objetos.
El Gobierno de Bolivia ha expresado su condena por “toda forma de violencia y toda instancia en que se ponga en riesgo la vida y la seguridad de todos los miembros de la sociedad boliviana”.
La comisión pidió a sectores sociales evitar continuar con los bloqueos de vías y carreteras como los registrados en los últimos meses. Además, concluye que “la principal consecuencia directa de los bloqueos, ha sido la escasez de alimentos, combustibles y bienes básicos, además del aumento de precios. También se han visto afectados los servicios de salud y de educación, así como el sector turístico”.
“Las recomendaciones dirigidas por la Comisión al Estado de Bolivia giran en torno a la urgente necesidad de que se genere un proceso de diálogo y reconciliación nacional, tendiente a desactivar las tensiones potencialmente violentas que hoy subyacen a las relaciones sociales en Bolivia”, concluye el informe.