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Alistan el análisis legislativo de la reforma judicial de AMLO con el foco en 4 claves
(CNN Español) -- La Cámara de Diputados de México alista la discusión sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, como parte de un proyecto para modificar diversas partes de la Constitución del país.
El coordinador de la bancada del partido oficialista Morena, Ignacio Mier, anunció el martes que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó un documento base para la realización de diálogos en todo el país para el análisis y debate de las 20 iniciativas presentadas por el mandatario. El calendario de eventos va del 19 de febrero al 15 de abril.
La reforma judicial propuesta por López Obrador aborda cuatro puntos importantes, entre ellos la extinción del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para sustituirlo por dos nuevas instancias.
Una nueva Suprema Corte
Este lunes, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló que los cuatro objetivos de esta propuesta son: una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la elección popular de ministros, magistrados y jueces; la sustitución del Consejo de la Judicatura, y nuevas reglas procesales.
De acuerdo con la funcionaria, el primer objetivo es pasar de 11 a nueve ministros de la Suprema Corte; reducir el período de su encargo, de 15 a 12 años; eliminar las dos salas para que la Corte solo tenga sesiones públicas en el pleno; eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y ajustar su remuneración al tope de lo que percibe el presidente de la República que, según el Gobierno federal, es de unos US$ 8.000 mensuales.
Jueces, a elección popular
Como segundo punto clave, la reforma plantea que en 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar a ministros, magistrados y jueces, y que quienes ocupan actualmente alguno de estos cargos puedan ser candidatos.
En el caso de quienes participen en el proceso extraordinario para ministros de la Corte, los nuevos durarían en el cargo 8, 11 y 14 años, en función de la votación que obtengan en las urnas.
Actualmente, los ministros son propuestos por el presidente mediante una terna, y el ganador debe ser respaldado por al menos dos terceras partes de los senadores al momento de la votación. Mientras tanto, los magistrados y los jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Sobre estos puntos, líderes de la oposición ya adelantaron su rechazo. "Desde la oposición hemos decidido que no vamos a prestar nuestros votos para una mayoría calificada en nada que tenga que ver con disminuir el número de ministros, con replantear el modo de designación de ministros y con integración del Poder Judicial", dijo a CNN el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Felipe Fernando Macías, del Partido Acción Nacional (PAN).
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Crédito: Hector Vivas/Getty Images)
Reforma a la administración de la Justicia
La propuesta oficialista plantea modificaciones al Consejo de la Judicatura, instancia que se encarga de la administración de la judicatura y de la vigilancia de la actuación de los jueces. Esta consistiría en su reemplazo por dos instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
El Órgano de Administración Judicial sería integrado entonces por cinco personas designadas para un período de seis años. El Poder Ejecutivo nombraría uno, el Senado a otro y la Suprema Corte a tres.
Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal está integrado por siete miembros, uno de los cuales es el presidente de la Suprema Corte y también del Consejo; tres de entre los magistrados y jueces de Distrito, designados por el pleno de la Corte por mayoría de cuando menos ocho votos; dos consejeros designados por el Senado, y uno por el presidente de la República.
Reglas procesales
La reforma propone también cuatro nuevas reglas procesales: justicia expedita, que plantea un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales y de un año para asuntos penales; suspensiones, en la cual se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; justicia local, donde los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes; y fideicomisos del Poder Judicial, que indica que una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.
Críticas
El coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rubén Moreira, integrante de la Comisión de Justicia, dijo en un artículo publicado esta semana en su página web que la propuesta de selección de jueces que plantea esta reforma "caería en el universo de la especulación electoral, de las componendas y la tentación de los partidos y poderes fácticos de poner jueces a modo".
Por su parte, el diputado Macías, presidente de la Comisión de Justicia, considera que el paquete de reformas presentadas por López Obrador obedece a temas electorales.
"De estas reformas constitucionales, las que alcancen el consenso de mayoría calificada, las que sean beneficiarias para el país, las apoyaremos; y las que tienen que ver con menoscabar a las instituciones y el equilibrio de poderes, las desecharemos", concluyó Macías.
Para el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, esta reforma judicial propuesta por el Gobierno representa "un ataque directo a la división de poderes".
En entrevista con CNN, Sánchez Montalvo opinó que el riesgo más importante, en caso de ser aprobada, "es la afectación a la independencia judicial que tiene que regir y privar en todos los países". Agregó que esto significa "que no debe existir ninguna influencia externa, ni interna, al momento de que los juzgadores resuelvan o emitan sus resoluciones".
Las reformas constitucionales requieren el voto de las dos terceras partes de las cámaras de Diputados y Senadores, así como la mayoría de los congresos estatales.
