(CNN) – Pasar de una oficina en una esquina de Wall Street a una oficina en una esquina de la ciudad de Washington tiene un costo: para un gran financista al que se le ha pedido dirigir el Departamento del Tesoro, por ejemplo, podría significar un recorte salarial de decenas de millones de dólares al año. Además de eso, tendría que desprenderse de cualquier participación accionaria que cree un posible conflicto de interés con su nuevo cargo.
Pero no lloren por los titanes de la industria que se dignan a aceptar trabajos gubernamentales. La forma en que están establecidas las reglas del juego —en gran medida sin cambios desde la era Nixon— asegura que muchos de los que están buscando unirse a la próxima administración estarán perfectamente bien si los confirman en los cargos, y posiblemente serán incluso más ricos de lo que eran cuando llegaron al Gobierno.
Véase aquí: el presidente electo Donald Trump está formando lo que probablemente será el gabinete más rico en la historia de EE.UU., con al menos dos multimillonarios conocidos: el financista Howard Lutnick como secretario de Comercio y la exejecutiva de lucha libre profesional Linda McMahon como secretaria de Educación, además de muchos otros que son multimillonarios con complejas participaciones financieras.
Las leyes federales de ética requieren que aquellos altos puestos gubernamentales en el gabinete y más allá desinviertan sus participaciones accionarias individuales, para que nadie se sienta tentado a abusar de su posición de poder para beneficiar sus inversiones personales.
“La regla general es, recursar o desinvertir”, dijo Jordan Libowitz, vicepresidente de comunicación en Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, (CREW, por sus siglas en inglés). “Cuanto más complejos sean los activos, más difícil puede ser deshacerse de ellos. Pero que seas escandalosamente rico con activos complicados no significa que tengas un conjunto especial de reglas que apliquen para tí”.
Dolores de cabeza de los fondos de alto riesgo
La complicación surge en parte porque las leyes de conflicto de interés de la era Nixon fueron creadas décadas antes del auge del capital privado y otras inversiones alternativas que ahora constituyen porciones significativas de algunos portafolios.
Eso puede ser especialmente aplicable para personas como Scott Bessent, un administrador de fondos de cobertura de larga data y elegido por Trump para ser secretario del Tesoro, un rol encargado de asesorar al presidente sobre una amplia gama de asuntos económicos y fiscales, incluidos el gasto y los impuestos.
Mientras los detalles de su riqueza personal no se han hecho públicos —Bessent no aparece en las listas de multimillonarios de Forbes o Bloomberg—, él, como todos los designados al gabinete, tendría que presentar un informe de divulgación financiera para que lo revise la Oficina de Ética del Gobierno, que ayuda a identificar y resolver posibles conflictos de interés en su portafolio. Su fondo de cobertura, Key Square Capital Management, no respondió a una solicitud de comentarios por parte de CNN sobre la riqueza de Bessent o sus planes de desinversión.
Lutnick ya ha anunciado planes para renunciar a su cargo de CEO del gigante de servicios financieros Cantor Fitzgerald e intencionadamente desinvertir sus intereses en las unidades cotizadas en bolsa de Cantor, la correduría BGC y el grupo de bienes raíces comerciales Newmark.
Pero “desinvertir” puede significar muchas cosas, incluido vender los activos, ponerlos en un fideicomiso o incluso regalarlos a un miembro de la familia. Lutnick ofreció pocos detalles sobre sus planes, pero señaló que no espera vender acciones en el mercado abierto, lo que podría disminuir el valor de las acciones.
“Siempre que transfieras la propiedad a una persona no atribuida, es una desinversión, incluso si no es una venta en el mercado abierto”, me dijo Robert Rizzi, un abogado fiscal en el bufete de abogados Holland & Knight en la ciudad de Washington. “No atribuido” podría incluir a hijos adultos, hermanos y padres, aunque no cónyuges o hijos que sean menores, señala.
Aunque los presidentes no están sujetos a las leyes de conflicto de interés, la mayoría de ellos las han respetado de todos modos para evitar cualquier apariencia de estar haciendo algo impropio. Pero cuando Trump se encontró bajo presión antes de su investidura en 2017 para desentenderse de sus vastas propiedades inmobiliarias, se negó a vender. En su lugar, colocó sus activos en un fideicomiso para sus hijos adultos. (Si bien eso técnicamente cuenta como desinversión, un grupo liderado por CREW demandó a Trump por lo que dijeron que eran violaciones de una disposición constitucional llamada la Cláusula de Emolumentos, que prohíbe al presidente aceptar regalos de gobiernos extranjeros sin el permiso del Congreso. La Corte Suprema finalmente desestimó el caso porque Trump ya no estaba en el cargo).
Deshacerse de activos no siempre es fácil, especialmente para los tipos de Wall Street cuyos holdings en áreas como fondos de capital privado o empresas privadas son ilíquidos, dijo Rizzi, quien asesora a personas que buscan posiciones en la rama ejecutiva.
“Parte del problema con estas desinversiones es que la legislación original fue escrita como respuesta a Watergate, antes de que existieran los fondos de capital privado, y hay muchos productos financieros o alternativas de inversión que no existían en ese entonces”, dijo Rizzi.
Otro destacado administrador de fondos de cobertura, John Paulson, un temprano contendiente para el Tesoro que había estado en la órbita de Trump, se retiró de la carrera poco después de las elecciones, diciendo que sus “obligaciones financieras complejas” le impedían ocupar un cargo oficial en la administración.
Dinero fácil
Durante las últimas tres décadas, los funcionarios gubernamentales electos se han beneficiado de una enorme exención fiscal diseñada para eliminar un importante obstáculo para que los líderes del sector privado participen en el servicio público.
Con un “certificado de desinversión” otorgado por la Oficina de Ética Gubernamental, un nominado puede vender sus acciones y guardar los ingresos en una “propiedad permitida” como bonos del Tesoro de EE.UU. o un fondo mutuo diversificado. Al hacer esto, un nominado puede eludir un enorme impuesto sobre las ganancias de capital que de otro modo pagaría por la venta de acciones.
“Si no estás casado con tus activos, puede que seas bastante afortunado al poder usar este programa”, me dijo Libowitz.
En 2006, el secretario del Tesoro de George W. Bush, Hank Paulson, se vio obligado a vender su participación de casi US$ 500 millones de en Goldman Sachs, el gigante bancario de Wall Street del que había sido CEO. Pero con la protección por desinversión, resultó ser un movimiento muy inteligente. Dos años después de asumir el cargo, las acciones de Goldman se desplomaron y el banco casi quiebra en la gran crisis financiera de 2008.
Vale la pena subrayar que ni Trump ni su rico número dos, el vicepresidente electo J. D. Vance, están sujetos a las reglas de conflicto de interés porque técnicamente no son empleados del gobierno. Y aunque Trump enfrentó críticas en su primer mandato por no seguir el precedente establecido por sus predecesores, ha dejado claro que no tiene la intención de distanciarse de ninguno de sus activos, que han crecido considerablemente en los últimos años tras incluir acciones en criptomonedas y una participación mayoritaria en su propia plataforma de redes sociales.
“NO TENGO INTENCIONES DE VENDER”, escribió en una reciente publicación de Truth Social, refiriéndose a las acciones de Trump Media and Technology Group.
Dada la propia falta de respeto de Trump por las reglas éticas, no está claro cómo, o incluso si acaso su Departamento de Justicia haría cumplir las leyes penales de conflicto de interés a las que están sujetos sus elegidos para el gabinete. Si un líder de departamento se negara a desinvertir o a recusarse en cumplimiento de las leyes, la Oficina de Ética Gubernamental, que es parte de la rama ejecutiva, podría remitir el asunto a Justicia, dijo Libowitz.
“He estado recibiendo preguntas como: ‘Si Trump llena todo el gobierno de leales, ¿realmente seguirían la ley?’”, dijo. “Es una pregunta algo aterradora. Pero la ley, tal como está, establece que puedes ser investigado por el FBI por conflictos de interés criminales”.
El equipo de transición de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de CNN.