(CNN) – Un estudio publicado este jueves en una revista médica estimó que una base de datos federal no contabilizó más del 50% de las muertes atribuibles a la violencia policial durante casi 40 años.
Los autores del estudio, que utilizaron modelos estadísticos para extrapolar el número de muertes no contabilizadas, concluyeron que la policía ha estado involucrada en más de 30.000 muertes entre 1980 y 2018.
Los investigadores, del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, calcularon que aproximadamente el 56% -o 17.100- de las muertes no se registraron en el Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, una base de datos federal mantenida por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, una división dentro de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
El estudio comparó las muertes notificadas a ese sistema con las registradas en tres bases de datos no gubernamentales que se recopilaron a partir de noticias y otros registros públicos.
Más muertes entre personas negras
Según las estimaciones de los investigadores, la tasa de muertes de personas negras fue 3,5 veces mayor que la de personas blancas no hispanas, y la de personas hispanas de cualquier raza fue 1,8 veces mayor que la de personas blancas no hispanas. Los hallazgos son similares a los de otro estudio, de 2019, que también encontró que la policía mata a personas negras en tasas desproporcionadas.
El estudio se publicó en The Lancet, una revista médica revisada por expertos. Jeff Lancashire, portavoz del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, dijo que no podía comentar los resultados específicos del estudio, pero que era “comúnmente entendido” que la base de datos subestimaba las muertes causadas por la policía porque los certificados de defunción no suelen anotar la participación de la policía.
Lancashire dijo que otra base de datos, conocida como Sistema Nacional de Notificación de Muertes Violentas, captaría con mayor precisión esas muertes. Este sistema “recoge información sobre las muertes violentas, incluidos los homicidios, los suicidios y las muertes causadas por las fuerzas del orden en el ejercicio de sus funciones”, según los CDC.
En un apéndice del estudio, los investigadores afirmaron que excluyeron ese sistema de su análisis porque, aunque “representa una mejora significativa en la transparencia de la información sobre la violencia policial mortal por parte de las fuentes oficiales en EE.UU.”, no contenía suficientes datos para hacer posibles las comparaciones nacionales.
Un estudio citado por los investigadores descubrió que el sistema casi coincidía con uno de los conjuntos de datos no gubernamentales que los autores utilizaron para su estudio, pero solo cuando se examinaban los disparos de la policía y no otros usos de la fuerza con resultado de muerte.
El estudio no abordó el número de encuentros policiales mortales que se consideraron legales o que se ajustaron a las políticas del departamento. Las revisiones legales del uso de la fuerza por parte de la policía, que determinan si actúa dentro del ámbito de la ley, y la revisión administrativa del uso de la fuerza, que determina si la policía actuó dentro del ámbito de las políticas de sus organismos, se realizan a nivel local.
La notificación e investigación de las muertes, incluidas las causadas por la policía, es en gran medida una responsabilidad local, salvo en los raros casos en que los investigadores federales revisan el uso de la fuerza por parte de la policía para detectar posibles violaciones constitucionales o delitos federales.
Datos oficiales de poca calidad sobre la violencia policial
Al igual que en casi todos los aspectos de la aplicación de la ley, no existe una fuente única y exhaustiva de datos nacionales sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía, ni una norma con la que se juzgue cualquier uso de la fuerza. La escasa calidad de los datos disponibles a nivel nacional salió a la luz tras el primer ajuste de cuentas nacional reciente sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, tras la muerte de Michael Brown en 2014.
Cinco meses después de la muerte de Brown, el Congreso aprobó una ley conocida como Death in Custody Reporting Act, que obligaba a las fuerzas del orden a comunicar al gobierno federal los datos sobre las muertes bajo custodia o se arriesgaban a perder el dinero federal.
Una revisión federal de 2018 sobre el cumplimiento de la ley encontró que muchas agencias federales de aplicación de la ley cumplían en gran medida con los requisitos de presentación de informes, pero el Departamento de Justicia no había comenzado a recopilar datos a nivel estatal porque el DOJ “consideró, y abandonó, tres propuestas diferentes de recopilación de datos desde 2016”.
El informe dijo que se esperaba que la recopilación de datos comenzara el año pasado, pero no está claro si eso sucedió y el Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.
El tema volvió a recibir atención en 2020, después de una serie de casos de alto perfil en los que la policía mató a estadounidenses negros, incluidos George Floyd en Minneapolis y Breonna Taylor en Louisville.
Muchos estados aprobaron leyes destinadas a cambiar la actuación policial, incluidos algunos nuevos requisitos de notificación de datos. Pero un esfuerzo federal para revisar la policía el verano pasado no fue aprobado por un Senado controlado por los republicanos, y las conversaciones bipartidistas sobre la reforma policial se rompieron la semana pasada.