(CNN Español) – El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Jorge Arreaza está en La Haya para presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Estados Unidos contra los venezolanos. Según un comunicado del ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, publicado este jueves, el canciller entrega esta denuncia en la Corte Penal Internacional (CPI) por las “ilegales medidas coercitivas unilaterales que implementa desde el año 2014”.
Una de las últimas medidas que tomó Estados Unidos fue la del pasado viernes contra la aerolínea bandera del Gobierno venezolano, CONVIASA por trasladar a Maduro y a su círculo íntimo, en un uso que el Departamento de Estado considera “indebido”.
Estados Unidos no reconoce al cuestionado Nicolás Maduro como presidente, sino a Juan Guaidó, líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Durante una reunión en la Casa Blanca el 5 de febrero, Donald Trump se comprometió con Guaidó a “poner mayor presión” sobre Maduro, según una fuente informada sobre el tema. El Gobierno estadounidense justifica la imposición de sanciones por considerar ilegítimo el mandato de Maduro.
El vocero de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo a CNN: “Si bien estas acusaciones infundadas y este nivel de hipocresía suelen no ameritar una respuesta, deberíamos dejar asentado que el señor Arreaza está representando a un régimen que ejecutó extrajudicialmente por lo menos a 7.523 venezolanos en 2018 y 2019, de acuerdo con el informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Maduro y sus colaboradores han utilizado la represión, el asesinato, la coerción, la malversación, el soborno y los fraudes para controlar las vidas de millones de venezolanos, e intentar comprar y forzar la lealtad del círculo cercano del régimen en detrimento del pueblo venezolano”, dice el comunicado y agrega: “Finalmente, dejamos asentado que Estados Unidos no es un estado partícipe del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
Actualmente, la Corte Penal Internacional estudia un caso que presentaron seis países contra el Gobierno venezolano en 2018, por haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad en el contexto de las manifestaciones del 2017. La CPI es un órgano judicial independiente que tiene competencia para juzgar a individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión a otras naciones