Nota del editor: Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España, y fue asesor de los presidentes Alejandro Toledo, de Perú; Vicente Fox, de México, y Álvaro Colom, de Guatemala. Izurieta es amigo cercano de Keiko Fujimori desde los años 90. El autor también es colaborador de CNN en Español.
Hanna Houdali es comunicador peruano, experto en asuntos corporativos y gubernamentales en América Latina con maestrías en administración de negocios y gerencia política.
(CNN Español) – ¿Qué pasa en Perú? ¿En qué se parece o se diferencia la situación de Keiko Fujimori vs. Pedro Castillo con la de otras elecciones reñidas como Joe Biden vs. Donald Trump, o Al Gore vs. George W. Bush? Ante alguna información tergiversada que está circulando, muchos sacan conjeturas erróneas fácilmente. Mientras se espera un desenlace oficial, vale la pena revisar algunos conceptos.
¿Pide Keiko Fujimori al igual que Donald Trump un recuento de todos los votos? No. En Perú no se guardan los votos, solo quedan las actas donde está el recuento. En realidad, casi la totalidad de votos fueron destruidos una vez contabilizados el mismo día de la elección.
En Perú existe el principio de “acta mata voto”. Es decir, luego de que se cuentan los votos en cada mesa electoral, se escribe el acta de la mesa y, de no existir observación alguna, los votos se destruyen. Solo los votos que generan dudas —unos cuantos cientos de votos entre más de los 18 millones emitidos— son elevados a la siguiente instancia.
Con poco más de 44.000 votos de diferencia entre Pedro Castillo de Perú Libre, y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, estamos frente a una elección que debe quedar exenta de cualquier duda, tanto en el proceso como en el resultado final.
Tal vez si Perú decidiera resguardar los votos emitidos hasta el día en que se proclame un ganador, podría ahorrarse estar en medio de estas tensiones y dudas en 802 mesas electorales. Simplemente se contarían esos votos que son aproximadamente 200.000 o el 1,1% del total emitido.
Elecciones reñidas las hay en todos lados. Cuando Al Gore perdió ante George W. Bush en 2000, la diferencia de votos entre ambos candidatos -después del recuento- era de apenas cientos de votos, según The Florida Ballots Project, un consorcio de medios en el que participó CNN. Gore aceptó su derrota luego de que la Corte Suprema ordenara detener el recuento de votos cinco semanas después de la elección.
El caso peruano muestra una diferencia de apenas 0,23% de los votos. Lo que pide uno de los frentes, el de Fujimori, es la revisión y anulación de un poco más de 800 actas, algo que tendría que ser resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones.
El debate ahora se centra en el plazo que tenía Fuerza Popular para presentar esos pedidos de nulidad de actas. La fecha límite era el miércoles luego de las elecciones realizadas el 6 de junio. Si bien la ley electoral señala que el plazo es de tres días, límite que puede interpretarse como la medianoche del día tres, una disposición de la propia JNE estableció que, bajo el marco de la pandemia, el horario hábil para actuaciones procesales es hasta las 8 P.M. Fuerza Popular solo logró presentar poco más de 150 actas hasta esa hora, según dijo el abogado de dicho partido, Julio César Castiglioni.
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El llamado de diversos sectores es que, más allá de los cuestionados formalismos, se proceda a revisar todos los pedidos de nulidad de actas electorales presentados hasta la medianoche de ese tercer día, y así reducir las dudas sobre el resultado final. Ese, creemos, es un paso fundamental para arropar de credibilidad y legitimidad al próximo presidente o presidenta de la nación.
En esa línea, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (la primera instancia en el proceso de certificación electoral), aceptó tratar todos los pedidos de nulidad recibidos ese miércoles bajo su fuero, dando esperanza a la tesis de Fuerza Popular. Sin embargo, resolvió inmediatamente declararlos infundados argumentando que los hechos de nulidad deben demostrarse de manera “fehaciente, incontrovertible e inobjetable”, según indica en una de sus resoluciones. Surge así una nueva interrogante: ¿si algo es incontrovertible e inobjetable, para qué se necesita un juez que lo dirima? En general, se esperaría, como en muchos otros países, que un juez o jurado debe dirimir algo “más allá de la duda razonable”.
Ante estas limitaciones para cuestionar resultados que generan sospecha, pareciera que la única manera de evitar un supuesto “fraude en mesa” (sobre todo en lugares donde una candidatura domine el proceso electoral) es a través de la presencia de personeros, una suerte de representante de cada partido en las mesas de votación. Una operación logística de gran magnitud para poder cubrir las 86.488 mesas electorales existentes en todo el país. Esto sería casi imposible en nuestros países, donde existe debilidad partidaria, limitaciones rígidas tanto en los ingresos como egresos del gasto electoral y situaciones de violencia electoral en territorios dominados por fuerzas específicas.
¿Cuánto más podría durar esta espera? En el caso de Gore, la Corte Suprema de EE.UU., en una decisión cuestionada porque sus magistrados votaron conforme al partido del presidente que los postuló, solo detuvo el recuento el último día en que un estado (en este caso Florida) podía enviar su resultado al Colegio Electoral: el 12 de diciembre de 2000, cinco semanas después de la elección. Se estaban contando los votos de uno en uno. Con la Florida, Bush tenía suficientes votos del Colegio Electoral para ser elegido presidente de Estados Unidos. Llegaron hasta el plazo final.
Un caso reciente que vale la pena considerar para mejorar el sistema peruano es el modelo utilizado en el estado de Georgia, el primer resultado en disputa en esta última elección entre Biden y Trump. Biden había ganado con 0,3% de los votos. La ley electoral local establece que si la diferencia entre ambos candidatos está en el orden del 0,5% o menos, se autoriza automáticamente la solicitud de recuento de votos. Y así se hizo. Pero Donald Trump pidió arbitrariamente que se recontaran todos los votos en todos los estados de tendencia electoral incierta que Biden terminó ganando.
En Ecuador, en la primera vuelta en la cual se disputaban Yaku Pérez y Guillermo Lasso quién pasaba a la segunda vuelta con Andrés Arauz, Pérez exigía el recuento total en todas las provincias. Lasso, por su parte, ofrecía algo más razonable: el recuento parcial en las provincias donde existía una “duda razonable”. El JNE decidió un recuento parcial y se continuó con el proceso.
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Otro ejemplo que puede ser útil para futuros procesos electorales en Perú es el caso de Paraguay, que acaba de elegir este domingo sus candidatos en las elecciones internas obligatorias generales. Lo realizó con máquinas que le ayudan a contar y poder certificar el conteo. Lo realizaron en horas y la jornada fue un éxito pues existen múltiples niveles de confianza y rastreo del conteo.
Cuando una elección es tan reñida, no creemos que deba existir el sistema “acta mata voto” y al mismo tiempo estipularse que el acta solo puede anularse cuando la petición sea “inobjetable”. Existen elecciones como Gore-Bush en 2000 y muchas otras donde el resultado es muy ajustado. En esos casos, debe agotarse toda instancia posible para que los ciudadanos estén tranquilos de que su voto ha sido contado apropiadamente y para ello se requiere capacidad de fiscalización, transparencia, y recuento imparcial de los votos.