(CNN Español) – Salvador Illa, candidato del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, se someterá este jueves a las 9 a.m., hora local, a la sesión plenaria del Parlamento donde se debatirá su investidura como líder del Ejecutivo autonómico.
Illa llega a este debate con los apoyos necesarios para alcanzar su objetivo, aunque ni le ha resultado fácil lograrlos, ni está claro que la sesión llegue a transcurrir con normalidad.
¿Cómo ha llegado hasta aquí?
El 12 de mayo por la noche, todo eran sonrisas y celebraciones en la sede del Partido de los Socialistas de Cataluña. El escrutinio de las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas esa misma jornada daban a Illa como vencedor de la contienda electoral.
“El PSC, tras 45 años de historia, por primera vez ha ganado las elecciones al Parlamento de Cataluña en votos y en escaños”, festejaba Illa en medio de aplausos.
Pero esa alegría duró poco, o al menos se desvaneció según llegaba la hora de negociar, porque el PSC había logrado 42 escaños y le hacía falta sumar otros 26 para investir a su candidato. Solo podían alcanzar su objetivo alcanzando la cifra clave de 68 diputados, equivalentes a la mayoría absoluta en esta cámara legislativa autonómica.
Definidas las necesidades, Illa y su equipo se pusieron manos a la obra para lograr el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ostenta 20 diputados en el Parlamento catalán, y Comuns Sumar, con otros 6, todas formaciones de izquierda. Pero lograr ese sostén no iba a ser fácil, sobre todo porque ERC -formación de corte independentista- no veía claro el hecho de facilitar la presidencia al líder socialista.
En ese sentido, cabe destacar que ambas formaciones ya gobernaron juntas en el pasado. La primera vez se dió en ocasión del primer gobierno tripartito que se formaba en Cataluña entre los años 2003 y 2006, donde también estuvo presente la coalición Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida y Alternativa. Tripartito que se repitió entre 2006 y 2010.
A esas dificultades, se les unió la cuenta atrás para una repetición electoral, ya que el nuevo presidente del parlamento de Cataluña, Josep Rull, convocó a finales de junio un pleno de investidura – a sabiendas fallido por la falta de candidato- con el que activaba el período de dos meses para investir a alguien o bien llamar a los electores de nuevo a las urnas. Ese plazo finaliza el 26 de agosto.
En este contexto, y tras semanas de negociación, el PSC logró a finales de julio los apoyos de ambas formaciones tras cerrar varios acuerdos. En el caso de Esquerra Republicana de Catalunya, los socialistas se comprometieron -entre otros- a ofrecer un modelo de financiación singular para Cataluña, permitiendo que se descentralice la recaudación de los impuestos y que los gestione la región a partir de 2025 a través de una Agencia Tributaria de Cataluña.
Esta medida ha recibido fuertes críticas desde la oposición, aunque también ha generado voces contrarias dentro del propio Partido Socialista Obrero Español. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reclamó que, si bien hay que permitir la investidura de Illa, este acuerdo podría promover la desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas. “Como presidente, ese documento no me representa”, enfatizó la semana pasada.
Un concierto económico que también se da en otras dos Comunidades Autónomas: País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.
En el caso de los Comuns, el PSC asumió el compromiso de construir 50.000 viviendas protegidas nuevas durante los próximos 6 años, destinar US$ 382 millones para ampliar el parque público de alquiler con 5.000 viviendas y regular los alquileres de temporada, entre otros.
Un pleno a prueba de sorpresas
Aún y haber garantizado los apoyos necesarios a tiempo, todavía no hay nada escrito sobre cómo puede desarrollarse el debate de investidura. O siquiera si se celebrará.
Uno de los elementos que influirá en el desarrollo de ese pleno es el retorno del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, quien anunció este miércoles que para poder asistir había emprendido el viaje de regreso desde Bélgica, donde ha residido estos últimos siete años.
Sin embargo, su llegada puede venir acompañada de su detención. La justicia lo reclama desde finales de 2017 como investigado por haber promovido el proceso de secesión de la comunidad autónoma a través del referendo de independencia del 1 de octubre de ese mismo año. Sobre él pesan las acusaciones de desobediencia y malversación de caudales públicos.
Este último delito no se benefició de la ley de amnistía aprobada en junio, dado que a criterio del Tribunal Supremo incurre “plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea”.
Por su parte, Puigdemont se ha considerado en reiteradas ocasiones víctima de una persecución política y judicial.
De ahí que miembros de su partido, Junts per Catalunya, hayan anunciado que, si las fuerzas de seguridad lo detienen en virtud de la orden que se mantiene en su contra, solicitarán que se suspenda el pleno.
En cualquier caso, su formación ha convocado para este jueves a las 9 a.m., hora local, una concentración en la avenida que desemboca a la cámara legislativa autonómica para darle un “recibimiento institucional”.
Por su parte, la formación de ultraderecha Vox ha hecho otro llamado a protestar frente al Parlamento de Cataluña media hora antes de que inicie la sesión de investidura para mostrar su malestar por el regreso de Puigdemont.