(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezaría a aplicar medidas mucho más duras a los principales socios comerciales de su país.
Su gobierno podría imponer grandes impuestos sobre los envíos de acero desde otros países, alegando que representan un riesgo para la seguridad nacional. Los precios podrían subir tanto como Trump lo desee y eso fácilmente desencadenaría represalias por parte de otros países, perjudicando a otras industrias estadounidenses.
“Esta puede ser la decisión comercial más importante que hemos visto en décadas”, aseguró Edward Alden, alto miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. “Es extremadamente significativo”.
Se espera que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, anuncie los resultados de una investigación sobre las importaciones de acero. Los expertos en comercio y los inversionistas de Wall Street están convencidos de que es una conclusión inevitable: los aranceles están llegando. Es sólo cuestión de qué tan altos serán y contra quién.
Canadá, México, Brasil, la Unión Europea y Japón están entre los principales exportadores de acero a Estados Unidos. China, a la que Trump ha criticado por mentir sobre los precios del acero, ocupó el puesto once el año pasado, y los expertos en comercio dicen que es un objetivo probable.
Una pregunta clave es si el gobierno de Trump impondrá un impuesto sobre el acero de todos los países o si lo dirigirá a países específicos.
Otra cuestión importante es si los países tomarán represalias con sus propios aranceles sobre los productos estadounidenses, incluso fuera de la industria siderúrgica: una guerra comercial que podría costarle empleos a EE.UU.
Esa posibilidad tiene bajo alerta a los defensores de los agricultores estadounidenses. La industria agrícola del país envía una cuarta parte de sus productos a otros países.
“Es un gran negocio, y estamos muy preocupados por esto”, explicó Bob Young, economista jefe de la Federación de Oficinas Agrícolas de Estados Unidos (AFBF, por sus siglas en inglés), que representa a seis millones de agricultores. “El potencial está ciertamente allí para que otros países tomen represalias”, insistió.
Un funcionario del Departamento de Comercio aseguró que las empresas estadounidenses deberían “estar seguras de que el secretario Ross adopta un enfoque metódico y razonado en todas las recomendaciones que le hace al presidente”.
Una ley de 1962 le permite a Ross eludir un panel independiente de jueces de comercio de Estados Unidos y decidir él mismo sobre los impuestos al acero. Y al invocar la seguridad nacional, el gobierno de Trump tiene amplios poderes para determinar qué tan grandes y amplias serán los aranceles.
El gobierno sostiene que Estados Unidos depende demasiado del acero extranjero para el equipamiento militar y las obras de infraestructura como carreteras y puentes. Si las naciones productoras de acero deciden ponerse en contra del país, el argumento es que EE.UU. no sería capaz de construir tanques y otros elementos esenciales para defenderse.
La industria automotriz estadounidense es uno de los mayores compradores de acero extranjero y se opone a los aranceles. El Consejo Estadounidense de Política Automotriz (AAPC, por sus siglas en inglés), que hace cabildeo para General Motors y Ford, advirtió en mayo que extender los impuestos sobre el acero significaría que “se perdieran los empleos del sector automotriz estadounidense”.
Pero los líderes de la industria siderúrgica han animado a Trump a ir por los competidores extranjeros.
Barbara Smith, presidenta de Commercial Metals Company, productora de acero de Texas, sostuvo en mayo pasado durante una audiencia en el Departamento de Comercio que su compañía ha cerrado 30 sucursales en Estados Unidos desde 2008 y despidió a 4.000 trabajadores debido a la competencia extranjera. La empresa tiene hoy cerca de 8.400 empleados.
Los altos precios del acero estadounidense y el aumento de la competencia extranjera han provocado una gran caída en los empleos del sector en el país. Hay cerca de 385.000 trabajos actualmente, en comparación de los 624.000 que se registraron en 2000. Éstos son empleados a los que Trump prometió proteger como candidato.
Los defensores del acero estadounidense acusan a China de vender el producto a precios inferiores del promedio mundial para evitar la competencia estadounidense. Eso se conoce como dumping.
El gobierno de Barack Obama impuso el año pasado un arancel del 500% sobre el acero chino para combatir la práctica. Las exportaciones chinas de acero a Estados Unidos cayeron casi dos tercios como resultado de esa medida. En total, Estados Unidos ha impuesto unas 200 medidas antidumping contra los productos siderúrgicos chinos a lo largo de los años.
China también ha sido acusada de enviar acero a través de un intermediario para disfrazar su procedencia. Las compañías estadounidenses señalan que las exportaciones de acero de Vietnam a Estados Unidos aumentaron casi 300% sólo entre 2015 y 2016. El gobierno de Obama abrió una investigación sobre el tema en noviembre pasado.
Si Trump impone aranceles, la Organización Mundial del Comercio (OMC) podría considerarlos una violación de las leyes comerciales mundiales, lo que permitiría a otros países demandar ante un tribunal de la misma entidad. Los expresidentes han seguido las disposiciones de la OMC, pero el equipo comercial de Trump ha dado señales de que puede ignorar las decisiones de la entidad.
Mientras tanto, el riesgo de represalias sería alto.
Young asegura que los empleos en Estados Unidos podrían estar en riesgo. Él sostiene que los chinos aumentarían con facilidad los aranceles a la soja estadounidense, una de las mayores exportaciones del país norteamericano a China. Hay cerca de 300.000 granjas de soja en Estados Unidos.
Algunos líderes mundiales ya están poniendo a Trump sobre aviso.
“Nos golpeará muy duro”, afirmó Cecilia Malmstrom, comisionada de Comercio de la Unión Europea, en un evento político la semana pasada. “Tendremos que responder de diferentes maneras”.