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La Corte Suprema de Estados Unidos ha defendido los mandatos de vacunación estatales y locales. Eso puede no salvar el de Biden
(CNN) -- La Corte Suprema de EE.UU., que se ha negado a bloquear varios tipos de mandatos de vacunación, está estudiando ahora si permite al Gobierno de Joe Biden exigir a millones de estadounidenses que se vacunen contra el covid-19.
Aunque el tribunal se ha mostrado tolerante hasta ahora con los mandatos de vacunación que se le han presentado, rechazando detener los requisitos impuestos por entidades locales y estatales, los implementados por el Gobierno federal plantean nuevas cuestiones legales que podrían atraer la hostilidad de la mayoría conservadora.
La forma en que la Corte Suprema resuelva esos casos podría tener implicaciones para el poder del Ejecutivo de actuar unilateralmente no solo en cuanto al covid-19. Dependiendo de cómo se pronuncie el tribunal, las agencias podrían verse perjudicadas en cualquier situación en la que apliquen reglamentos que aborden circunstancias cambiantes sin esperar el lento proceso de elaboración de leyes del Congreso.
"En realidad, no se trata de un caso sobre los poderes de la salud pública de emergencia, ni siquiera sobre la ley de vacunación, sino sobre el grado de flexibilidad que tienen las agencias administrativas para responder a un problema o a una amenaza sin esperar la autorización específica del Congreso", dijo Lindsay Wiley, profesora de Derecho Sanitario en la Facultad de Derecho de la American University.
Hasta ahora, el Gobierno de Biden se ha encontrado con importantes obstáculos en su esfuerzo por defender las normas federales sobre vacunas que han sido impugnadas en los tribunales. Tres de los principales mandatos del presidente Joe Biden, a saber, la obligación de vacunar a los trabajadores sanitarios para más de 10 millones de personas, las normas para las empresas con más de 100 empleados y el mandato para algunos contratistas federales, han recibido sentencias judiciales en contra.
Muchas de las decisiones judiciales que bloquean los mandatos han respaldado las reclamaciones de extralimitación del Poder Ejecutivo, al tiempo que restan importancia a los fundamentos científicos de la exigencia de vacunas.
El 7 de enero, la Corte Suprema escuchará los argumentos orales sobre el mandato federal para los trabajadores sanitarios y las normas de "prueba o vacuna" para los grandes empleadores. Los jueces programaron audiencias expeditas en los casos, a pesar de que las demandas están todavía en una etapa preliminar en la que los tribunales no están haciendo resoluciones finales sobre el fondo, sino decidiendo si los mandatos deben ser pausados mientras se desarrolla el litigio.
"Las cuestiones que se plantean son diferentes cuando la entidad que impone la obligación es federal y no estatal", dijo Zack Buck, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tennessee, especializado en Derecho Sanitario. "Esto se remonta a la fundación del país: el poder policial que conservan los estados. ¿Qué tipo de autoridad tiene el Gobierno federal? ¿Qué tipo de autoridad tienen las agencias federales? ¿Y eso le importa a la Corte Suprema? Creo que la respuesta es que sí".
Menos margen de maniobra para exigir vacunas que las entidades estatales o privadas
Los tribunales inferiores han sido mayoritariamente permisivos con los mandatos de vacunación impuestos por empresas privadas. Los jueces también han determinado que los Gobiernos estatales cuentan con una amplia autoridad para exigir las vacunas, tal y como se estableció en una decisión de la Corte Suprema de 1905 que confirmó el requisito de vacunación contra la viruela en Massachusetts.
En la actual pandemia, el ala derecha de la Corte Suprema ha expresado su preocupación por las normas sobre vacunas que no tienen en cuenta adecuadamente las objeciones religiosas, pero los mandatos se han mantenido.
Pero las normas sobre vacunas de Biden, que sí incluyen exenciones religiosas, se han topado con la afirmación de que los mandatos federales invaden la soberanía de los estados. El Tribunal de Apelación del 5º Circuito de EE.UU., en una de las opiniones más agresivas contra un mandato de Biden, dijo que la norma sobre vacunas para los grandes empleadores probablemente excedía "la autoridad del Gobierno federal en virtud de la Cláusula de Comercio porque regula una inactividad no económica que entra de lleno en el poder de policía de los estados".
No todos los tribunales inferiores que consideran los requisitos federales de vacunación han adoptado opiniones tan amplias sobre los límites de la autoridad federal en este ámbito, y algunos tribunales han respaldado la legalidad de las medidas de vacunación de Biden. El mandato del empleador, que está siendo implementado por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), recibió luz verde por parte de otro tribunal de apelación que anuló la decisión del 5º Circuito. Otros tribunales han llegado a la conclusión de que los mandatos federales son contrarios a la ley porque el Poder Ejecutivo los está aplicando de forma unilateral, sin sanción expresa del Congreso.
La idea de que las agencias deben tener instrucciones explícitas del Congreso cuando regulan asuntos de gran peso político y económico se ha denominado doctrina de la "cuestión principal". La Corte Suprema apenas ha esbozado cuándo entran en juego esos límites, pero varios tribunales inferiores han citado la doctrina como razón por la que no debería permitirse la entrada en vigor de los mandatos federales sobre vacunas.
"No es en sí una doctrina muy clara", dijo Philip Wallach, miembro del grupo de reflexión conservador American Enterprise Institute. "No se sabe muy bien hasta qué punto [las agencias] tienen que estirar el estatuto para entrar en conflicto con esta doctrina".
Dependerá de los magistrados decidir si quieren utilizar los casos de mandato que tienen ante sí para definir mejor cuándo las acciones de las agencias van más allá de las directrices del Congreso.
"A pesar de que [el presidente de la Corte Suprema, John Roberts] ha alienado a algunos de los juristas del movimiento conservador con algunas de sus sentencias, ha parecido interesado en disciplinar a las agencias burocráticas de varias maneras", dijo Wallach. "Y está muy interesado en la separación de poderes".
Además del desacuerdo entre los circuitos 5º y 6º sobre la acción unilateral del Gobierno de Biden en cuanto a las normas para grandes empleadores, los jueces han llegado a conclusiones diferentes sobre la capacidad del Poder Ejecutivo para imponer requisitos de vacunación a los proveedores que participan en Medicare y Medicaid.
Los jueces de Missouri y Louisiana, en decisiones que no han sido modificadas por los tribunales de apelación, afirmaron que el mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) incumplía la doctrina de la cuestión principal porque el Congreso no había sido claro en sus instrucciones a la agencia de que podía imponer requisitos de vacunación.
Sin embargo, el 11º Circuito rechazó esa lógica en un dictamen en el que afirma que el Congreso no necesitaba ser tan específico cuando encargó al HHS la regulación de la "salud y seguridad" de los beneficiarios de Medicare y Medicaid.
"Sugerir lo contrario significaría que el Congreso tuvo que haber anticipado tanto la pandemia sin precedentes del covid-19 como la politización sin precedentes de la enfermedad contra la que regular la vacunación", dijo el 11º Circuito.
Mandatos con un fundamento jurídico diferente
Aunque plantean cuestiones similares sobre la autoridad del Poder Ejecutivo, también hay diferencias en el fundamento jurídico en el que se basan el mandato de los trabajadores de la salud y el mandato de la OSHA.
Las agencias se basan en estatutos diferentes para aplicar las normas. También utilizaron diferentes mecanismos de procedimiento para implementar las políticas.
En los casos del mandato de los trabajadores de la salud, la administración ha enfatizado el poder que dice que tiene el Gobierno federal bajo la Cláusula de Gastos de la Constitución para implementar los requisitos de las vacunas. Los requisitos se aplican a los trabajadores sanitarios, unos 10,3 millones, de ciertos proveedores que participan en Medicare y Medicaid.
Los estados que han demandado al Gobierno de Biden por las normas han argumentado que las regulaciones infringen la soberanía estatal, con Florida en su desafío legal apuntando a una ley aprobada por la legislatura del estado que prohíbe los mandatos de vacunación de los empleadores.
"Si de alguna manera los estados consiguen regular un programa federal al amparo del poder adquisitivo federal, sería profundamente peligroso no solo para los programas de Medicare y Medicaid, sino para nuestro sistema en general", declaró a CNN John Cogan, profesor de Derecho Sanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Connecticut.
Sin embargo, la Corte Suprema ya ha puesto algunos límites a lo que el Gobierno puede hacer con sus programas federales de financiación sanitaria. En el primer caso de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (conocido como Obamacare) de la Corte Suprema, una decisión del tribunal de 7-2 anuló en 2012 la disposición del Obamacare que obligaba a los estados a ampliar el Medicaid para seguir participando en el programa. Los opositores al nuevo mandato de vacunación, que está siendo implementado por los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare del HHS (CMS, por sus siglas en inglés), han señalado esa decisión como la razón por la que el requisito debe ser anulado.
"La diferencia aquí es que en [el caso del Obamacare], la cuestión era todo o nada para los estados", dijo Cogan, mientras que en el caso del mandato, "un porcentaje tan pequeño [...] de las personas en los hospitales estaban siendo expulsadas porque no querían recibir la vacuna".
El mandato de OSHA, por su parte, se basa en el lenguaje estatutario que dice que la agencia puede tomar medidas para proteger a los empleados que están "expuestos a un grave peligro por la exposición a sustancias o agentes determinados como tóxicos o físicamente dañinos".
"Los CMS han utilizado su autoridad para influir en cosas como las tasas de vacunación contra la gripe entre los trabajadores sanitarios", dijo Wiley. "Esto no es idéntico a lo que ha hecho en el pasado, pero no es un paso tan grande. Mientras que en el caso de la OSHA, se pueden señalar casos en los que ha abordado el riesgo de enfermedades infecciosas, pero... hay más pasos entre cómo la agencia ha utilizado esta autoridad en el pasado y cómo está tratando de utilizarla ahora".
