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El Tribunal Electoral de México, incompleto y con conflictos internos a menos de seis meses de las elecciones
(CNN Español) -- A menos de seis meses de las elecciones generales en México, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad del país en la materia, tiene solamente cinco de los siete integrantes con los que debería contar y vive conflictos internos que ponen en duda la legitimidad de sus decisiones, señalan analistas políticos.
La Sala Superior debe calificar la elección presidencial del 2 de junio de 2024 y también es la última instancia a la que llegarán las impugnaciones que se deriven de los comicios, en los que estarán en disputa alrededor de 20.000 cargos.
El 1 de noviembre, la Sala Superior se quedó con cinco integrantes luego de que Indalfer Infante y José Luis Vargas concluyeron los periodos para los que fueron nombrados. Para cubrir esas vacantes, el Senado debe elegir de entre los candidatos propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero no ha avanzado en ese proceso y ya entró en un receso legislativo que dura hasta el 1 de febrero.
Nicolás Loza, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), consideró que la situación satura de trabajo a los cinco magistrados actuales, lo que a su vez podría afectar la calidad de sus proyectos de sentencia.
“Es probable que esto se alargue, el nombramiento, y esto también tiene repercusiones más allá de lo político, que para mí son las fundamentales. También tiene repercusiones en lo técnico”, dijo Loza a CNN.
“Cada magistrado va a tener que atender más asuntos y todo esto sobrecarga al sistema y puede generar desde errores involuntarios hasta la omisión o el ocultamiento y la debilidad técnica de sentencias”, añadió.
Jesika Velázquez Torres, especialista en temas electorales, coincidió en que la falta de dos integrantes podría afectar el trabajo de la Sala Superior. Velázquez expuso que, si bien la institución puede sesionar con su composición actual —la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que basta con la presencia de cuatro miembros—, lo cierto es que el Senado ha sido omiso en su tarea de hacer los nombramientos pendientes.
“En el Senado de la República hay un importante rezago de designaciones no solamente por cuanto al Tribunal Electoral”, dijo Velázquez a CNN.
“Ante la omisión de designar y ante el incumplimiento a las sentencias o a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se podría iniciar un juicio político en contra de las omisiones de los servidores públicos que puedan afectar o que puedan violar de forma grave la Constitución”, comentó.
El Senado, donde el partido oficialista Morena y sus aliados son mayoría con 73 de 128 asientos, cerró su periodo ordinario de sesiones el jueves 14 de diciembre. Para realizar sesiones extraordinarias antes del 1 de febrero, la Comisión Permanente del Congreso tendría que aprobar la convocatoria correspondiente.
De acuerdo con el observatorio ciudadano Designaciones Públicas, el Senado hasta la fecha tiene 17 nombramientos pendientes en varias instituciones, entre los que están los dos magistrados que faltan en el Tribunal Electoral, tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y cuatro magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Conflictos internos
A la falta de dos integrantes de la Sala Superior se suman las tensiones que hay entre los cinco magistrados actuales: Janine Otálora, Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, presidente en turno.
La confrontación se hizo pública el 7 de diciembre. Durante la sesión citada para esa fecha, Soto, De la Mata y Fuentes exigieron la renuncia de Reyes Rodríguez, bajo el argumento de que habían perdido confianza en su conducción del Tribunal Electoral. En respuesta, Reyes Rodríguez defendió su gestión y dijo que emitiría su posicionamiento días después.
Finalmente, el 11 de diciembre, Reyes Rodríguez anunció su dimisión a la presidencia de la Sala Superior a partir del 1 de enero. “Tomo esta decisión de manera consciente y reflexiva, privilegiando mi compromiso con la institución y con la estabilidad política que demanda el actual proceso electoral”, dijo en un mensaje en la red social X.
Esa misma semana, en una sesión privada, los magistrados eligieron a Soto como su nueva presidenta, cargo que asumirá en enero. La decisión se dio en una votación dividida de tres votos contra dos. De acuerdo con un comunicado del Tribunal Electoral, Soto, De la Mata y Fuentes votaron a favor, mientras que Reyes Rodríguez y Otálora votaron en contra.
Para las 30 organizaciones civiles que firmaron el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE), estas tensiones afectan al Tribunal Electoral porque ponen en duda su labor como máxima autoridad del país en la materia.
“Consideramos que los hechos sucedidos son de suma gravedad y suponen un riesgo a la integridad electoral por tener un impacto directo en la estabilidad institucional del Tribunal Electoral en momentos donde lo que está en juego es la elección más grande de la historia de nuestro país”, dijeron las agrupaciones en un informe publicado el martes.
“Frente a la opinión pública, (la situación) mina la credibilidad y legitimidad del TEPJF como árbitro imparcial en la resolución de conflictos electorales, puesto que abre la puerta a que se desestimen las decisiones relativas a sentencias como una manifestación del conflicto interno y no como un desacuerdo sobre los criterios jurídicos que deben regir el actuar del máximo órgano electoral”, añadieron.
En 2024, México tendrá elecciones para renovar la presidencia, las dos cámaras del Congreso y miles de cargos a nivel local, incluyendo nueve gobernaciones.
