Washington (CNN) – En una votación de 5-4, la Corte Suprema despejó el lunes el camino para que la administración Trump pueda poner dificultades a los inmigrantes de bajos ingresos que buscan ir o intentan permanecer legalmente en Estados Unidos.
La llamada regla de la carga pública, presentada en agosto, afecta a las personas que dependen de la asistencia pública, incluidas la mayoría de las formas de Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda.
Llegó a los titulares nacionales el verano pasado cuando el entonces director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. Ken Cuccinelli, en su defensa de la regla, “reescribió” el poema icónico en el pedestal de la Estatua de la Libertad, diciendo: “Dame a tus rendidos y a tus pobres que puedan sostenerse por sí mismos y que no se convertirán en una carga pública”.
Activistas y varios estados se opusieron inmediatamente a la regla, argumentando que los cambios penalizarían a los inmigrantes que dependen de la asistencia temporal del gobierno e impondrían costos a los estados.
La votación del lunes se dividió en líneas ideológicas, con los cinco jueces conservadores en la mayoría.
La orden también se emitió mientras el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, presidía el juicio político del presidente Donald Trump en el Senado de Estados Unidos, frente a la Corte Suprema.
Las políticas de inmigración de la administración Trump se han enfrentado repetidamente con desafíos legales, lo que resulta, en algunos casos, en tribunales inferiores que impiden que las políticas surtan efecto en todo el país, como sucedió con la regla de la carga pública.
La orden del lunes significa que la regla puede entrar en vigencia en todos los estados, pendiente de apelación, excepto en Illinois, que está cubierta por una orden judicial separada.
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La regla afectará a las personas que están tratando de obtener un estatus permanente legal, también conocido como ‘green card’. Con ese fin, la regla tiene el potencial de remodelar la inmigración legal al limitar el acceso a las ‘green cards’ para los inmigrantes de bajos ingresos.
Crítica a nivel nacional
“Estamos contentos de ver a la Corte Suprema intervenir como lo hicieron aquí”, dijo el lunes Cuccinelli, quien ahora se desempeña como subsecretario interino de Seguridad Nacional. “Está muy claro que la Corte Suprema de EE. UU. está harta de estas órdenes judiciales nacionales por parte de jueces que intentan imponer sus preferencias políticas en lugar de hacer cumplir la ley y vemos esto nuevamente con la Corte Suprema interviniendo en la forma en que lo han hecho aquí y nosotros lo apreciamos mucho”.
El año pasado, un juez de Nueva York emitió una orden judicial a nivel nacional que bloquea la regla. El procurador general Noel Francisco apeló esa decisión ante la Corte Suprema, pidiendo a los jueces que permitan que la regla entre en vigencia mientras se desarrolla el proceso de apelaciones.
Los jueces Neil Gorsuch y Clarence Thomas escribieron por separado para criticar las órdenes judiciales a nivel nacional, órdenes judiciales que bloquean una política en todo el país, como la que se emitió en el caso.
Es un tema de profunda preocupación para Noel Francisco y para el secretario de Justicia, William Barr, quienes se han quejado de que el Gobierno se ha visto obstaculizado por órdenes judiciales que bloquean sus políticas durante meses hasta que se desarrolla el proceso judicial.
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En un discurso ante el American Law Institute el año pasado, Barr dijo que las “órdenes judiciales a nivel nacional” han “frustrado la política presidencial durante la mayor parte del mandato del presidente sin un final claro a la vista”. Como ejemplo, señaló las órdenes judiciales que bloquearon la decisión de la administración Trump de rescindir el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de la era Obama.
En ese momento, Barr señaló: “Estamos a más de la mitad del mandato del presidente, y la administración no ha podido rescindir la iniciativa de inmigración de la última administración, a pesar de que se basa totalmente en la discreción ejecutiva”.
Desde entonces, el Tribunal se ocupó del problema de DACA y decidirá antes de julio.
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Gorsuch y Thomas notaron que el problema que rodeaba la regla de la carga pública se había infiltrado en varios tribunales dentro de un “conjunto de jurisdicciones”, pero que un juez podía bloquear la regla en todo el país.
“Por su naturaleza, las órdenes judiciales universales tienden a obligar a los jueces a tomar decisiones apresuradas, de alto riesgo y poca información”, escribió Gorsuch, junto con Thomas. Instaron a la Corte Suprema a intervenir en una “coyuntura apropiada” para abordar un caso relacionado con el “aumento” de las órdenes judiciales a nivel nacional.
Impacto de la regla de “carga pública”
La disposición de “carga pública” se remonta al menos a la Ley de Inmigración de 1882. Los legisladores federales de la época querían asegurarse de que los inmigrantes pudieran cuidarse a sí mismos y no terminar siendo una carga pública.
Según las regulaciones vigentes establecidas en 1996, el término se define como alguien que depende “principalmente” de la asistencia del gobierno, lo que significa que le proporciona más de la mitad de sus ingresos.
Pero solo contaba los beneficios en efectivo, como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingresos de Seguridad Suplementarios del Seguro Social. La nueva regla de la administración amplía la definición de quién se espera que dependa del gobierno al incluir más programas de beneficios.
Es difícil saber exactamente cuántas personas se verían afectadas por la regulación porque está en gran medida sujeta a la discreción del funcionario que tendrá en cuenta si es probable que alguien se convierta en una carga pública.
Los opositores a la regla, como Susan Welber, abogada del personal de la Sociedad de Asistencia Legal, dijo que el Gobierno estaba tratando de excluir “como indigno e inoportuno a cualquiera que se prediga que recibirá incluso una pequeña cantidad de alimentos, salud o asistencia para la vivienda en cualquier punto.”
“Estamos muy decepcionados con la decisión de la Corte Suprema y las consecuencias irreparables que tendrá para los inmigrantes y sus familias en todo el país, pero seguimos creyendo que nuestros reclamos legales son tan fuertes que en última instancia prevalecerán para detener esta regla de forma permanente”, dijo Welber en un comunicado el lunes.
Geneva Sands y Tami Luhby de CNN contribuyeron a este informe.