(CNN Español) – Estados Unidos incautó el avión utilizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otros asuntos penales, y envió la aeronave al estado de Florida este lunes, según dos funcionarios estadounidenses.
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Se trata del más reciente episodio de una relación fría de larga data entre Washington y Caracas, y parte de las investigaciones en curso del gobierno estadounidense sobre las prácticas corruptas del Gobierno de Venezuela.
“Esto envía un mensaje hasta el nivel más alto”, declaró uno de los funcionarios estadounidenses a CNN. “Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es algo inaudito en materia penal. Estamos enviando aquí un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones de EE.UU.”.
El avión ha sido descrito por los funcionarios como el equivalente venezolano del Air Force One y ha sido fotografiado en anteriores visitas de Estado de Maduro en varias partes del mundo.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, dijo en conferencia de prensa que el avión “no estaba registrado a nombre del gobierno venezolano”, sino a nombre de un particular.
Por su parte, el canciller Roberto Álvarez explicó que la aeronave estaba en territorio dominicano para fines de mantenimiento y que el 22 de mayo el Ministerio Público obtuvo una orden judicial emitida por un Tribunal Nacional para “inmovilizar” el avión.
EE.UU. había solicitado su inmovilización para poder registrarlo en busca de “pruebas y objetos relacionados con actividades de fraude, contrabando de mercancías para actividades ilícitas y blanqueo de capitales”, declaró.
En un comunicado, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que “el Departamento de Justicia incautó una aeronave que alegamos fue comprada ilegalmente por US$ 13 millones a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de Estados Unidos para ser utilizada por Nicolás Maduro y sus compinches”.
Múltiples agencias involucradas
Durante años, los funcionarios estadounidenses han buscado interrumpir el flujo de miles de millones de dólares a las arcas del régimen. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (DHI, por sus siglas en inglés), la segunda agencia de investigación más grande del gobierno federal, ha incautado docenas de vehículos de lujo, entre otros activos, que se dirigían a Venezuela.
“El avión fue incautado en violación de las sanciones de EE.UU. a Venezuela y otros asuntos penales que todavía estamos investigando en relación con este avión”, dijo a CNN Anthony Salisbury, agente especial a cargo de investigaciones de Seguridad Nacional.
Un alto funcionario de República Dominicana le dijo a CNN que la aeronave de Maduro había estado en territorio dominicano en mantenimiento en el momento en que fue incautada por las autoridades estadounidenses. La fuente agregó que el gobierno no tenía registro de que el avión privado de Maduro estuviera en el país hasta que fue incautado.
Los funcionarios estadounidenses trabajaron en estrecha colaboración con República Dominicana, que notificó a Venezuela de la incautación, según uno de los funcionarios estadounidenses.
Varias agencias federales estuvieron involucradas en la incautación, entre ellas, además del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia. Los funcionarios estadounidenses trabajaron estrechamente con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación, según uno de los funcionarios estadounidenses.
El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana dijo que el gobierno no participaba en la investigación de Estados Unidos y que solo se requería “cooperación jurídica internacional” en virtud de los dos acuerdos bilaterales de ambos países.
Uno de los próximos pasos, al llegar a los EE.UU., será buscar el decomiso, lo que significa que el gobierno venezolano tiene la oportunidad de solicitarlo, y recopilar evidencia de la aeronave.
Recientemente, Estados Unidos presionó al Gobierno venezolano para que divulgara “inmediatamente” datos por centro y mesa de votación del resultado de la elección presidencial, citando preocupaciones sobre la credibilidad de la supuesta victoria de Maduro.
La oposición venezolana ha publicado más del 80% de los recuentos impresos y recogidos de las máquinas de votación de todo el país. Aunque parcial, la documentación parece mostrar que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, ganó la votación, dijeron varios expertos a CNN.
La situación en Venezuela ha tenido implicaciones para la política estadounidense, ya que millones de personas han huido del país y muchas de ellas se han trasladado hacia la frontera entre Estados Unidos y México.
A principios de este año, Estados Unidos reimpuso sanciones al sector de petrolero y gas de Venezuela en respuesta a la decisión del Gobierno de Maduro de impedir que se llevara a cabo una “elección inclusiva y competitiva”.
Tras la polémica reelección de Maduro el 28 de julio, Venezuela suspendió los vuelos comerciales hacia y desde República Dominicana.
Las agencias federales, incluida HSI, llevan mucho tiempo persiguiendo al gobierno venezolano por causas de corrupción. En los últimos años, HSI ha desbaratado ganancias o recursos ilícitos del gobierno venezolano por valor de US$ 2.000 millones, incluyendo sentencias, incautaciones y liquidación de cuentas bancarias, según uno de los funcionarios estadounidenses.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Maduro, junto con 14 funcionarios y exfuncionarios venezolanos, de narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción.
“Durante más de 20 años, Maduro y una serie de colegas de alto rango presuntamente conspiraron con (la guerrilla izquierdista colombiana) las FARC, haciendo que toneladas de cocaína entraran y devastaran las comunidades estadounidenses”, dijo el entonces secretario de Justicia William Barr.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención o condena de Maduro.
En 2017, dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, fueron condenados a 18 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York por intentar introducir de contrabando hasta 800 kilogramos de cocaína en Estados Unidos en un jet privado; los dos fueron liberados posteriormente por Estados Unidos en un intercambio de prisioneros en 2022.
“Vemos a estos funcionarios y al régimen de Maduro básicamente desplumando al pueblo venezolano para su propio beneficio”, dijo el funcionario estadounidense. “Tienes a gente que ni siquiera puede permitirse una barra de pan allí y luego tienes al presidente de Venezuela paseándose en un jet privado de clase alta”.
Las malas condiciones económicas, la escasez de alimentos y el acceso limitado a la atención sanitaria han empujado a más de 7,7 millones de personas a huir de Venezuela, lo que supone el mayor desplazamiento del hemisferio occidental.
Denise Royal, Stefano Pozzebon, Abel Alvarado y Hannah Rabinowitz de CNN contribuyeron con este reporte.