(CNN) – Atrapada en un mal sueño.
Así fue como se sintió Noemí, de 18 años, cuando supo que no tenía otra opción que entregarle su pequeña hija, una bebé todavía, al hombre condenado por abusar de ella.
La niña fue concebida durante la violación y las leyes de Nebraska sobre los derechos de los padres la obligaron a aceptar la orden de la corte según la cual el hombre puede visitar a su hija.
Para Noemí, quien pidió a CNN que no utilizara su apellido para proteger su privacidad, eso significa poner en peligro a la persona que más ama en su vida.
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Su peor miedo es que la niña “resulte lastimada o algo malo le pase”, según le dijo Noemí a Lisa Ling, de CNN. “No puedo decir qué le hará a mi hija”.
La historia de Noemí no es atípica. En todo Estados Unidos hay leyes estatales que no protegen a las mujeres que quedan embarazadas por culpa de una violación para que no deban compartir a sus hijos con los hombres que abusaron sexualmente de ellas.
Un problema común
No existe un registro de estadísticas exactas, pero se estima que cada año se producen entre 17.000 y 32.000 embarazos por causa de violaciones en Estados Unidos, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Entre el 32% y el 50% de las víctimas tienen a sus hijos, según varios estudios.
Entre 5.000 y 16.000 mujeres estarían en riesgo de caer en ese limbo legal cada año, según esos cálculos, dependiendo de donde vivan y del lugar donde haya ocurrido el ataque.
‘Forzada a criar con él’
En el caso de Noemí, esta pesadilla del mundo real no solo es aterradora sino frustrante. El establecimiento de las visitas entre su atacante y la niña se ha convertido en un problema emocional para su vida diaria.
“Ahora tengo que escribirle mensajes de texto o de correo electrónico al hombre que me violó, para dejar a mi hija con alguien en quien no confío. Me veo forzada a criar con él y a verlo una vez por semana… para hablar con él de las actividades escolares de mi hija y de su salud”, dice, casi al borde del llanto.
“Creo que estoy atrapada en esta situación porque es el estado el que le da ese derecho y no hay nada que pueda hacer”.
En el 2011 Noemí era, en sus propias palabras, una estudiante de bachillerato “muy ingenua” con un trabajo de medio tiempo en un restaurante de comidas rápidas en Norfolk, Nebraska. “No tenía idea de lo que realmente era el sexo. Era tan inexperta”, cuenta.
Una noche, después de que cambiara el turno en el restaurante, un compañero de trabajo la invitó a su casa y la violó, dice Noemí.
Tras descubrir que estaba embarazada, Noemí consideró abortar, por un corto periodo de tiempo. “Pero después de que fui al doctor y escuché sus latidos del corazón, fue muy difícil decir que no quería tener esa hija. No es su culpa que haya sido concebida en una violación”.
Su atacante fue acusado por abuso sexual en primer grado pero pudo alegar para que finalmente lo condenaran por un delito menor: abuso sexual en tercer grado.
Según las leyes de Nebraska, el hombre no tendría derechos como padre si hubiera sido condenado por abuso sexual en primer grado.
Cuando Noemí solicitó al estado asistencia médica para su hija tuvo que dar el nombre del padre y el estado pidió que él ayudara en su manutención.
Cinco meses después de que naciera la niña, el hombre pidió establecer un calendario de visitas para ver a su hija biológica. Finalmente, el atacante obtuvo el derecho de visitar a su hija, sin ninguna supervisión, por unas pocas horas durante los fines de semana y dos martes cada mes. Aunque la idea la horrorizada, realmente Noemí no tenía más opción que aceptar.
El problema de la condena
De todos los 50 estados del país, así como el Distrito de Columbia, menos de la mitad tienen leyes que suprimen los derechos de crianza de los violadores, sin necesidad de una condena. En algunos de esos estados, al hombre que abusó de Noemí le hubieran prohibido visitar a su hija si ante la corte se presenta “evidencia clara y convincente” de la violación y sin que sea necesaria una condena por abuso sexual en primer grado.
El problema es que las violaciones no suelen ser ante la policía y eso implica que haya pocas condenas por ese hecho. El 19% de las mujeres mayores de 18 años que fueron violadas denuncian el hecho ante las autoridades, según el Instituto Nacional de Justicia. Solo el 37% de las violaciones reportadas terminan en un proceso penal y, de esos casos, cerca del 46% resultan en una condena.
Todo este desastre legal está anclado en leyes que fueron escritas hace más de 50 años, aseguran los expertos. En ese entonces, la sociedad no reconocía legalmente los derechos de los padres para niños que nacieran de una madre que no estuviera casada, dice Katherine Tennyson, juez del condado Multnomah, en Oregon, y presidenta del Concejo Nacional de Jueces Infantiles y de Familia.
“Es decir, tradicionalmente las leyes no han tenido en cuenta la forma en que un hijo es concebido”, dice Tennyson.
La abogada Shauna Prewitt, que también resultó embarazada por una violación y decidió tener y criar a su hijo, cree que la sociedad ha creado un “prototipo sesgado de que todas las embarazadas durante un abuso sexual odian a sus hijos”.
Este punto de vista le ha dado impulso a la teoría de que esas mujeres prefieren el aborto o entregar sus hijos en adopción, lo que obviamente haría que el concepto de crianza conjunta fuera innecesario.
Todo esto, dicen los expertos, ha hecho que el siglo XXI tenga una enorme desconexión entre las leyes de custodia y las leyes sobre las violaciones y los abusos sexuales.
El próximo año, Noemí planea testificar ante los legisladores de Nebraska, pues cree que las leyes deben protegerla a ella y a miles de madres más que no quieren criar a sus hijos con los hombres que las violaron. Ya está preparando su testimonio y espera cambiar la ley a su favor.
¿Existe un escenario en el que un condenado por violación que haya cumplido su castigo y demostrado, genuinamente, que se ha reformado, tenga la oportunidad de ser padre?
Es una pregunta muy difícil, opina Tennyson. “Aunque cada uno quisiera tener una ley que funcione para cada situación, eso no siempre es posible”. Algunas veces la solución “no está en la ley misma sino en los corazones de los padres involucrados”.
Para Prewitt es importante tener en cuenta el impacto que la crianza conjunta tendrá en la madre, quien siempre se verá confrontada al trauma de su violación. “Realmente tiene un efecto muy negativo en las mujeres. Las hace más vulnerables para caer en la adicción al alcohol, les impide mantener un trabajo”, explica.