(CNN Español) – Victoria Cárdenas Lacayo, empresaria inmobiliaria y esposa de Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunció lo que considera una estrategia de la Alcaldía de Managua para expropiar la empresa de la que es propietaria con su madre y su hermana.
En un artículo publicado en su blog este lunes, Chamorro afirma que luego de que el Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó un recurso de amparo interpuesto por Cárdenas, su madre y hermana para evitar la orden de captura, la comuna capitalina citó a la empresa en cuestión, Inmobiliaria Intermezzo, para un trámite de mediación ante la Dirección de Resolución Interna de Conflictos (Dirac), por un cobro del equivalente a poco más de 271.000 dólares.
En un video publicado en redes sociales, Cárdenas Lacayo dijo que se trata de una represalia por las actividades políticas de su esposo.
Cárdenas Lacayo argumenta que el reparo es “absurdo teniendo en cuenta que la mayoría de los lotes se vendieron ya hace más de 13 años”, y afirma que se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos”. Además, Chamorro mostró las solvencias municipales de los últimos tres años en un tuit publicado el 4 de septiembre.
“La Alcaldía de Managua está procediendo ilegalmente contra el sector privado: pequeñas, medianas y grandes empresas. Están amenazando a los empresarios con encarcelarlos si no pagan los reparos que, arbitrariamente, imponen a los contribuyentes”, afirma Cárdenas en un video publicado el 3 de septiembre en la cuenta de Twitter de su esposo.
Una notificación extrajudicial emitida por el despacho legal Rojas y Ramírez a la que CNN tuvo acceso, indica que la Alcaldía de Managua entabló una acusación contra Victoria Cárdenas Lacayo, su madre y hermana por los supuestos delitos de defraudación fiscal a Hacienda Municipal.
Según el documento, el 21 de agosto un juez local dictó una orden de prisión contra las tres empresarias por no haberse presentado a la mediación preliminar, aunque aún no se ha cumplido.
Según Chamorro, se citó a los dueños de la inmobiliaria a un proceso de mediación ante la Dirac, solicitada por el abogado Ricardo Ramírez McNally, cuyo bufete representa a la Alcaldía de Managua.
“El esquema de terrorismo fiscal que opera en Nicaragua está plagado de oscuros abogados, en alianza con funcionarios corruptos y un sistema judicial igualmente amañado”, dijo Chamorro.
CNN ha tratado de obtener información sobre la demanda interpuesta por la alcaldía contra la Inmobiliaria Intermezzo y el cálculo de impuestos, pero en el despacho Rojas y Asociados no responden a nuestros llamados.
CNN también se dirigió a la oficina de comunicación de la Alcaldía de Managua y al director de comunicación del Poder Judicial para conocer detalles del proceso administrativo en la Dirac, pero no ha obtenido respuestas.
Para Martha Molina, abogada independiente y miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, una organización independiente dedicada a la promoción de la rendición de cuentas, el proceso judicial en contra de los familiares de Chamorro no tiene asidero legal.
“Se les acusa de un delito que no han cometido, según las pruebas que han presentado a la opinión pública. Entre ellas, la solvencia municipal. Sin embargo, es un proceso judicial cuya tendencia es llegar al final donde se encarcele a las acusadas y se confisquen sus propiedades”, afirma Molina.
La Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) rechazó a través de un comunicado el 4 de septiembre cualquier proceso administrativo o judicial que violente los derechos humanos, mientras la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) afirmó que los cobros onerosos y los procedimientos fuera de la ley dañan las inversiones.