(CNN Español) – Las medidas que han tomado algunos líderes latinoamericanos para concentrar el poder en el Ejecutivo o eliminar la eficacia de sus contrapesos en el Estado han puesto en alerta la situación democrática de varios países de la región.
Varios analistas consultados por CNN e indicadores de organismos de monitoreo señalan que la autocracia ha tomado un peligroso protagonismo en los últimos años. El deterioro democrático, según esos análisis, está marcado por la ausencia de elecciones libres y justas, la obstaculización de competencia política y el socavamiento intencional de órganos de supervisión destinados a hacer rendir cuentas.
El reporte de 2020 del Índice de Transformación Bertelsmann (BTI, por sus siglas en inglés), creado por la organización independiente Bertelsmann Stiftung, indicó que por sexto año consecutivo los niveles de democracia en América Latina y el Caribe han disminuido, mientras que el número de autocracias ha alcanzado un máximo histórico. En total, se registraron seis gobiernos considerados autocráticos en la región: Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, Guatemala y Honduras.
En el caso de Guatemala y Honduras, la erosión o regresión de la democracia fueron “lo suficientemente grandes como para que se produjera un cambio de régimen a la autocracia”, indicó el BTI.
Por un lado, Honduras “cruzó el umbral hacia la autocracia”, tras las aparentes irregularidades en las elecciones presidenciales de 2017 y la finalización del convenio de creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Mientras, en Guatemala casi se eliminó la separación de poderes.
“El problema no es solo que las constituciones son muy vulnerables en América Latina. Es que no existen separaciones de poderes y el gobierno de turno tiene control absolutamente de todas las instituciones”, dijo la periodista María Fernanda Silva en una entrevista con CNN.
Carlos Alberto Montaner, periodista y colaborador de CNN explica que entre los factores que llevan a una democracia hacia una autocracia está la predisposición psicológica a la tiranía, pero que antes se tiene que destruir a las instituciones de un país. “Hay que eliminar, por ejemplo, el rol del Poder Judicial. En los regímenes autocráticos no existe el Poder Judicial independiente. Hay que hacer la voluntad del dictador”, dijo.
La “democracia está amenazada en América Latina probablemente desde finales desde la década de los 90. Con el surgimiento de varios tipos de populismo”, cuenta a CNN Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida.
Para Gamarra, el problema radica en que los gobiernos llegan por la vía democrática pero, una vez en el poder, cambian las reglas de juego para concentrar el poder en el Ejecutivo con “con la vieja idea latinoamericana que tiene que ver con el caudillismo”.
A continuación, te mostramos una lista de las que algunos analistas llaman democracias falsas o disminuidas en América Latina, y te explicamos por qué la democracia de esos países se ve amenazada.
El régimen de Maduro
Venezuela es el único país que ha experimentado un retroceso democrático gradual en las últimas dos décadas, y que en 2017 finalmente se convirtió en un régimen no democrático, según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). “Venezuela es el único país del mundo que ha pasado de ser una democracia con un desempeño alto en Gobierno Representativo (entre 1975 y 1996) a ser un régimen no democrático”.
Cuando Hugo Chávez asumió el poder en 1999, introdujo una nueva Constitución, aprobada en referéndum popular, que extendió su mandato y fortaleció al poder Ejecutivo. Chávez también creó dos poderes más, el Ciudadanosy el Electoral, permitiéndole nombrar a funcionarios adeptos a su gobierno y diluyendo así aún más el poder público.
Chávez logró la reelección en 2000 y Maduro fue elegido diputado para la Asamblea Nacional, que redactaría la nueva Constitución permitiéndole a Chávez ser reelegido en 2006 y tras una nueva enmienda, en 2012.
Con la muerte de Chávez, Maduro fue nombrado presidente interino de Venezuela para después ganar las elecciones presidenciales, en un proceso que fue cuestionado por la oposición. Maduro heredó un país en crisis que entró oficialmente en recesión económica en 2014.
Un año más tarde, una alianza de oposición de Venezuela ganó en la mayoría de los escaños en las elecciones a la Asamblea Nacional, lo que representó el primer cambio importante en el poder legislativo desde Chávez. Sin embargo, la Asamblea Nacional no pudo ejecutar sus planes por falta de acuerdos entre partidos, y luego por el hecho de que el gobierno le nombró una Asamblea Constituyente para ignorar sus decisiones.
En enero de 2021, la Asamblea Nacional en Venezuela pasó a estar nuevamente bajo el control de Maduro —quedó integrada en más del 90% por diputados del partido de gobierno— en un proceso cuestionado dentro y fuera del país.
La semana pasada, esa Asamblea Nacional designó un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). El principal líder de la oposición, Juan Guaidó, dijo a través de sus redes sociales que las consecuencias de querer imponer un árbitro electoral serán las mismas que en 2018 y en 2020. Y a su juicio, “arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”.
Guaidó fue inhabilitado en febrero por 15 años por la Contraloría General para ejercer funciones públicas. La Contraloría es parte del Poder Ciudadano al igual que la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, pero como los otros dos, es un organismo controlado por el oficialismo.
La ausencia de un sistema democrático, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la violencia generalizada, la escasez alimentaria y la crisis eléctrica y de salud, son algunas de las razones por las que, desde 2014, más de 5,6 millones de venezolanos han dejado el país, según cifras de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Un informe presentado por una Misión de la ONU estimó que el país tiene una de las tasas más altas de asesinatos cometidos por agentes del Estado en América Latina. “Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión en el informe.
La Misión también investigó detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas dirigidas contra la población civil con el fin de silenciar la oposición al gobierno de Maduro. Según cifras de Foro Penal, una red venezolana de abogados, el gobierno venezolano ha encarcelado a un total de 328 opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos, según cifras de Foro Penal, una red venezolana de abogados.
Tras hacerse público el informe de la ONU en septiembre de 2020, Jorge Arreaza, canciller del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro, dijo que el informe estaba “plagado de falsedades”.
El gobierno de Bukele en El Salvador
“El Salvador hoy día está en manos de un potencial Chávez. Eso es lo que es Bukele”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, a CNN. “Lo que queda de El Salvador hoy es una fachada de democracia”, agregó.
Esto, después de que los legisladores se unieran al presidente Nayib Bukele para reemplazar a cinco magistrados que se oponían a las medidas de Bukele y al fiscal general de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la más alta del sistema judicial del país.
El partido Nuevas Ideas de Bukele, que propuso esta moción, sostiene que los miembros del magistrado obstaculizaron la capacidad del mandatario para enfrentarse a la pandemia de covid-19.
“Existen claras evidencias de que los magistrados actuales no reúnen los méritos para un rol tan fundamental”, dijo la diputada Suecy Callejas, del partido Nuevas Ideas, quien justificó la destitución e indicó que esta era una medida de protección y la única forma posible de cumplir con la obligación con el pueblo salvadoreño.
Los magistrados declararon inconstitucional la aprobación de ese decreto de la Asamblea Legislativa. “Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría, que el pueblo se la dio a través del voto, es un golpe de Estado”, dijo el diputado René Portillo.
Bukele justificó la acción y consideró que la Asamblea está haciendo lo que prometió. “El pueblo votó por esto”, aseguró y agregó: “El pueblo quiere que quitemos a esos funcionarios”.
El periodista salvadoreño Óscar Martínez llamó a Bukele autócrata en un artículo de opinión paraThe New York Times y escribió que “la historia debe registrar que en 2021 Latinoamérica tuvo, una vez más, un país donde todo el poder se concentró en un solo hombre”.
Si bien existen dudas sobre la legalidad de lo acontecido, esta reestructuración coloca al presidente en control de todas las instituciones públicas más importantes del país.
El secretario general de las Naciones Unidas António Guterres hizo un llamado a “respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de derecho y la división de poderes” con el fin de preservar el progreso democrático que el país ha alcanzado desde la firma del acuerdo de paz, la cual puso fin a la guerra civil que se desarrolló entre 1979 y 1992.
La reelección indefinida de Daniel Ortega
En el caso de Nicaragua, IDEA Internacional indica que el país sufrió un retroceso democrático grave, y coincide con Freedom House en que la elección de Daniel Ortega en 2006 marcó el inicio de un nuevo período de deterioro democrático en el país, ya que el líder sandinista consolidó todos los poderes del gobierno bajo el control de su partido, limitando libertades fundamentales y propiciando la corrupción dentro del gobierno.
Las reformas constitucionales de 2014 le permitieron a Ortega ser reelegido para un nuevo mandato. En 2018 se desató una serie de protestas contra una reforma al sistema de pensiones, que evolucionaron a exigencias de cambios en el sistema democrático. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó en octubre de 2020 que, entre abril de 2018 y octubre de 2020, 1.614 personas fueron encarceladas arbitrariamente por su participación en esas manifestaciones.
“Durante casi tres años, el gobierno de Daniel Ortega ha mostrado una y otra vez que está dispuesto a cualquier cosa para evitar que los derechos humanos sean una realidad en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en un comunicado.
Durante 2020, el Gobierno de Nicaragua tomó las instalaciones de varios medios de comunicación privados y organizaciones no gubernamentales y luego las adjudicó a organismos judiciales, lo que han denunciado y criticado voces como el periodista Carlos Fernando Chamorro.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunciaron en su informe “¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, ¿hasta cuándo?”, que distintas leyes aprobadas en 2020 restringen los espacios de la sociedad civil, afectan el pluralismo político, penalizan la oposición al gobierno y obstruyen la participación de la oposición en las elecciones previstas para noviembre de 2021.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en marzo un acuerdo que exige reformas electorales al gobierno del presidente Ortega antes de las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre. El gobierno de Nicaragua rechazó esa resolución y dijo que está escrito con base en informaciones sesgadas y datos proporcionados por organismos que participaron en lo que el Ejecutivo llamó “intento de golpe de Estado”. Ortega había dicho en ocasiones anteriores que quienes piden sanciones contra su gobierno no merecen ser nicaragüenses y que perdieron su derecho de aspirar a cargos públicos.
Los aliados en el poder de Hernández
BTI indica que la coexistencia de leyes e instituciones democráticas que utilizan métodos autocráticos, como para mantener a políticos en el poder deterioran la legitimidad democrática, se observó tanto en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y en el de Juan Orlando Hernández (2014-actualidad).
“En ambos casos, estos factores provocaron reacciones populares violentas, rechazo de intenciones autoritarias, así como un deterioro de la calidad de la democracia”, apunta el reporte.
En 2009, el entonces presidente Manuel Zelaya fue derrocado mediante un golpe de Estado tras anunciar sus intenciones de reelegirse. Años más tarde y a pesar de que la Constitución del país centroamericano prohíbe la reelección presidencial, Hernández la buscó amparándose en un fallo judicial que despenalizó la prohibición de un segundo mandato.
La presidenta del oficialista Partido Nacional Honduras, Gladys Aurora López, indicó a CNN que el artículo 239 seguía intacto en la Constitución y que no se había reformado pero “sí se declaró inaplicable este artículo”, subrayó la también vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras. “En estos momentos lo que le digo es que la reelección es permitida”, enfatizó.
Ante lo ocurrido, varios sectores populares, incluyendo los partidos opositores, se manifestaron para detener la que denominaron como una dictadura del Partido Nacional actualmente en el poder.
Durante las elecciones de 2017, Juan Orlando Hernández fue declarado ganador tras un proceso que se vivió con irregularidades al reportarse un “problema técnico” en uno de sus servidores, que alcanzó la capacidad máxima y que tuvo que ser sustituido por uno nuevo. La Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó celebrar nuevas elecciones, calificando el proceso “de muy baja calidad técnica y carente de integridad”.
“No existen condiciones para afirmar que el ganador es uno u otro, y ello demuestra que este proceso se ha visto afectado por marcadas irregularidades y deficiencias, por la violencia de unos y otros antes, durante y después del acto eleccionario, se ha visto afectado por actores externos e internos que han apostado a la desestabilización, se ha visto afectado por la falta de garantías previas y post acto electoral y se ha visto afectado por la corrupción que rodea al sistema político hondureño”, se lee en el comunicado de la OEA.
En su momento, Hernández no se pronunció sobre los señalamientos de fraude electoral y a pesar de las recomendaciones de los observadores internacionales, el Tribunal Supremo Electoral declaró a Juan Orlando Hernández como el presidente electo de Honduras en 2017.
Actualmente, varios testigos afirman que Hernandez participa en la red de tráfico de drogas junto a su hermano y a Geovanny Fuentes Ramírez. La presidencia de Honduras ha negado cualquier vinculación entre el mandatario y Fuentes.
En noviembre de 2021 se llevarán a cabo nuevas elecciones presidenciales en el país.
La separación de poderes en Guatemala, amenazada
BTI señala a Guatemala como una de las seis autocracias de América Latina, considerando que el país centroamericano experimentó un “golpe de Estado en cámara lenta”, el cual eliminó casi por completo la separación de poderes del país.
Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),respaldada por la ONU, indicó que los partidos guatemaltecos “se reparten literalmente los cargos de magistrados” de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, reportó la Agencia Efe.
Durante sus años de operación, la CICIG desmanteló con éxito varias redes criminales que involucran a las élites más ricas y poderosas del país, que durante décadas permitieron que la pobreza y la inseguridad crecieran. En enero de 2019, el gobierno del entonces presidente Jimmy Morales terminó unilateralmente su cooperación con la CICIG, finalizando su trabajo en septiembre de 2019.
Morales acusó a la CICIG de cometer acciones ilegales y de violar los derechos humanos. “Funcionarios de la CICIG violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país”, dijo Morales, y señaló “que estas violaciones atentan contra la misma carta de las Naciones Unidas, la Constitución de Guatemala y el acuerdo de la creación de la CICIG”.
“A pesar del éxito de la CICIG en el enjuiciamiento de muchas personas poderosas, fue Jimmy Morales, el presidente saliente de Guatemala, quien decidió no extender el mandato después de enfrentarse a una investigación criminal. Su miedo a la CICIG es un reconocimiento de la eficacia de la comisión. Su éxito al alejar finalmente a la CICIG debe prender focos de alerta”, escribió Iván Velásquez, comisionado de la CICIG en un artículo para el Washington Post.
Velásquez dijo a Noticias ONU que tras la salida de CICIG era factible que ocurrieran retrocesos en cuanto a impunidad y que podría presentarse “una ola de persecución, de criminalización de los exfuncionarios de la CICIG, pero también de fiscales y de jueces que se comprometieron en la lucha contra la corrupción”.
Velásquez también expresó temer que se empezaran a producir decisiones de impunidad en cuanto a las investigaciones en curso, pues era posible que los jueces generaran absoluciones “porque vuelve ese momento de acciones de impunidad generalizada que se vivía en el 2006 -2007, cuando se estableció la Comisión”.
El periodista Martín Rodríguez Pellecer escribió para The New York Times en 2018 que “a diferencia de otros países, como Nicaragua o Venezuela, en Guatemala la batalla por la defensa de la democracia no ha sido entre un gobierno corrupto y ciudadanos que protestan, sino entre las instancias de investigación judicial y los grupos que han ostentado el poder”.
Según BTI, la influencia de los intereses privados y la corrupción, así como la integración de estructuras criminales a la administración pública, han llevado a Guatemala al uso arbitrario del poder. El reporte señala que la disparidad social en el país centroamericano es evidente, ya que las pequeñas élites controlan la mayor parte de los recursos, mientras que la mayoría de la población rural indígena vive por debajo del umbral de pobreza.
Cuba, más de 60 años sin pluralidad política y con denuncias de opresión
En Cuba se rechaza el pluripartidismo, no se realizan elecciones competitivas, libres y justas, y tampoco hay instituciones democráticas o derechos civiles que funcionen. IDEA Internacional indicó que Cuba es el único país de la región que no ha tenido una transición democrática desde 1975, persistiendo el régimen no democrático durante las últimas cuatro décadas.
“La persistencia del régimen no democrático de Cuba ofrece un modelo a regímenes como el de Nicaragua y Venezuela, que recientemente han experimentado un retroceso importante y han pasado de sistemas democráticos a regímenes híbridos o no democráticos”, indicó IDEA en un reporte de 2019.
Fidel Castro y Raúl Castro lideraron Cuba por más de 60 años. Después de las elecciones a la Asamblea Nacional este año, en la que no se permiten candidatos de oposición, el Parlamento cubano eligió por unanimidad al presidente Miguel Díaz-Canel como líder del Partido Comunista, que se encarga de trazar el rumbo de la Revolución cubana. Díaz-Canel es así jefe de Estado y líder del único partido político permitido por la ley en la isla.
BTI califica al crecimiento económico de Cuba como anémico, indicando que se ha visto afectado por la crisis de Venezuela, su aliado y benefactor económico, por las políticas de Estados Unidos y por el huracán Irma, que causó graves daños a la isla.
La pobreza y desigualdad han ido en aumento desde el fin del apoyo económico soviético. Actualmente, la isla, que depende del turismo, ha sido golpeada por la pandemia; la economía se contrajo al menos 11% en 2020, según estimaciones del gobierno. Los cubanos cada día pasan horas haciendo fila para encontrar alimentos, medicinas y otros artículos cada vez más escasos, una realidad en la isla que se agravó con la coyuntura del covid-19.
Recientemente se reportó un aumento de balseros cubanos que intentan llegar a Estados Unidos ilegalmente. Jorge Dávila Miguel, colaborador de CNN, indicó que “los cubanos se están tirando al mar porque las condiciones en Cuba han empeorado drásticamente por tres razones fundamentales: la mala gestión económica del gobierno cubano, la pandemia y las medidas agresivas de (Donald) Trump”.
Si bien el presidente Joe Biden rechazó las sanciones impuestas a Cuba, no ha levantado las restricciones impuestas por su antecesor y no se tiene claro si Cuba está entre su lista de prioridades.
Con información de Melissa Velásquez Loaiza, Sebastián Jiménez, Michael Roa, Marlon Sorto, Elvin Sandoval, Mario Medrano, Merlin Delcid, Kay Guerrero y Stefano Pozzebon