(CNN Español) – La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan, Laura Taylor Swain, confirmó este martes el Plan de Ajuste de Deuda que servirá para redistribuir cerca de US$ 33.000 millones en obligaciones del gobierno de la isla.
El Plan había sido establecido en 2021 por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, ente federal creado en 2016 para administrar las finanzas del gobierno local después de que este se declarara en bancarrota con una deuda que alcanzó los US$ 70.000 millones. La Junta de Supervisión había presentado el Plan de Ajuste de Deuda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan para reducir la deuda en un 80% y ahorrarle a Puerto Rico más de 50.000 millones de dólares en pagos del servicio de la deuda.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico se creó bajo una ley bipartita del Congreso de Estados Unidos conocida como PROMESA o “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act”, de 2016.
La decisión de la jueza federal implica, entre varios puntos, que las pensiones de más 160.000 empleados públicos ya jubilados permanecerán intactas. Además, propone la creación de un fideicomiso capitalizado con unos US$ 1.000 millones para pagar obligaciones en caso de que el gobierno tenga algún déficit.
Por otro lado, también establece que miles de empleados públicos, participantes del sistema de retiro, recuperarán los ahorros que por años han aportado para su jubilación, una cifra total que ronda los US$ 1.500 millones.
La bancarrota del gobierno de Puerto Rico fue informada en 2015 por el entonces gobernador Alejandro García Padilla, quien declaró impagable la deuda..
Sobre la decisión del tribunal, el gobernador de la isla, Pedro Pierluisi expresó que “la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda del Gobierno de Puerto Rico presentado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera ante la jueza Taylor Swain representa un gran paso para la recuperación económica de nuestra isla. Estamos ante un momento trascendental en el que el gobierno de Puerto Rico se encamina a terminar con el proceso de quiebra y así concentrarse en lograr regresar al progreso que nuestra gente espera y merece”.