(CNN Español) – Lejos quedaron las sesiones extraordinarias que había convocado el Gobierno entre enero y febrero para tratar la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” que el oficialismo había presentado en los primeros días de gestión.
Lejos también quedaron aquellos 664 artículos originales. Este martes, con menos de la mitad, la cámara de diputados dio media sanción a la nueva “Ley de Bases” —mejor conocida como “Ley Ómnibus” por su extensión— y abrió, de esta manera, un nuevo capítulo para el Gobierno de Javier Milei.
Es que este puede ser leído como un primer triunfo legislativo del espacio libertario. Si bien todavía falta su tratamiento y aprobación en la Cámara de Senadores, la ley original se había caído a principio de año durante la votación artículo por artículo en la Cámara baja.
En ese entonces, y luego del gran debate que implicó la ley, el número de artículos había pasado de los 664 artículos originales a los 386 con los que llegó al recinto. La nueva ley cuenta con tan solo 232 artículos, casi un tercio del proyecto original.
En una sesión que duró más de 24 horas, la Cámara de Diputados finalmente aprobó esta versión reducida de la ley original y también pasó a la Cámara de Senadores el paquete fiscal, que originalmente formaba parte de este megaproyecto, y en esta segunda instancia decidieron enviar como iniciativas separadas.
“Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los Diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto”, dijo el presidente Milei en un mensaje en su cuenta en X en la tarde de este martes.
¿Cómo es la nueva “Ley bases”?
Una de las principales diferencias entre la ley bases original y la actual es la declaración de emergencia y el período en el que busca declararla.
En la presentada a principio de año, el ejecutivo buscaba declarar “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Según ese proyecto, este tiempo podía ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.
En el proyecto que obtuvo media sanción, el artículo se acotó a declarar “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”. Recordemos que esta declaración le delega las facultades en esas áreas al Poder Ejecutivo para legislar sin necesidad de pasar por el Congreso.
Otro de los capítulos que tuvieron modificaciones de enero a esta parte es el laboral. Si bien hubo mucha discusión respecto de la flexibilización de las condiciones de contratación, dentro de los artículos que se mantuvieron continúa el que amplía el período de prueba para empleados recién contratados y puede llegar hasta ocho meses o un año, dependiendo el tipo de empresa que realice dicha contratación.
También establece una alternativa a las indemnizaciones en caso de despido. Establece un fondo de cese laboral que consiste en un monto del aporte mensual y corre únicamente por cuenta del empleador.
Sin embargo, deja afuera un punto importante para los sindicatos. La ley no limita la llamada “cuota sindical” que estos espacios deducen a los empleados dentro de convenio colectivo de trabajo estén afiliados o no, y que significa una parte importante de la caja de estos grupos.
Por otra parte, insiste con la propuesta que incluye un listado de empresas públicas sujetas a privatización o a concesión, aunque acota la cantidad de entes alcanzados. En el proyecto final se incluyen empresas como Aerolíneas Argentinas, Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) o el Correo Argentino y que fueron privatizadas en los noventa y volvieron a estatizarse por su mal manejo años más tarde, y otras que siempre fueron estatales como Radio y Televisión Argentina (que comprende a los medios públicos).
Entre las propuestas que mantiene, el Ejecutivo vuelve a proponer la reforma del Estado, numerosas desregulaciones y cambios en la fórmula para calcular las jubilaciones, con variaciones mensuales tomando como referencia la inflación.
Además, insiste con los cambios en materia de energía, con modificaciones a las leyes de Hidrocarburos y de Gas y con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que propone una serie de beneficios para promover proyectos estratégicos, entre otros.
¿Qué incluye la Ley con medidas fiscales?
El episodio fiscal de la “Ley Bases” original, se desdobló en este segundo intento de conseguir su aprobación y se trató por fuera, como una ley en sí misma.
En el proyecto de “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” se incluyen otros 112 artículos. De esta manera, se busca ofrecer un alivio a las arcas provinciales con una mayor coparticipación de los ingresos que distribuye el Gobierno nacional.
Una de las principales iniciativas incluye reponer un polémico tributo: el llamado Impuesto a las Ganancias, que fue modificado por el Gobierno anterior a través del Congreso y por el que el mismísimo Javier Milei votó para que un grupo numeroso de trabajadores en relación de dependencia quedara exento. De esta manera los asalariados comenzarían a pagar con los sueldos mensuales a partir de 1,8 millones de pesos brutos (casi US$ 2.000 al tipo cambio oficial), según explicaron expertos tributarios argentinos a CNN.
También en este proyecto que obtuvo media sanción de diputados, se propone una reducción del Impuesto a los Bienes Personales, que alcanza a las personas más ricas. “Resulta evidente que un tributo patrimonial cuya alícuota máxima actual alcanza el 2,25% resulta excesivo a la luz de las garantías constitucionales de capacidad contributiva y no confiscatoriedad que rigen nuestro sistema fiscal”, sostiene el proyecto.
Y suma otra reforma: los montos de facturación necesarios para que los cuentapropistas pueden permanecer en el régimen simplificado del “monotributo¨, con actualizaciones trimestrales por inflación.
Por último, insiste con otras iniciativas que estaban en la primera versión de la ley ómnibus, como el “blanqueo” de capitales - que permite regularizar activos no declarados- la moratoria impositiva - que permite pagar obligaciones impositivas vencidas al 31 de marzo de 2024 en cuotas y con beneficios- o la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles.
¿Qué sigue en el tratamiento de la ley?
Una vez que la Cámara de Diputados le da media sanción a una ley, es el turno del debate en la Cámara de Senadores. Allí también se trata el proyecto en comisiones y, tras un dictamen, pasa al recinto donde se vota en general y en particular.
Si el Senado aprueba el proyecto, se convierte en ley y se envía al Poder Ejecutivo para su promulgación. Si lo rechaza, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones ordinarias de ese año.
También existe la opción de que la Cámara Alta establezca modificaciones o agregados. Si esto sucediera, el proyecto regresa a la cámara de origen, en este caso, la de Diputados. Si acepta los cambios, el proyecto aprobado por los senadores se convierte en ley.