(CNN) — Joe Arpaio ha pedido que los presos usen ropa interior rosa y les ha ahorrado dinero a los contribuyentes quitando la sal y la pimienta de las prisiones. Incluso ha prohibido que la convicta Jodi Arias hable con la prensa.

Y aunque el sheriff del condado de Maricopa había dicho que el gobierno federal no intervendría en la forma como maneja su oficina, este viernes un juez determinó que en el manejo de los casos de latinos, Arpaio no aplica las leyes de inmigración sino que discrimina basándose en el origen étnico.

Algunas personas afectadas por sus decisiones habían demandado al sheriff por eso, y el juez Murray Snow consideró que las acusaciones son legítimas.

El juez federal de Phoenix ordenó al “sheriff más duro de Estados Unidos” (un apodo que Arpaio destaca en su sitio de internet) detener la discriminación inmediatamente. Además, prohibió algunos de sus procedimientos.

La oficina del sheriff de Maricopa tiene una larga historia de detención de vehículos con ocupantes de piel morena o ascendencia latina. Los revisa más estrictamente y los para con más frecuencia, según Snow.

Los abogados de Arpaio discrepan de la conclusión del juez.

El abogado defensor Tim Casey dijo que está “muy decepcionado por el resultado del fallo. La oficina y su sheriff nunca han utilizado la raza y nunca utilizarán la raza para tomar decisiones”.

La oficina ubicada en el condado de Maricopa, donde está Phoenix, planea apelar el fallo.

“Esto es una reivindicación”, consdieró la activista por los derechos de los inmigrantes Lydia Guzmán, quien expresó su felicidad por el veredicto. “Han estado deteniendo a gente solo por el color de su piel, solo porque alguien sospecha que puede no estar autorizado para estar en este país”.

Ser discriminado

En el juicio civil, la parte acusadora ofreció testimonios de tratos discriminatorios.

Por ejemplo, el de unos policías que detuvieron a Manuel Nieto y a Velia Meraz después de que presenciaran el arresto de dos hombres latinos. Un agente les ordenó irse, pero ambos fueron detenidos nuevamente enfrente de su negocio familiar, de acuerdo con la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), que los representa.

El segundo caso ocurrió a punta de pistola, afirmaron. Nieto marcó al 911, pero los policías lo agarraron y lo empujaron contra el coche patrulla, de acuerdo con la denuncia. Una vez que los agentes verificaron que ambos eran ciudadanos estadounidenses, los dejaron ir sin siquiera una disculpa.

Manuel Ortega Melendres visitaba Arizona con una visa válida. Él no habla inglés.

En septiembre de 2007, fue arrestado después de que un grupo de policías le detuvieran cuando iba en su auto.

Melendres dice que mostró su identificación a los agentes, pero que estos lo trataron mal igualmente, y lo arrestaron. Permaneció horas encerrado en una celda antes de que un agente federal de inmigración confirmara que sus documentos estaban en orden.

Un profesor de justicia criminal presentó un análisis estadístico que supuestamente corrobora la discriminación sistemática en el condado.

Ralph Taylor, de la Universidad de Temple, testificó que había más posibilidades de que los hispanos fueran sometidos a verificaciones de identidad que aquellos que no lo eran.

Casey atribuyó la situación a un mal entrenamiento de los agentes migratorios. El fallo del juez prevendrá que los policías locales tengan un rol potencial al enfrentarse con la inmigración ilegal, afirmó.

“Ya no está permitido”

El fallo de la corte previene que la oficina del sheriff implemente políticas que violen la Cuarta Enmienda, que protege contra el registro no razonable, y la Décimo Cuarta, que garantiza que todos los ciudadanos están protegidos por la ley.

La oficina del sheriff de Maricopa ya no podrá considerar la ascendencia latina en sus decisiones, incluyendo la detención de vehículos, detenciones o retenciones de sospechosos por más tiempo del necesario para resolver acusaciones concretas.

El fallo es otro golpe del sistema de justicia federal en contra de las políticas de inmigración en Arizona.

En junio de 2012, la Corte Suprema prohibió algunas partes de la ley inmigratoria estatal, incluidas provisiones similares a las prácticas llevadas a cabo por Arpaio, consideradas como inconstitucionales.

Un veterano de la ley

La oficina de Arpaio destaca porque ser la tercera más grande en Estados Unidos, con más de 3.400 empleados.

Antes de ser sheriff, Arpaio era un agente antinarcóticos federal que pasó a la agencia contra las drogas de Arizona.

En abril, un inspector postal interceptó un paquete explosivo en contra del alguacil. Fue enviado un día después de que el departamento recibiera una amenaza de muerte de un cártel de las drogas.

En una entrevista con CNN antes de que iniciara su juicio, Arpaio dijo que su oficina seguiría persiguiendo a los inmigrantes ilegales.

“Sé que estoy haciendo lo correcto. No me rendiré ante esos grupos pequeños, gente que no le gusta lo que hago. ¿Creen que me rendiré? Jamás”, dijo el sheriff.