(CNN Español) – Activistas por los derechos de la comunidad LGBTQ y defensores de los derechos humanos protestaron este viernes frente a la Fiscalía General en Caracas para denunciar lo que consideran es una escalada de persecución del Estado venezolano contra esta comunidad.
El acto es la respuesta al sonado allanamiento de un spa para adultos de la comunidad LGBTQ practicado por la Policía Nacional el domingo 23, así como la detención y el procesamiento de 33 personas por ese caso registrado en Valencia, ciudad del centronorte del país.
El abogado del dueño del local comercial, Jesús Licet, dijo a CNN que durante la audiencia de presentación a su defendido, a dos masajistas y a 30 clientes les imputaron los cargos de “ultraje al pudor” y de agavillamiento, referido a la asociación de dos o más personas con el fin de cometer delitos.
Un tercer cargo, de contaminación sónica, quedó reservado para las personas directamente vinculadas al local bajo el argumento de que el sonido de los altavoces era muy alto. De los 33 detenidos, 30 fueron excarcelados bajo régimen de presentación cada 30 días, mientras los otros tres permanecerán arrestados hasta cumplir con la fianza.
CNN contactó al MinisterioPúblico sin hasta ahora haber obtenido respuesta.
El artículo 381 del Código Penal, aplicado en este caso, establece que todo individuo que haya “ultrajado el pudor o las buenas costumbres por actos cometidos en lugar público o expuesto a la vista del público será castigado con prisión de tres a quince meses”.
La defensa describe el establecimiento como un “centro de spa, masajes y de esparcimiento para la comunidad homosexual” y argumenta que se trataba de un grupo de hombres mayores de edad en un local privado y no en un lugar público como refiere el artículo.
Adicionalmente, consideran que judicializar este caso marca un precedente negativo y detalló que se trataba de un lugar privado, ubicado en una zona comercial y que tenía más de dos años de funcionamiento.
El abogado indica que en el informe se señala que el operativo se hizo luego de que supuestamente las autoridades recibieran una llamada anónima denunciando que en el local comercial tenían conductas indecorosas, presuntas orgías, ruido excesivo y consumo de drogas.
Destaca que no hubo orden de allanamiento pero que los dueños del local permitieron el acceso de la policía y que durante la revisión no encontraron estupefacientes. Dice que se llevaron el altavoz, pero que no se hizo la inspección técnica para determinar si el volumen de estos equipos de sonido violaba alguna normativa legal. Concluye que la actuación devela discriminación por homofobia.
Según describe su abogado defensor, el dueño del local fue el único en ofrecer declaraciones durante la audiencia.
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia afirmó que una actividad sexual consentida, entre adultos y en privado no configura la comisión de un delito y aclara que si se tratara de una orgía, al ser en privado, tampoco es delito.
Advierten que se configuró una detención arbitraria de los 33 hombres y una persecución por razón de su orientación sexual lo cual, argumentan, es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.
Comunidad LGBTQ pide anular el proceso
Yendri Velásquez, activista y miembro del Observatorio de violencia contra los grupos LGBTQ, condenó la detención de 33 personas que afirma: “Estaban en un espacio de esparcimiento ejerciendo su derecho a compartir, a disfrutar e incluso su derecho a asociarse”.
A juicio de Velásquez, se trata de “una política de homofobia de Estado” y alega que no hay razones suficientes para imputar ningún delito, pues dice que no hay pruebas que le permitan a la fiscalía proceder en ese sentido
Según el Observatorio, este sería el quinto spa para adultos allanado desde 2021: considerando que antes de lo ocurrido en Valencia, hubo dos actuaciones similares en Caracas, una en Maracaibo y otra en Mérida.
Yendri Velásquez se refirió a la demora en la audiencia de presentación que superó las 48 horas fijadas por ley y aseguró que el argumento que les dieron en el Palacio de Justicia fue que no tenían una sala con suficiente espacio para atenderlos. Puntualizó Velásquez que durante ese tiempo no les permitieron a sus familiares pasar agua o medicamentos a las personas detenidas.
El representante del Observatorio dijo sentirse preocupado de que esto pudiera guardar relación con la influencia de grupos de creencias religiosas conservadoras que, señala, más allá de su fe, se oponen a las creencias y a la dignidad de las personas por su identidad y expresión de género.
Asegura que han elevado la denuncia fuera del ámbito nacional, ante la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas y la relatoría LGBTQ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
Por su parte, Richelle Briceño, abogada y defensora de los derechos de la comunidad sexodiversa, advierte que con esta actuación se le dijo al país y a los ciudadanos que los pueden encarcelar y procesar por ejercer el derecho a la libertad sexual, que es un derecho humano, es el goce y el disfrute de la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos.
Aseguró que no sólo está en peligro la población LGBTQ , sino cualquier persona que se encuentre en un espacio público y privado, y que ejerza sus libertades sexuales.