(CNN Español) – La Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guaidó, aprobó y sancionó este sábado la reforma parcial del Estatuto de la Transición que “norma el funcionamiento del parlamento durante la continuidad constitucional”.
Con este paso, quienes integran actualmente el Poder Legislativo, de mayoría opositora, pretenden sentar una base legal para continuar sesionando más allá del 5 de enero, fecha prevista en la Constitución para la instalación del nuevo parlamento.
A través de sus redes sociales, el partido opositor Primero Justicia explicó que “la reforma del estatuto para la transición y la reestructuración del gobierno interino tiene un solo foco, poner todos los esfuerzos en lo importante, el cambio democrático para todos los venezolanos”.
Se establece que el objetivo fundamental es “promover interna e internacionalmente la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”, así como que la Asamblea Nacional funcione a través de la comisión delegada hasta el 5 de enero de 2022 o hasta que haya elecciones libres.
La reforma no fue aprobada de forma unánime. Acción Democrática ratificó su respaldo a Guaidó, pero salvó su voto por considerar que la continuidad debería funcionar con el pleno del parlamento y no con la comisión delegada, como se decidió, es decir, solo con los presidentes de las comisiones que integran el parlamento.
La actual Asamblea está conformada por 167 diputados que resultaron electos en diciembre de 2015, para el periodo conformado entre el 5 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2021.
El 6 de diciembre de este año se realizaron elecciones legislativas bajo fuertes cuestionamientos desde el ámbito interno y desde la comunidad internacional, y en las que no participó la mayoría opositora, que llamó a no votar. El chavismo se impuso con 81% de los 277 curules, en un proceso en el que, según el Consejo Nacional Electoral, se abstuvo de participar casi el 70% de los electores inscritos en el padrón.
Entre las críticas a la reciente elección legislativa, destacan que el nombramiento del Poder Electoral se realizó desde el Poder Judicial, y no desde la Asamblea Nacional, como está establecido en la Carta Magna.
También que las directivas de los partidos opositores fueron intervenidas y se nombraron juntas ad hoc desde el Tribunal Supremo de Justicia, y que no hubo observación internacional independiente.
Es por ello que Guaidó y partidos como Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo consideran que se trató de un proceso comicial ilegal e ilegítimo.
De momento, el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro no ha reaccionado a la aprobación de esta reforma de la Ley del Estatuto para la Transición. CNN se comunicó con el Ministerio de Comunicación e Información para solicitar un comentario, sin hasta ahora haber obtenido respuesta. El Poder Judicial declaró en desacato a la Asamblea Nacional y, desde ese momento, considera que todas sus decisiones y actos son nulos.