(CNN) –– Millones de estadounidenses comenzarán a quedarse sin subsidios de desempleo por la pandemia en apenas dos semanas, lo que aumenta la presión sobre el Senado para aprobar rápidamente su versión del paquete de estímulo de US$ 1,9 billones por coronavirus, del presidente Joe Biden.
La asistencia por desempleo está entre las primeras ayudas federales que expirará del paquete de estímulo de US$ 900.000 millones, aprobado en diciembre. Además, disposiciones adicionales para licencias familiares y por enfermedad remuneradas también vencerán en las próximas semanas y meses. Así como la asistencia para pequeñas empresas, cupones de alimentos, protecciones de vivienda y otras ayudas.
El Senado tiene programado comenzar a considerar el paquete de estímulo masivo esta semana. Se trata del proyecto que aprobó la Cámara el sábado por la mañana, en gran parte bajo la línea del partido. Sin embargo, llevará algún tiempo aprobarlo, pues se espera que los senadores realicen cambios a la legislación. Después, la Cámara de Representantes tendrá que votar sobre la propuesta revisada antes de enviarla a Biden para que la firme.
Mientras tanto, el tiempo corre.
Los subsidios por desempleo temporal se vencen primero
En apenas dos semanas, los estadounidenses sin trabajo recibirán su último subsidio federal semanal de US$ 300. Y aquellos que se encuentran en dos programas clave de asistencia por desempleo en la pandemia comenzarán a quedarse sin ayudas en ese momento.
Para unos 4 millones de personas en los programas de Asistencia por Desempleo en la Pandemia y Compensación de Emergencia por Desempleo en la Pandemia los subsidios vencerán a mediados de marzo. Mientras, que los pagos de otros 7,3 millones de personas expirarán durante las próximas cuatro semanas. Así lo estableció un informe reciente de The Century Foundation.
Los dos programas federales se crearon de manera temporal en el paquete de ayuda de US$ 2 billones que aprobó el Congreso en marzo de 2020. Posteriormente, se extendieron por 11 semanas en el acuerdo de ayuda de US$ 900.000 millones de diciembre. El primer programa proporciona subsidios a trabajadores independientes, autónomos, contratistas y ciertas personas afectadas por la pandemia. Mientras, el segundo extiende la duración de los pagos para aquellos en el sistema tradicional de desempleo estatal.
El proyecto de ley de la Cámara de Representantes plantea extender estos programas de desempleo. Además, proporcionar una mejora federal semanal de US$ 400 a los pagos hasta el 29 de agosto. El paquete de estímulo que presentó el presidente incluía subsidios continuos hasta finales de septiembre.
Sin embargo, y aún si Biden firma el proyecto de ley a mediados de marzo, los desempleados pueden experimentar una interrupción temporal en los pagos. El Departamento de Trabajo de EE.UU. debe emitir una guía sobre la nueva ley. Adicional a eso, muchos estados necesitan algo de tiempo para reprogramar sus anticuados sistemas con las nuevas disposiciones.
Las demoras en aprobar y firmar el paquete de estímulo de diciembre dejaron a los desempleados esperando US$ 17.600 millones en subsidios en enero. Esto según otro análisis de The Century Foundation.
Los pagos finalmente se enviaron retroactivamente. Sin embargo, algunos de quienes aún califican para los programas creador por la pandemia aún no se han vuelto a inscribir. Por ejemplo, en California, podría tomar hasta el 7 de marzo para que todos puedan certificar su elegibilidad para los subsidios federales.
¿Qué más expirará?
Los beneficios por desempleo no son la única ayuda que caducará en las próximas semanas y meses.
Un incentivo fiscal para los empleadores que ofrecen licencias familiares y por enfermedad remuneradas vencerá el 31 de marzo, si el proyecto del paquete de estímulo no se aprueba para entonces. El año pasado, el Congreso garantizó a muchos trabajadores el pago de dos semanas si se contagiaban de covid-19 o estaban en cuarentena. También proporcionó 10 semanas adicionales de licencia familiar remunerada a quienes se quedaban en casa con niños, cuyas escuelas cerraron. Esos beneficios expiraron en diciembre. Sin embargo, los empleadores aún pueden recibir un crédito fiscal si proporcionaron voluntariamente la licencia remunerada ampliada hasta marzo.
Los beneficiarios de cupones de alimentos están recibiendo un 15% adicional en ayudas hasta junio, debido al proyecto de ley que se aprobó a finales del año pasado. El paquete de estímulo más reciente lo ampliaría hasta septiembre.
Lo que no se extenderá en el nuevo paquete de estímulo
Incluso si el paquete de estímulo se aprueba, no extenderá otros dos beneficios que expirarán el 31 de marzo. Entre ellos, un programa clave de ayuda para pequeñas empresas y la moratoria federal de desalojos.
El Programa de Protección de Pago de Cheques, que otorga préstamos condonables a pequeñas empresas con dificultades, termina el 31 de marzo. El proyecto de ley no extenderá la fecha de vencimiento. Pero sumaría US$ 7.000 millones al programa si se aprueba antes de fin de mes. También proporcionaría US$ 15.000 millones al programa de Préstamos por Daños de Desastre de Emergencia. Esta iniciativa entrega créditos a largo plazo a bajo interés de la Administración de Pequeñas Empresas. Además se destinarán US$ 25.000 millones para un nuevo programa de subvenciones específicamente para bares y restaurantes.
La moratoria federal de desalojo que protege a los inquilinos con dificultades vencerá el 31 de marzo. Pero su extensión no se permite en el proyecto de ley de reconciliación. En cambio, la prórroga debe realizarse mediante una acción ejecutiva. El gobierno de Biden amplió previamente la protección del 31 de enero al 31 de marzo. Aunque, la constitucionalidad de la moratoria está siendo cuestionada en los tribunales.
Ahora bien, el proyecto de ley enviaría aproximadamente US$ 19.100 millones a los gobiernos estatales y locales para ayudar a los hogares de bajos ingresos a cubrir el alquiler atrasado, la asistencia para el alquiler y las facturas de servicios públicos. Aproximadamente US$ 10.000 millones serían autorizados para ayudar a los propietarios de viviendas con dificultades a pagar sus hipotecas, servicios públicos e impuestos a la propiedad. Proporcionaría otros US$ 5.000 millones para asistir a los estados y localidades en la ayudar a personas en riesgo de quedarse sin vivienda.