(CNN Español) –– El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó el presidente de Argentina, Javier Milei, en sus primeras semanas de gobierno esta a punto de quedar sin efecto, luego de ser rechazado por el Senado, mientras resta el debate en la Cámara de Diputados para definir su futuro.
Sigue vigente
El decreto N° 70/2023, con 366 artículos que modifican y derogan numerosas leyes, en su mayoría económicas, entró en vigor a fines de diciembre y continúa válido, con excepción de los apartados laborales, los cambios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate y los artículos que permitían las sociedades anónimas deportivas, ambos frenados por la Justicia a través de medidas cautelares.
Al Gobierno le alcanza con que una de las cámaras del Congreso lo apruebe para que quede vigente, según dispone la ley 26.122 sobre el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia.
Con el rechazo del Senado (42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones), la posibilidad de derogar el DNU queda en manos de la Cámara Baja, presidida por el oficialista Martín Menem.
Al igual que en el Senado, la oposición debe reunir la mayoría absoluta de los presentes: la mitad más uno de los diputados en el recinto. Además, no se puede introducir modificaciones al texto original. Se aprueba o rechaza la totalidad del proyecto, según establece el artículo 23 de la ley.
Si se deroga, no se perderán los derechos adquiridos durante su vigor, según indica el artículo 24, por lo que no se invalidan los contratos en curso firmados en ese período.
Los plazos
El plazo ya vencido de 10 días para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo emita un dictamen habilitó a que las cámaras del Congreso puedan avanzar con el debate.
En los últimos días, el diputado Menem rechazó las presiones de la oposición, que busca apurar el trámite, pero la votación realizada el jueves en el Senado podría acelerar su tratamiento.
Según advirtió el abogado Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires, los diputados podrían incurrir en el delito de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público si no dan trámite al DNU.
“Debe tratarse de forma inmediata, no hay otra manera de entender lo inmediato como a continuación de un hecho. Mucho más ahora: al haberse expedido el Senado, hay un hecho concreto que obliga a reducir el margen de demora”, dijo en entrevista con CNN en Español.
Según Domínguez, el debate debería ocurrir la próxima semana, “lo más inmediato posible”.
El escenario en diputados
La oposición requiere 129 votos para asegurar una mayoría absoluta.
La coalición peronista Unión por la Patria cuenta con 99 escaños, y el Frente de Izquierda (FIT-U) otros cinco, ambos bloques que se manifestaron en contra del decreto, aunque puede haber algunas disidencias.
Por el lado del oficialismo, La Libertad Avanza cuenta con 40 diputados y espera recibir el apoyo de aliados del PRO, con 37 bancadas.
De esta forma, el suspenso proviene de los grupos llamados dialoguistas, como la Unión Cívica Radical (34) y Hacemos Coalición Federal (23).
Los caminos de Milei
Mientras continúan las negociaciones y especulaciones entre los diputados, nada podría impedir al presidente dictar un nuevo DNU similar, o dividido en varios decretos, en caso de que la Cámara Baja también lo rechace. Si bien con ello puede arriesgar costo político, la desregulación fue una de sus principales promesas de campaña.
Ese eventual nuevo decreto, al igual que el 70/2023, entraría en vigor a los 8 días de su publicación en el Boletín Oficial.
No obstante, si la Cámara de Diputados también rechaza el megadecreto, se allanaría el camino para que la Justicia invalide una nueva norma del presidente que tenga el mismo sentido que el decreto original, según explicó Domínguez.
Decisión judicial
Si el DNU no es rechazado por los diputados, todavía quedaría una posibilidad de frenar su aplicación: el camino en los tribunales.
“(El decreto) tiene problemas de constitucionalidad y nulidad. La Justicia tiene la capacidad si no se cumplen los requisitos y si los contenidos violan los derechos”, consideró Domínguez.
Por su parte, el constitucionalista Diego Armesto, en entrevista con CNN Radio, expresó: “El DNU tiene problemas de aplicación porque la Corte Suprema de Justicia estableció estándares donde dice que tienen que darse dos circunstancias para poder utilizarse un decreto de necesidad y urgencia. Uno es por fuerza mayor y el otro definir qué es la necesidad y urgencia que plantea el presidente”.
La opinión no es unánime, ya que hay especialistas que consideran que el texto no vulnera la Constitución.
La Justicia no tiene plazos establecidos para pronunciarse, ya que se debe generar una aplicación de contenidos del decreto que afecte derechos. En cambio, si Diputados también rechaza el texto y el decreto queda nulo, los amparos presentados se volverían abstractos.