(CNN Español) – Numerosos miembros de partidos políticos de Venezuela han sido detenidos en las últimas semanas en un agravamiento de la represión del gobierno de Nicolás Maduro, que parece superar incluso otras escaladas de la última década que ya son motivo de investigación de organismos internacionales por posibles crímenes de lesa humanidad.
“Se está criminalizando el ejercicio de la disidencia. El espacio cívico está totalmente cerrado, no hay libertad de reunión, de asociación, de expresión”, dijo a CNN el sociólogo Rafael Uzcátegui, codirector del centro de investigación venezolano Laboratorio de Paz.
“Los actores políticos y hasta (el candidato presidencial de la mayoría opositora) Edmundo González están en una situación de indefensión. El gobierno se ha vuelto impermeable a la opinión pública”, agregó Uzcátegui.
En los días posteriores a la votación y la proclamación del Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador a Maduro frente al candidato de la oposición Edmundo González Urrutia sin presentar los resultados por mesa, tuvieron lugar numerosas protestas y varios opositores fueron encarcelados en el marco de lo que se denominó informalmente “operación Tun Tun”, que también apunta a la ciudadanía general.
Algunas de las detenciones de alto perfil de esta semana fueron la del exgobernador del estado Mérida y dirigente del partido Acción Democrática (AD), Williams Dávila Barrios; el exdiputado opositor Américo De Grazia; y la coordinadora del Comando con Venezuela en el estado Portuguesa, María Oropeza, quien transmitió el momento en que las fuerzas de seguridad entraron por la fuerza a su casa. Días antes, según un video publicado por su partido en redes sociales, varias personas vestidas de negro se llevaron, también por la fuerza, al dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano.
Los arrestos no comenzaron con la votación y las protestas. En junio, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que se dictó la privación de libertad a cuatro opositores tras ser imputados por los delitos de incitación al odio y asociación para delinquir. En marzo, Henry Alviárez y Dignora Hernández, dos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado fueron detenidos, mientras que seis opositores solicitaron y lograron asilo en la embajada de Argentina en Caracas.
En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha intervenido a varios partidos políticos en el último lustro, suspendiendo a sus directivas y, en ocasiones, nombrando liderazgos más afines al gobierno. Entre los movimientos afectados están Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular, pero también partidos de izquierda y exaliados del gobierno como el Partido Comunista, Patria Para Todos, Podemos y Tupamaro.
Uzcátegui sostuvo que, durante los meses previos a la votación, “con la detención de personas claves en asuntos logísticos (el gobierno) quería generar ineficacia en el funcionamiento de la campaña”. El foco ahora es distinto. Según apuntó, varios de los detenidos habían estado activos en redes sociales, con alta visibilidad en su línea opositora. “(Las autoridades) buscan desarticular a la coalición opositora y también generar temor”, explicó.
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Una estrategia documentada y denunciada
En ese sentido, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU había advertido en 2020 sobre el “efecto inhibitorio” para la actividad disidente por la percepción del riesgo inminente de ser criminalizado. “De 2014 a 2020, la crisis política e institucional en el país se caracterizó por la represión violenta e ilegal de manifestaciones populares (…). La represión estatal se tradujo en decenas de privaciones arbitrarias de la vida por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias de opositores reales o percibidos como tales”, indica un informe del grupo de investigación publicado en 2023.
En ese mismo año, la Misión indicó que la persecución política continuó dándose “de manera más selectiva, concentrándose en individuos que sirven como ejemplos para disuadir a otros de expresar opiniones disidentes”, y que se estaban intensificando las restricciones del espacio cívico y democrático.
La directora general de Investigación de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, también advirtió en el informe anual de 2023 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), publicado en abril, que las detenciones arbitrarias por motivos políticos “son visiblemente sustanciales en épocas electorales, siendo parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población y, por ende, podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
La Corte Penal Internacional ya ha manifestado que hay indicios de que este tipo de crímenes se cometieron en Venezuela y en marzo, la Sala de Apelaciones del tribunal de La Haya, decidió que la Fiscalía continuará con la investigación, luego de desestimar los seis argumentos de apelación planteados por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. En ese momento el canciller de Venezuela, Yván Gil, rechazó el fallo y dijo que la decisión “responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos”.
Estos procesos e investigaciones no parecen haber menguado la represión en Venezuela.
El coordinador legal de Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, consideró que Venezuela ha alcanzado el mayor nivel represivo en décadas en toda la región. “Desde el golpe de Estado en 1973 de Pinochet a Salvador Allende no se había vivido en América Latina un nivel de represión con la intensidad que hemos tenido en Venezuela. Una represión política”, aseveró en el programa Conclusiones de CNN. También destacó que muchos allanamientos se realizan sin orden judicial y que se está aplicando la ley contra el terrorismo, con posibles penas de hasta 30 años de prisión.
Maduro ha reconocido que desde el 29 de julio se ha detenido a más de 2.200 personas por su participación en protestas postelectorales, y se refirió a ellos como “terroristas”, insistiendo en que las manifestaciones son promovidas por González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado. Ambos niegan que su intención sea afectar al país, dicen que el gobierno de Maduro está persiguiendo a la oposición y sostienen que el verdadero ganador fue el abanderado opositor.
Sin líneas rojas
Para Uzcátegui, del Laboratorio de Paz, frente a la ola de detenciones, “la única protección que tiene el liderazgo político (opositor) es el costo, el escándalo mediático internacional” que acarrearía el arresto de altas figuras políticas.
Aunque no lo descarta, considera que el gobierno cometería una gran equivocación si detiene a Machado, quien ganó abrumadoramente las elecciones internas del sector mayoritario de oposición, pero fue inhabilitada para competir en las presidenciales. “Sería el peor error tener presa a Machado”, expresó el sociólogo.
Según consideró, su detención sería más trascendental que el arresto en 2014 de Leopoldo López, cofundador del partido Primero Justicia, quien se entregó entre una ola de protestas en las cuales murieron 43 personas, y fue condenado a más de 13 años de cárcel. “Sería más grave por el contexto en el que se da, después de un desconocimiento de la voluntad popular”, dijo Uzcátegui. López salió de su arresto domiciliario durante un levantamiento en 2019 y, tras ser refugiado en la embajada española, llegó a Madrid en 2020. En abril de este año, el fiscal Saab solicitó una orden de captura y extradición contra López y Julio Borges, también opositor exiliado.
Uzcátegui agregó que no está definido hasta dónde puede llegar el gobierno para asegurar su permanencia en el poder: “Hoy no se sabe dónde está la línea roja, no hay una lógica clara”.