(CNN Español) – Proteger a los defensores del medio ambiente y garantizar el acceso a la información, participación y justicia ambiental: estos son los pilares del Acuerdo de Escazú, un pacto histórico del que ya forman parte 14 países de América Latina y el Caribe, una de las más peligrosas del mundo para aquellos que luchan por la conservación de la Tierra.

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó esta semana un acuerdo que, en realidad, ya ha recorrido un largo camino: se adoptó en el 2018 en Escazú, en Costa Rica, tras dos años de negociaciones. Y dos años después, con la ratificación de 11 países, entró en vigencia.

El acuerdo regional parte de un supuesto clave: vivir en un medio ambiente sano es un derecho que los estados deben garantizar. Y debe entenderse en el contexto de una región que, como sostiene Unicef, es de las que tiene menos mecanismos de transparencia y acceso a la información sobre medio ambiente mientras que, al mismo tiempo, es una de las áreas donde hay más crímenes contra defensores del ambiente.

Información, participación y justicia: los tres pilares del Acuerdo de Escazú

El acuerdo busca garantizar el acceso de la población a la información vinculada al estado del medio ambiente, a los proyectos que pueden impactarlo y a las decisiones que se toman con respecto al tema. Esto implica reglas para responder a las solicitudes de información —por ejemplo, establece que las autoridades deben responder a los pedidos en un plazo de 30 días hábiles como máximo, entre otras tantas disposiciones—, y una guía de la información que los propios estados deben generar y publicar, que versa sobre temas tan diversos como el uso y conservación de los recursos, las áreas contaminadas, los permisos otorgados por los estados, etc.

El segundo pilar es que la población sea consultada y participe en los procesos para la toma de decisiones sobre el medio ambiente, mientras que un tercero refiere al acceso a la justicia en casos en que la ciudadanía quede excluida de los procesos de toma de decisiones o en los que deban recibir reparaciones por acciones dañinas al ambiente.

El acuerdo también contempla una serie de medidas para mejorar las capacidades vinculadas a este tema y para cooperación entre quienes forman parte.

Defender a los defensores

“Cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”, dice también el acuerdo.

Los Estados, en virtud del mecanismo, se comprometen a proteger los derechos de quienes defienden el medio ambiente y también a investigar y sancionar los “ataques, amenazas o intimidaciones” que sufran los defensores de la naturaleza.

El Acuerdo de Escazú puede considerarse “una gran victoria de una nueva generación de jóvenes, de líderes, de organizaciones sociales y comunitarias que están definiendo un derrotero distinto, un derrotero de transformación para las posibilidades de mantener la naturaleza que nos queda en las condiciones de amenaza climática y de impactos fuertes como la pandemia y en general los fenómenos de transformación de los ecosistemas”, explicó el profesor Manuel Pérez, director del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana, en declaraciones a la prensa que compartió con CNN.

Pero, sobre todo, debe entenderse como una “nueva narrativa de negociación y concertación” que le asigna al Estado una mayor responsabilidad y le exige rendir cuentas en materia ambiental.

De hecho, si los estados no cumplen, en virtud de Escazú se pueden trasladar los conflictos a la Corte Internacional de Justicia, explicó Pérez.

Colombia aprueba ratificar el acuerdo

Colombia es el país donde se registró una mayor cantidad de asesinatos de defensores del medioambiente en 2020, según la organización Global Witness. El número ascendió a 65, y a Colombia le siguieron México (30), Filipinas (29) y Brasil (20).

El 10 de octubre la Cámara de Representantes de Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú, como parte de la agenda medioambiental con la que fue elegido el nuevo Gobierno de Gustavo Petro. Durante el mandato de Iván Duque, quien firmó el tratado y presentó el proyecto en el Congreso, la coalición de su gobierno lo había archivado. Este paso legislativo le da luz verde a la ratificación (queda pendiente la revisión de la Corte Constitucional y la firma presidencial).

Brasil, gran ausente (hasta ahora) del acuerdo de Escazú

El acuerdo está abierto a los 33 países que conforman la región de América Latina y el Caribe, pero no todos ellos le han dado el visto bueno. Los que aún no se han sumado a la iniciativa son Belice, Brasil, Costa Rica (pese a que en ese país se adoptó, precisamente), Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana.

¿Por qué cuatro años después de su adopción tantos países no lo han ratificado? Pérez explicó a CNN que “en los países de América Latina presienten presiones de industrias extractivas” de las que se depende y en ese marco puede haber falta de voluntad política.

Entre los que sí forman parte se destacan México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá y Chile —la incorporación más reciente— donde el Senado lo aprobó a fines de mayo de 2022.

El presidente Gabriel Boric, por cierto, fue uno de los que inauguró la primera Conferencia de las Partes, un mecanismo de reunión previsto en el acuerdo, que se desarrolló en Santiago en abril de este año. Su mensaje, cuando el país aún no había ratificado el acuerdo, no tuvo grises: “O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado”.