(CNN Español) – El gobierno de Estados Unidos y varias organizaciones internacionales que promueven los derechos humanos y la libertad de prensa criticaron el nuevo marco legal oficializado por Cuba para regular las tecnologías de información y penalizar las acciones que el Estado considera ciberterrorismo. Entre ellas destaca el combate a las “noticias falsas”.
A través de su cuenta de Twitter, el Departamento de Estado de EE.UU. dijo este martes que estas nuevas medidas no son más que censura y un claro intento para silenciar las protestas del pueblo cubano.
Las nuevas normas fueron aprobadas tras las masivas protestas de julio, donde miles de personas salieron a las calles de varias ciudades para reclamarle al gobierno por la falta de alimentos y medicamentos y por los cortes de energía eléctrica. Varios grupos de activistas denunciaron que las protestas terminaron con cientos de detenidos y, según el Gobierno, al menos una persona murió durante las manifestaciones.
Las autoridades estadounidenses también instaron a que el gobierno de Cuba respete la voluntad del pueblo de hablar y que no se castigue a aquellos que se manifiestan. CNN ha contactado a la embajada de Cuba en Washington para obtener una reacción ante la crítica del Departamento de Estado, pero aún no ha recibido respuesta.
Por su parte, el director ejecutivo para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo a CNN este miércoles que la medida “viola flagrantemente los estándares internacionales en materia de libertad de expresión al sancionar a quienes publican ‘noticias falsas’ o que afectan ‘la moralidad pública’ o el ‘prestigio del país’ –todas categorías vagas y ambiguas que el gobierno puede usar con total discreción para censurar las opiniones críticas”.
Agregó que el nuevo marco legal utiliza “la excusa de la ‘ciberseguridad’ y los ‘ciberdelitos’ para castigar el disenso”.
Mediante un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) también condenó la aprobación de las medidas y dijo que se trata “nuevas normas para reprimir la libertad de expresión” y que serán utilizadas para “legalizar los apagones de internet y de telefonía”.
“Para el OCDH, una vez más el régimen promulga normas susceptibles de una interpretación tan amplia, que es evidente que son para perseguir a quienes disienten”.
Un marco legal cuestionable
El marco legal que apareció en la Gaceta Oficial consta de un decreto-ley, un reglamento y varias resoluciones y busca, entre otras cosas, “elevar la ciberseguridad para salvaguardar el uso de los servicios de telecomunicaciones” y las tecnologías de información y comunicación.
También establece parámetros con el fin de que el espectro radioeléctrico no sea usado para atentar “contra la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros”.
En una tabla publicada por el Ministerio de Comunicaciones como parte del Reglamento sobre el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, el gobierno categorizó de alta peligrosidad el “eco mediático de noticias falsas” al igual que bloquear masivamente cuentas en redes sociales y la “difusión dañina”. De igual manera, califica de muy alto nivel de peligrosidad el ciberterrorismo, la ciberguerra y la subversión social.
Entre las descripciones de los incidentes cibernéticos, el gobierno considera que las noticias falsas, los mensajes ofensivos y las difamaciones que impacten en el prestigio del país implican “daños éticos y sociales”. También en esta categoría incluye como difusión dañina todo el contenido que atente contra los preceptos constitucionales que inciten a movilizaciones que alteren el orden público.
En esta tabla, el gobierno de Cuba además califica de ciberterrorismo toda acción que tenga como finalidad trastornar el orden constitucional del país o desestabilizar el funcionamiento del gobierno, así como alterar la paz pública. El gobierno también considera subversión social el alterar el orden público y promover la indisciplina social.
El marco legal del gobierno cubano no aclara cuales serían las multas o si hay penas establecidas para las personas que sean halladas culpables de delitos relacionados con la ciberseguridad.
Kiarinna Parisi, Ana Cucalón, Gerardo Lemos y Marlon Sorto contribuyeron en este reporte.