(CNN Español) – La jueza Miolany Herasme, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal, República Dominicana, dictó libertad bajo fianza para los tres imputados por la explosión ocurrida el 14 de agosto en esa ciudad, que ha dejado al menos 37 personas muertas y 59 heridas.
La investigación del Ministerio Público señala que la explosión ocurrió en la empresa Vidal Plast, propiedad de los imputados Edward Armando Garrido Vidal, Maribel Sandoval Almanzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval.
Según un informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, la emanación de gases combustibles sin ventilación en dicha empresa de reciclaje de plásticos provocó la explosión.
La jueza fijó medidas de coerción de una fianza por el equivalente a más de US$ 17.500 para Maribel Sandoval y su hija Mercedes Vidal Sandoval, así como impedimento de salida del país sin autorización y presentación mensual ante el Ministerio Público.
Para Edward Vidal, propietario de Vidal Plast y principal imputado en el caso, la fianza en efectivo es del equivalente a casi US$ 5.300, así como la imposición de grillete electrónico, presentación periódica e impedimento de salida. El Ministerio Público pedía un año de prisión preventiva para él.
El representante de los imputados, Norberto Rondón, dijo que apelará la medida que impone grillete electrónico para Edward Vidal, al señalar que sufre de diabetes. Consideró que este proceso va a tardar años en resolverse.
Los imputados niegan responsabilidad en la explosión. La empresa asegura que el proceso de reciclaje de plásticos que hacía en ese local terminó hace meses y que tampoco se utiliza ningún combustible de alto riesgo para provocar una explosión.
Por su lado, los representantes de las víctimas dijeron que apelarán la decisión.
La magistrada acogió el pedido del Ministerio Público y declaró un recurso de procedimiento especial para asuntos complejos, el cual otorga al Ministerio Público un máximo de 16 meses para terminar su investigación y presentar cargos formales, si así procede.
Los fiscales de San Cristóbal Daryl Montes de Oca y Laura Cecilia Segura Cordero se manifestaron conformes con las medidas coercitivas impuestas por la jueza.