(CNN) – Sofía Díaz vive en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, en el noreste de Argentina. Fue la primera mujer que se define como trans-travesti en graduarse en la Universidad Nacional del Nordeste, donde estudió Artes Combinadas. Está diplomada en Comunicación Política y de Gobierno y, además, en Gestión y Promoción de Derechos Culturales, seminarios que realizó para complementar sus estudios de grado. Este año empezó a estudiar abogacía en la misma universidad, porque, según ella, “siempre se puede un poquito más”.
Pese a todos sus logros académicos, Díaz dice que no pudo acceder a un trabajo formal hasta sus 47 años, en 2022, cuando ingresó a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), un organismo estatal que tiene a su cargo la distribución de las prestaciones y los servicios nacionales en Argentina, tales como jubilaciones, asignaciones y subsidios. Sofía había logrado lo que nadie en su familia: tener un título universitario, un trabajo formal y prestación médica. Dos años después, su realidad es otra: está desempleada y se suma al más de centenar de personas trans y no binarias que fueron despedidas de la administración pública argentina.
Hasta el 5 de abril, según un sondeo realizado por el Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales de la Secretaría de Género y Diversidad de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional), el Gobierno del presidente Javier Milei despidió a 93 personas, trans y no binarias que se desempeñaban en el Estado nacional. La secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, Clarisa Gambera, sentencia que “los números publicados en el informe se modifican constantemente y ya estamos hablando de más de un centenar de trabajadores despedidos”. Gambera le dijo a CNN que los despidos en esta población deben mirarse con especial atención, ya que “se trata de personas que se enfrentan a la discriminación constante, expresada en la persecución y la exclusión que impiden el acceso a la igualdad real de oportunidades”.
Semanas atrás, el portavoz presidencial Manuel Adorni se refirió al tema en su conferencia de prensa matutina, y argumentó que “los cupos que se imponen no tienen mucho sentido”. El funcionario afirmó además que cada lugar debe estar ocupado por el mejor, el más capaz y por el que más cualidades tenga, “sea un hombre, sea una mujer, sea un travesti o cualquier otra definición”.
CNN intentó comunicarse con el vocero de la presidencia para conocer más detalles, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Por su parte, una fuente allegada al Gobierno reiteró lo dicho por Adorni en la rueda de prensa.
“Entré al Anses en enero del año 2022 por el cupo laboral travesti-trans, una ley que milité con uñas y dientes. Puse el cuerpo, viajé e hice todo lo posible para que se consigan los votos necesarios y se trate el proyecto”, recuerda nostálgica Sofía Díaz. El 24 de junio de 2021 se sancionó la Ley 27.636 de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros Diana Sacayán-Lohana Berkins. Esta normativa, cuyo nombre es un homenaje a dos activistas pioneras en la lucha por la identidad de género en el país, establece un cupo mínimo del 1% en los puestos de la administración pública para esta población. Su objetivo fundamental es que las personas trans y no binarias puedan acceder a un trabajo formal en condiciones de igualdad.
Díaz era parte de esa conquista, al igual que otras 954 personas. 955 en total que empezaron a trabajar en el Estado nacional a partir de esta ley, según el monitoreo del Cupo Laboral Travesti Trans realizado por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en noviembre de 2023. La cifra representaba “una quinta parte del 1% de las contrataciones establecidas por la ley”, tal como informa este monitoreo, si se tiene en cuenta que la dotación total de empleados de la administración pública era, a esa fecha, de 332.690 empleados, según un informe del Indec publicado en febrero de este año.
“El cupo nunca se logró, pero ahora la situación es peor, ya que se despidió a más del 10% de ese número alcanzado. Esta ley es una medida de acción positiva que contempla a quienes no hayan terminado sus estudios, para que puedan ingresar a trabajar con la garantía de una formación educativa y la capacitación continua, mientras están desarrollando sus tareas. De esta manera, se tiene en cuenta una protección especial de esta población trabajadora porque se reconoce (o reconocía) la vulnerabilidad social, económica y cultural con la que ingresan a su puesto”, sostiene la secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, Clarisa Gambera.
A nivel general, la sindicalista habla de unas 14.000 al referirse a la totalidad de personas despedidas de la administración pública en todo el país, pero advierte que “ese número es dinámico, porque cambia constantemente a partir de las negociaciones gremiales que pueden producir reincorporaciones o a los despidos aún no computados, dado que estos números surgen a partir de monitoreos de los sectores donde ATE nacional tiene representación”.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, dijo a CNN que este martes 30 de abril habrá una nueva Jornada Nacional de Lucha “contra los despidos masivos en todos los sectores de la administración pública nacional”, tal como puede observarse en el comunicado del sindicato.
En el mismo sentido, Gambera se refiere a la estrategia utilizada para lograr la reincorporación de la población trans y no binaria despedida: “Se redactó un telegrama modelo de rechazo del despido y se contactó a cada una de las personas para conocer datos específicos sobre su situación. Se habla de impugnación del despido porque estas personas están protegidas por una tutela especial, dado que la ley de cupo es una normativa de discriminación positiva”. La sindicalista hace hincapié en este término y explica que “el Estado debe proteger a esta población vulnerable de manera particular”.
“Los telegramas fueron enviados a cada organismo en particular y son personalizados. A ciencia cierta, aún no tenemos contabilizadas las respuestas de cada uno, pero sabemos que algunos organismos, como Anses, respondieron y otros aún no. De todas maneras, el telegrama es un documento para iniciar el camino a la restitución del puesto de trabajo”, agrega Gambera.
Sofía Díaz argumenta que los despidos forman parte de “una clara demostración de violencia y discriminación hacia la comunidad”, y eleva su tono al afirmar: “El gobierno quiere dibujar este hecho argumentándose en la meritocracia, pero en nosotres no aplica ese término, porque nunca tuvimos las mismas oportunidades que tiene, por ejemplo, el vocero presidencial al decir que la cuestión del cupo no es importante”.
Una población históricamente vulnerable
Víctor Sánchez se define como “una masculinidad travesti” (por este término se entiende la transición al género masculino autopercibido). Cuenta que trabaja en el Ministerio de Salud y forma parte de Zaguán TranSindical, una agrupación que sigue de cerca las contrataciones realizadas dentro del cupo en el Estado, garantiza su cumplimiento y, actualmente, trata los casos de las personas despedidas. Considera que “la democracia empezó con la ley de identidad de género”. Esta normativa se legalizó en 2012 en Argentina, fue una medida pionera en el mundo y permitió reconocer el derecho de las personas a ser inscriptas en su documento, de acuerdo con su identidad autopercibida.
Sánchez cree que este es un momento bisagra en la lucha de la comunidad y ve la ley de cupo como una necesidad: “Históricamente no tuvimos grandes accesos a la educación porque la mayoría crecimos en el marco de un entorno hostil y discriminatorio. Mucho menos pudimos acceder a la universidad, ya que muchos compañeres fueron expulsades de sus hogares y tuvieron que caer en trabajos muy poco calificados. Por eso, hay que fomentar la conciencia pública, que nos va a permitir tener más herramientas para defendernos. El tener un trabajo registrado y formal nos abre la puerta a tener una vida más larga, más digna, con más salud”. Al referirse a la interrupción involuntaria de actividades de la población, es taxativo: “Para el gobierno no significa nada el dinero que se ahorra con nuestros despidos y para nosotros es un montón”.
Tal como establece el Observatorio Sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado, la ley de cupo laboral “fue creada para remediar la situación de extrema pobreza y privación de derechos económicos, políticos, sociales y culturales, motivada por expulsión temprana del hogar y del ámbito escolar de la gran mayoría de la población trans”. Asimismo, según el último informe publicado en 2020 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el promedio de vida de una persona trans en Argentina ronda los 37 años, mientras que el promedio de la población general es de 77.
Por otro lado, según un documento titulado “El derecho al trabajo” de la organización Fund.ar, una entidad destinada “al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva”, como se presenta en su página web, se estima que la expectativa de vida de las personas travestis, trans y no binarias actualmente en el país es de 40 años. En la misma investigación se detalla que el 35% de las personas contratadas por el cupo laboral trans manifestó “que no se respeta su identidad en el trato cotidiano con los equipos de trabajo, en los sistemas informáticos y en comunicaciones oficiales de sus espacios laborales”.
Díaz aún espera la liquidación final por los servicios prestados durante su último mes de trabajo. Asegura que ya no tiene obra social, mandó más de 37 curriculum vitae sin haber obtenido respuesta y evalúa volver a vivir con su madre, porque el mes que viene, afirma, no podrá pagar el alquiler. Siente que volverá a enfrentarse a entrevistas laborales con miradas de desconfianza y hasta desaprobadoras. A esta realidad, se suma la de Sánchez y la de decenas de llamados que recibe a diario sobre despidos o sobre la constante vulneración de derechos a las que estas personas están expuestas hoy en Argentina.