Nota del editor: Vaclav Masek Sánchez recibió su maestría en el Centro para Estudios Latinoamericanos y el Caribe (CLACS) de la Universidad de Nueva York (NYU), donde actualmente es instructor adjunto. Su investigación académica se centra en las historias políticas en Centroamérica. Síguelo en Twitter en @_vaclavmasek.
(CNN Español) – De Guatemala a Panamá, los esfuerzos por mitigar el avance del coronavirus en Centroamérica pasan por momentos cruciales.
Hay diversidad de acercamiento al manejo de la crisis. Los tres gobiernos del Triángulo Norte afianzan su encierro y batallan contra el retorno de la cotidianeidad con esfuerzos absolutos. Los nicaragüenses son víctimas de la imprudencia de un régimen ausente. Mientras, Costa Rica y Panamá se preparan para masificar las pruebas y conocer la magnitud real del contagio.
A excepción de Daniel Ortega, que había estado ausente del ojo público desde hace más de tres semanas, todos los presidentes del istmo aseguran que vienen días difíciles para su gente.
El vía crucis es la cuesta que comienza a graficar la curva de contagios y fallecidos a causa de la pandemia en la región. El metafórico Viernes Santo de la enfermedad es incierto; el máximo puede que llegue en junio, según algunos expertos. Es un largo camino al calvario.
Entre la escasez y la incertidumbre, todos los países de la región, excepto Nicaragua, se han adherido a las recomendaciones de los profesionales de salud. Han promovido el distanciamiento social por decreto, cuarentenas obligatorias, toques de queda que limitan la movilidad poblacional, el uso obligatorio de mascarillas en público, entre otras medidas. Han decretado subsidios a sectores productivos estratégicos y prórrogas de pagos de servicios.
En Guatemala, hay un gobierno que cumple 100 días el 23 de abril y ya se enfrenta a la emergencia nacional más desafiante desde el terremoto de 1976. El presidente Alejandro Giammattei habla con la templanza y la moderación de un médico por medio de cadenas nacionales, y los guatemaltecos lo escuchan, viviendo bajo toque de queda y ley seca.
El sector privado organizado guatemalteco, preocupado por un brutal colapso económico que afecte la competitividad de la economía más grande de Centroamérica, ha salido al rescate de un Estado lento por su burocracia. Los cinco hospitales construidos para atender directamente la emergencia han sido donaciones de distintos grupos empresariales. Lo mismo con las pruebas disponibles en el país, donadas por fundaciones privadas.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud sigue sin ejecutar sus nuevas asignaciones. Y el Congreso de Guatemala, que recientemente aprobó una ampliación presupuestaria multimillonaria, solo adjudicó 7% a la coyuntura sanitaria. Se reportan hasta ahora 180 casos y 5 muertes.
Bukele maneja la crisis de salud pública en El Salvador como un adepto de la comunicación y un aficionado a las fuerzas de seguridad. A modo de relacionista público de una multinacional emproblemada, con la mejor base de datos sobre la pandemia de la región, Bukele goza de la libertad retórica que otorga su popularidad como presidente. “Ya inició la tercera guerra mundial” dijo en su cuenta de Twitter. El Salvador cumplió dos días consecutivos sin homicidios, con las maras imponiendo su propio toque de queda.
La improvisación y los impulsos populistas son el pecado original del manejo de la crisis en El Salvador. Sus “centros de contención”, donde están detenidas más de 4.300 personas por haber violado órdenes de cuarentena, son claros focos de contagio en un país con 159 casos confirmados y 6 fallecidos, según las cifras de la Universidad John Hopkins.
Las órdenes de no transitar han comenzado a relajarse en los centros urbanos del país más densamente poblados de la región. Largas filas adornan las calles con personas esperando su subsidio de US$ 300, un apoyo económico que el gobierno ha gestionado deficientemente desde su anuncio. Bukele anunció que los policías deben ser más duros con las personas en la calle durante la cuarentena: “No me importa que le doblen la mano”.
Honduras ostenta una de las tasas de letalidad más altas de la región, con 31 muertes confirmadas sobre un total de 419 casos. El gobierno de Juan Orlando Hernández ha facilitado la compra masiva de pruebas rápidas para detectar el covid-19. No solo recibieron una donación de 26.000 pruebas del BCIE, sino que también el gobierno hondureño adquirió 250.000 de su contraparte surcoreana.
Y mientras cientos de hondureños salen a abastecerse de alimentos a los mercados sin la protección adecuada, los gobernadores de los departamentos han sido notificados de sus nuevas responsabilidades: facilitar terrenos para fosas comunes en caso que las muertes se disparen.
A raíz del caos informativo que había generado la ausencia de Daniel Ortega (quien reapareció el 15 de abril), la gestión de la crisis sanitaria por el covid-19 en Nicaragua había sido asumida por su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Pero, mientras la mayoría de las naciones adoptan medidas estrictas de cuarentena para protegerse del coronavirus, el gobierno nicaragüense ha adoptado un enfoque diferente, declarando que los riesgos de la pandemia están sobrevalorados y alentando a los ciudadanos a seguir con su vida cotidiana.
Hasta ahora Nicaragua reporta 9 casos y una muerte, aunque la precisión de esos números es incierta. Para mayor sospecha, las autoridades sanitarias nicaragüenses reportaron 66 muertes por neumonía la semana pasada. La negligencia nicaragüense está subrayada por el hecho de que el país es el segundo más pobre del hemisferio occidental, con una infraestructura de salud pública desmantelada por un caprichoso régimen autoritario. Y pensar que el 18 de abril se cumplirán dos años de las protestas contra las reformas de la seguridad social decretadas por el presidente Daniel Ortega.
Los daños económicos nacionales de la región tendrán un impacto incalculable. Lo que ya es medible es el costo humano. En total, la región tiene más de 4.500 infectados y más de 100 fallecidos, la mayoría localizados en Costa Rica y Panamá.
El primero en confirmar un caso en la región el 6 de marzo fue Costa Rica, que hoy ya cuenta con 618 casos, de los cuales más de tres cuartas partes se concentran en los centros urbanos de Alajuela y San José. El presidente Carlos Alvarado ha endurecido el control vehicular y ha extendido el cierre de fronteras hasta el 30 de abril, prohibiendo la entrada de visitantes extranjeros en medio de la época más importante del calendario turístico en el país, que reporta el 8,2% del PIB nacional.
Además, el mandatario costarricense se ha destacado por tratar de facilitar el acceso y el uso de la propiedad intelectual de tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia de coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que trabajarán en conjunto para acelerar la colaboración internacional e interinstitucional.
Panamá, que ya tiene 3.574 casos y más de 95 fallecidos, sigue una curva similar a la de Italia. Si bien es cierto que la curva panameña está mucho más pronunciada que cualquier otro país centroamericano, hay que enfatizar que la cantidad de pruebas realizadas también explica el número de casos confirmados. Panamá ha realizado más de 15.500 pruebas hasta ahora, comparados con las menos de 6.000 en Costa Rica.
Panamá inició una cuarentena por sexo. El 30 de marzo, el presidente Laurentino Cortizo anunció que el gobierno limitaría aún más el movimiento dentro del país al designar los lunes, miércoles y viernes como días para que las mujeres circulen, mientras que los hombres pueden salir los martes, jueves y sábados. Todos deben permanecer en casa los domingos.
La angustia de lo incierto ahonda la crisis de salud pública en el istmo con un desenlace impredecible. La cuesta del coronavirus se comienza a inclinar en estas santas semanas de abril.