(CNN Radio Argentina) – Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, celebró este miércoles en CNN Radio la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y dijo que lo que queda pendiente es la promulgación del Poder Ejecutivo.
Además, en el programa Café con Pepe, explicó: “Una vez que eso suceda hay dos cuestiones: el capítulo penal y que el delito de la interrupción voluntaria del embarazo deje de existir. Habrá que extinguir las acciones de oficio e inmediatamente entra en vigencia la despenalización de esos delitos”.
“Sobre la implementación en el sistema de salud, inmediatamente se va a trabajar en el ministerio de Salud que ya tenía parte de una planificación con la posibilidad de distribución de misoprostol en hospitales públicos de todo el país para que puedan llevar adelante la práctica”, contó la funcionario nacional en diálogo con Pepe Gil Vidal.
El Senado aprobó esta madrugada el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.
En este orden, Gómez Alcorta dijo que “esto implica una puesta en marcha y una verificación sobre los lugares donde puede haber objetores de conciencia y para eso ya está trabajando” la cartera sanitaria que encabeza Ginés González García.
Asimismo, la ministra sostuvo que “se incorporó el artículo 11 que no estaba previsto en el proyecto original y para el sistema privado y obras sociales en el que se prevé qué sucede cuando hay objeción de conciencia”. “Se puede derivar a algún profesional. No se obliga a que el establecimiento contrate a alguien, sino que se realiza la derivación”, explicó.
Aborto legal y presupuesto 2021
“Hay una compra prevista en el presupuesto del 2021 del ministerio de Salud con la provisión de misoprostol y en principio los costos de la implementación de la ley son muy inferiores respecto de las consecuencias por las prácticas inseguras del aborto clandestino”, expresó.
Por otra parte, Gómez Alcorta aclaró que “el proyecto es muy sólido en términos constitucionales. Si efectivamente presentan amparos o inconstitucionalidades, se irá resolviendo. Más allá de que eso suceda nuestro sistema judicial va a entender que sobran argumentos de legalidad del proyecto”.