(CNN Español) – El hombre que desde hace más de tres años es uno de los rostros de la lucha contra la corrupción en Guatemala no solo ha tenido que asumir un papel que para muchos parecía casi imposible en un país azotado por las malas prácticas en el gobierno, sino que también ha debido enfrentar fuertes críticas a la gestión de la entidad que preside e incluso graves acusaciones en su contra. ¿Cómo es la labor de Iván Velásquez y cuáles son los desafíos en este momento?
Velásquez, abogado colombiano y ganador del premio mundial de Derechos Humanos en 2011 es, desde el 1 de octubre del 2013, el presidente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente cuyo accionar ha ayudado a destapar las más graves tramas de corrupción en el país centroamericano.
La CICIG, en labores conjuntas con el Ministerio Público, dirigido por la fiscal Thelma Aldana, logró desentrañar la red que defraudaba el sistema de aduanas y que cobró renombre como Caso La Línea, en el que tuvieron un activo papel el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El expresidente ha negado los cargos y Baldetti dice ser inocente.
En otro caso, conocido como Cooptación del Estado, muy ligado con La Línea, la CICIG, en su noveno informe anual entregado el pasado 24 de noviembre, informó que “se construyó a partir del seguimiento minucioso del dinero y bienes de los cabecillas de La Línea y de sus testaferros, detectándose en ese sentido la existencia de un grupo de empresas fachada o de cartón”.
Según el ente, los dineros provenientes de este esquema, aportados por “comerciantes, grupos empresariales vinculados a medios de comunicación, empresarios de la construcción y banqueros, entre otros” fueron a parar a las arcas del Partido Patriota (el de Pérez Molina) para las elecciones presidenciales del 2011.
El caso que más recientemente ha impactado a la sociedad guatemalteca es el denominado Botín Registro Propiedad, en una operación destinada a perseguir los faltantes de fondos provocados al Estado a través de la Registraduría General de la Propiedad.
La mecánica de desfalco, según el Ministerio, consistió en la sustracción de fondos estatales del Estado a través de la “simulación de eventos” que nunca se hicieron, pero por los que sí se cobraron grandes cantidades de dinero que fueron a dar a manos de particulares.
Velásquez habló en exclusiva con CNN en Español sobre los retos que enfrenta, los casos que ha liderado y los desafíos contra la corrupción en América Latina:
La labor de la CICIG ha sido más publicitada en los últimos dos años, primero por los efectos que tuvo un caso como el Caso La Línea, con la salida del poder del presidente Otto Pérez Molina, y el Caso Botín Registro Propiedad. ¿En qué radica el éxito de la CICIG y de la gestión conjunta con el Ministerio Público?
Velásquez: Podría destacar esa investigación del Caso La Línea y otras que son de igual o mayor contundencia y reveladoras de estructuras criminales en el país. En el Caso Botín Registro Propiedad, particularmente en lo que tiene que ver con el hijo y el hermano del presidente de la República, Jimmy Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, quienes se declararon dispuestos a someterse a los procesos) son asuntos que, en lo relacionado con ellos, realmente menores, que no podrían compararse de ninguna forma con temas como los de las investigaciones que mencionaba. El Caso Cooptación del Estado, que se presentó en junio del 2016, revela con mayor amplitud de qué forma el Estado guatemalteco fue capturado por redes y estructuración.
Creo que frente a una situación de corrupción estructural que ha vivido Guatemala, el que en estas investigaciones que adelantamos con el Ministerio Público hubiéramos podido demostrar, con elementos de convicción muy fuertes, que altos funcionarios del Estado y factores diversos del país estaban comprometidos con actos de corrupción, con actos ilícitos, generó una cierta recuperación de la esperanza de los guatemaltecos en que sí era posible luchar contra la impunidad.
Eso elevó el interés nacional y también internacional en lo que está haciendo Guatemala, sobre cómo empezó a reaccionar su sociedad a partir del 2015, específicamente del Caso La Línea, y ha mantenido más o menos la atención por lo menos regional, precisamente porque, continuando con las investigaciones de diversa clase, hemos continuado también mostrando de qué forma se ha producido esa captura del Estado en todos sus niveles. Investigaciones que tienen que ver con magistrados de la Corte Suprema de Justicia o con funcionarios judiciales en general (jueces y magistrados), pero también con el Congreso de la República o con el gobierno. Eso ha generado una confianza adicional en el sentido de que afirman que sí es verdad, como lo venimos sosteniendo la fiscal general (Thelma Aldana) y yo, que aquí no investigamos selectivamente, que no hay miramientos, exclusiones, sino que, en la medida en que adelantamos investigaciones que nos generan resultados, esos siempre son presentados ante los jueces.
De eso precisamente lo acusan tanto detractores suyos como de la fiscal Aldana, de que no se han investigado ciertos casos, de que la CICIG se estaría tomando la justicia en Guatemala y que había una especie de concesión de soberanía. ¿Qué tanto de cesión de la soberanía judicial hay en el accionar de un ente como la CICIG, cuya presencia fue pedida por el Estado guatemalteco a Naciones Unidas?
Creo que no hay concesión alguna de soberanía. La manera en cómo está prevista la estructuración de la CICIG en el convenio (firmado entre el gobierno guatemalteco y las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 2006, ratificado por el Congreso el 1 de agosto del 2007 tras un concepto favorable de la Corte de Constitucionalidad de mayo del 2007) es una actuación nuestra de apoyo, contribución, colaboración con el Ministerio Público de Guatemala para la identificación, desarticulación, persecución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
Este tema de prestar colaboración tiene una significación especial. La CICIG no es un órgano de sustitución del Ministerio Público guatemalteco, sino que lo acompaña. Quien tiene la titularidad de la acción penal es el Ministerio Público. La CICIG no puede pedirle a un juez que ordene un allanamiento, una captura o una interceptación telefónica, todo esto lo tiene que hacer es el Ministerio Público. Lo que ocurre es que nosotros, con la capacidad técnica investigativa de la que disponemos, colaboramos con el Ministerio Público para esas investigaciones y entonces este actúa ante los jueces. En algunos de los casos, porque está también permitido en el convenio, intervenimos como querellantes adhesivos. Es decir, nos podemos constituir también en esos procesos.
Mucho de lo que se plantea de la crítica es porque, como la CICIG puede adelantar indudablemente investigaciones profundas e independientes, eso genera un temor, y es uno fundado en eventuales investigados que no pueden inferir en la CICIG, que no pueden ejercer presiones respecto a las investigaciones, que no tienen posibilidad de hacer tráfico de influencias o de una fuerte presión que se pudiera ejercer para que se haga o no determinada cosa.
Usted valora mucho el trabajo junto al Ministerio Público y a la fiscal Thelma Aldana. ¿En qué radica el éxito también de ella en su labor?
El compromiso de ella, que ha revelado a través de estos años que hemos trabajado conjuntamente, en la lucha contra la corrupción es indudable. El valor en enfrentar las estructuras ha sido indiscutible. Ella lo señaló en una conferencia muy destacable, decía: “Yo misma soy producto de esa corrupción, porque yo fui elegida por el gobierno del Partido Patriota del que nos hemos dado cuenta que fue una estructura criminal”.
Creo que el reconocimiento de realidades como esa y el compromiso que ha demostrado en la lucha contra la corrupción, el que siempre haya sido más promotora, impulsora, no generadora de obstáculos o trabas en las investigaciones que los fiscales adelantan, el no haberse sometido a las presiones, el haberse independizado del propio poder que la designó como fiscal general, la hace muy destacable y digna del reconocimiento que ha tenido en su lucha contra la corrupción.
La semana pasada arreciaron muchas críticas en contra de la CICIG y, especialmente en contra suya. ¿Qué piensa de esos señalamientos?
Es una defensa equivocada que personas afectadas por las investigaciones asumen en lugar de concentrarse en desvirtuar los elementos probatorios que se han recogido en su contra. Entonces, por lo que optan es por hacer esta clase de señalamientos con los que tratan de deslegitimar a quien está en una coordinación de la actividad investigativa en la CICIG. Creo que son campañas que buscan generar en la comunidad desconfianza frente a mi figura como una persona que está por razón de las circunstancias en la posición que ocupo.
Lo que estamos tratando de desarmar aquí son estructuras más permanentes que un gobierno (como el de Otto Pérez Molina), que han estado por décadas en el país, pero que se han valido de entes transitorios como los gobiernos para perpetuarse en sus beneficios, vicios, garantías, provecho, riqueza, en las utilidades que han tenido en esa captura del Estado.
Decía un expresidente de su país natal, Julio César Turbay Ayala, que a la corrupción había que reducirla a “sus justas proporciones”. En un caso como en el de Odebrecht, en el que el Departamento del Tesoro de EE.UU. informó que en Guatemala se recibieron sobornos por 18 millones de dólares, ¿se salió la corrupción de sus “justas proporciones”? ¿Se volvió un monstruo continental?
Creo que en general en nuestros países ha habido una altísima corrupción. Lo que ha evidenciado el Caso Odebrecht tal vez podría ser de qué forma nuestros gobiernos o nuestros sistemas políticos o nuestros dirigentes en América Latina han sido permeables a la corrupción.
¿Cree usted que para un caso como el de Odebrecht habría que tener una CICIG continental?
No necesariamente. Los países tienen los instrumentos para enfrentar la corrupción y la impunidad. Hay circunstancias en cada país que pueden demostrar una necesidad específica de fortalecerse internamente o de buscar con la cooperación internacional que se generen apoyos como este de la CICIG.
Más que una CICIG latinoamericana lo que se necesita es un compromiso de los ministerios públicos, las fiscalías y los jueces y magistrados de la región en enfrentar con toda la decisión para combatir la corrupción.