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Javier Milei insiste con la Ley Ómnibus, pero reducida y dividida en dos proyectos
(CNN Español) -- A poco más de tres meses de mandato, Javier Milei vuelve a intentar que el Congreso apruebe un proyecto enviado por el Ejecutivo.
Luego del revés de la semana pasada en el Senado, con el rechazo del extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con más de 300 artículos, y de la llamada ley Ómnibus en la Cámara de Diputados en febrero, que contenía otros 600, el Gobierno ahora dio a conocer un primer borrador de su nuevo proyecto, llamado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, una nueva versión de la Ómnibus, pero reducida y con casi la mitad de los artículos: 269.
El primer artículo pide declarar la “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año” para delegar facultades al Poder Ejecutivo.
La primera versión, presentada a fines del año pasado, era mucho más amplia: pretendía, además de las áreas mencionadas, extender la delegación de facultades para temas fiscales, previsionales, de seguridad, defensa, tarifarios, sanitarios y sociales hasta el 31 de diciembre de 2025.
Luego, el Ejecutivo vuelve a proponer la reforma del Estado, numerosas desregulaciones y cambios en la fórmula para calcular las jubilaciones, con variaciones mensuales tomando como referencia la inflación. Pero también introduce cambios en materia de energía, con modificaciones a las leyes de Hidrocarburos y de Gas y vuelve a insistir con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga una serie de beneficios para promover proyectos estratégicos, entre otras varias disposiciones.
También propone, nuevamente, privatizaciones y concesiones de empresas públicas, aunque ahora acota bastante la cantidad de entes alcanzados. Sin embargo, se incluyen algunas que fueron privatizadas en la década del 90, como Aerolíneas Argentinas, Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) o el Correo Argentino y que volvieron a estatizarse por su mal manejo años más tarde, y otras que siempre fueron estatales como Radio y Televisión Argentina (que comprende a los medios públicos), el Banco de la Nación Argentina y todas las empresas del Grupo Nación y la Empresa Argentina de Soluciones Digitales, ARSAT, con la que Argentina volvió a lanzar satélites al espacio.
Más medidas fiscales
Junto con la nueva versión de la ley Bases, el Ejecutivo también hizo circular el borrador de otro proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que contiene otros 119 artículos.
Allí presenta lo que podría ser un alivio fiscal a las arcas provinciales con una mayor coparticipación de los ingresos que distribuye el Gobierno nacional, pero a través de reponer un polémico tributo: el llamado Impuesto a las Ganancias.
Ese tributo, por el que largamente habían protestado empleados y sindicalistas porque comenzaba a pagarse apenas con un salario medio, fue modificado por el Gobierno anterior para que un grupo numeroso de trabajadores en relación de dependencia quedara exento.
Este proyecto repone ese tributo con la misma escala que se había planteado en la primera versión de ley ómnibus: comenzaría a pagarse con los sueldos mensuales a partir de 1,25 millones de pesos (casi U$D 1.400 al tipo cambio oficial).
Este es uno de los puntos más polémicos porque nadie quiere pagar el costo político de reponerlo.
Sin embargo, el mismo proyecto propone una reducción del Impuesto a los Bienes Personales, que alcanza a las personas más ricas. "Resulta evidente que un tributo patrimonial cuya alícuota máxima actual alcanza el 2,25% resulta excesivo a la luz de las garantías constitucionales de capacidad contributiva y no confiscatoriedad que rigen nuestro sistema fiscal", sostiene el proyecto, que propone una reducción paulatina y segmentada de la alícuota hasta 2027, cuando el llamado “Impuesto a la Riqueza” tendría una tasa del 0,25%.
El paquete fiscal también reforma los montos de facturación necesarios para que los cuentapropistas pueden permanecer en el régimen simplificado del “monotributo¨, donde propone actualizaciones trimestrales por inflación, y vuelve a insistir con otras iniciativas que estaban en la primera versión de la ley ómnibus, como el blanqueo de capitales, la moratoria impositiva y la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles, entre tantos otros.
Con estos dos borradores listos, el Ejecutivo ya comenzó a hacer lo que no hizo anteriormente con el DNU y la primera versión de la ley ómnibus: dialogar y negociar previamente con la oposición. Habrá que ver qué resultados obtiene.
