(CNN Radio Argentina)— El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, advirtió este lunes en CNN Radio que los proyectos legislativos que buscan modificar la ley orgánica del ministerio público fiscal se enmarcan en una ofensiva para “domesticar al Poder Judicial”.
“Están buscando que (el procurador general) pase a ser una persona absolutamente dependiente”, sostuvo Gallo Tagle en Café con Pepe.
Y añadió: “No se va lograr eso”.
Para el funcionario, esta situación “no deja de englobarse” dentro de “un ataque que venimos señalando desde hace un año para domesticar el Poder Judicial”.
Los fiscales y magistrados realizaron una fuerte advertencia al gobierno por los distintos cambios impulsados en la Procuración General de Justicia, en el marco de la iniciativa oficial para designar al juez Daniel Rafecas en el cargo de procurador. Desde el oficialismo se impulsa flexibilizar los requisitos para su designación a través de una mayoría simple y de los dos tercios del Senado.
Rafecas anunció que no aceptará su designación en caso de que se apruebe dicha iniciativa o si el cargo deja de ser vitalicio.
La Asociación de Fiscales, en un comunicado, afirmó que la iniciativa oficial “genera un enorme rechazo debido a la manera en la cual se da tratamiento a la institucionalidad y funciones que deben cumplir las y los fiscales”. A su vez, la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional expresó su “profunda preocupación” por los proyectos impulsados desde el gobierno en ese sentido.
En su diálogo con Pepe Gil Vidal, Gallo Tagle dijo que en el caso de los plazos en que debe cumplir su cargo el procurador general “estamos de acuerdo en que eventualmente pueda valorarse” una reducción de mandato que es actualmente vitalicio.
“Cinco o seis años es razonable”, aseveró.
Sin embargo advirtió que las leyes “hablan de una coordinación de las políticas públicas con otros poderes”, pero afirmó que “la autonomía se mantiene”.
El funcionario cuestionó también “la reducción de las mayorías necesarias para la designación” del procurador y dijo que esta iniciativa “atenta gravemente contra la independencia de toda la estructura” judicial.
Y explicó: “Si hoy hubiera que designar o remover (a un funcionario) se requiere de mayorías especiales, lo que implica consenso de todo el arco político”.
En ese sentido, dijo que “ahora, si esto lo reducimos a circunstanciales mayorías simples en cada etapa histórica (del país), nos encontraríamos con cosas como han ocurrido” en el pasado “en que se intentado con un senador buscar la remoción y hasta imputar un delito a un funcionario” público.
“La denuncia fue rechazada en la justicia”, expuso.
Y concluyó: “Si un fiscal que tiene que investigar los delitos va a estar sujeto a esta posibilidad de remoción por una mayoría simple porque afecta intereses de aquellos que son investigados, el sistema acusatorio pasa a ser una trampa. Fragiliza el sistema acusatorio porque pierde esas garantías de independencia”.