(CNN Español) – El expresidente de Ecuador Rafael Correa y 20 exfuncionarios de su gobierno fueron llamados a juicio este viernes dentro del caso denominado “sobornos 2012-2016” por el delito de cohecho dentro de la trama de sobornos de Odebrecht en el país.
La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, acogió el pedido de la fiscal Diana Salazar, quien acusó al expresidente Correa de liderar una estructura criminal para recibir dinero por parte de Odebrecht y otras empresas de forma irregular para su movimiento político a cambio de futuros contratos con el Estado.
El delito de cohecho según el Código Penal de Ecuador establece una pena privativa de la libertad que va de uno a siete años. Se refiere a al funcionario o funcionarios de Estado que reciban o acepten beneficios económicos indebidos para sí mismos o para terceros con el fin de omitir, agilitar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones.
Fausto Jarrín, abogado del expresidente Correa, dijo a CNN que este proceso judicial “adolece de desorden y de carencia de evidencia concreta” en contra del exmandatario. Jarrin insiste en que hay contradicciones en los testimonios y versiones y que lo único que busca este caso es “proscribir de la vida política a su defendido”.
El expresidente Correa que ha rechazado estas acusaciones escribió más temprano en su cuenta de Twitter que preveía que lo llamen a juicio a él y a sus excolaboradores: “Con más ganas hoy nos llamarán a juicio por “sobornos”. Todo es cuestión de tiempo ¡Venceremos!”, dice el tuit del exmandatario.
Entre los exfuncionarios del correismo llamados a juicio se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas quien cumple desde el 2017 una sentencia de 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita dentro de la trama Odebrecht.
Según reportó la Fiscalía de Ecuador, tras 11 días de audiencia preparatoria de juicio, la jueza Camacho determinó que “los hechos relatados constituyen una actividad criminal grave y compleja”.
Además, la Fiscalía indicó que su investigación estableció la presunta existencia de una estructura integrada por funcionarios
públicos del más alto nivel jerárquico, que facilitaron la entrega de recursos a través de dos modalidades (cruce de facturas y dinero en efectivo) por parte de empresarios, para beneficiarse de contratos con el Estado. Estas adjudicaciones se efectuaban, según Fiscalía, a través de cartas de invitación directa y convenios de pagos.