Por Al Goodman, CNN
(CNN) – Cargos preliminares de corrupción financiera han sido presentados en contra de la infanta Cristina de España en una segunda ocasión, por un juez que investiga a su esposo debido a un supuesto desvío de fondos públicos.
El juez José Castro dirige la investigación en un tribunal local de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares de España.
El magistrado presentó cargos preliminares contra la infanta en abril del año pasado, pero estos fueron retirados en mayo, luego de que los abogados apelaran ante un tribunal provincial, citando “evidencia insuficiente”.
Sin embargo, Castro continuó su investigación y ahora ha decidido presentar cargos preliminares nuevamente. Los abogados se oponen una vez más.
Una vocera del tribunal le confirmó a CNN el martes que el conflicto entre Castro y los fiscales automáticamente haría que el asunto regresara al tribunal provincial.
Un panel de cuatro jueces entonces decidirá si mantienen los cargos preliminares o no.
Se espera que el panel tome una decisión antes de la cita en el tribunal que se llevará a cabo el 8 de marzo, a solicitud de Castro.
El esposo de la infanta, Iñaki Urdangarín, es acusado de desviar, para uso privado, fondos públicos destinados a favor de su fundación sin fines de lucro.
Urdangarín, un medallista olímpico en balonmano, dirigía una fundación privada que formalizó contratos con gobiernos regionales para promover el deporte y el turismo.
Ha enfrentado cargos preliminares durante más de un año. Dichos cargos con el tiempo podrían ser retirados, pero presentar imputaciones iniciaría un proceso de juicio.
Por medio de sus abogados, la infanta y Urdangarín han negado haber cometido algún acto ilícito.
A Urdangarín se le otorgó el título de Duque de Palma cuando se casó con la infanta Cristina, la hija menor del Rey Juan Carlos, en 1997.
El escándalo por fraude le ha ocasionado problemas sin precedentes a la popular familia real española y ha captado la atención del país.
En abril, la casa real reveló que en febrero había pedido al gobierno incluir a la monarquía en una nueva ley sobre transparencia, respecto al financiamiento y otras actividades.
El gobierno aprobó la ley en septiembre.