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¿Cuáles son los nuevos retos para el pacto entre el Gobierno y las FARC?
04:31 - Fuente: CNN

(CNN Español) – El presidente de Colombia Juan Manuel Santos presidió este martes el lanzamiento del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), un ambicioso plan para llevar desarrollo y oportunidades e implementar los acuerdos de paz firmados el año pasado en La Habana entre el gobierno y las FARC en los 170 municipios más afectados por la violencia.

Esos 170 municipios fueron escogidos por tener los mayores índices de conflicto armado, pobreza, economías ilícitas y debilidad institucional. Además, hacen parte de las 16 subregiones o circunscripciones especiales de paz que se acordaron en Cuba y que tendrán derecho a un curul especial en la Cámara de Representantes durante los próximos dos periodos legislativos (2018-2022 y 2022-2026).

Imagen de archivo. Foto de un área rural del departamento del Chocó, una zona de Colombia que ha sido azotada históricamente por la pobreza, el abandono del Estado y la violencia de grupos armados ilegales.

Según el gobierno, el PDET llevará a esas zonas olvidadas de Colombia a las que el Estado nunca había llegado o lo había hecho de manera muy débil e intermitente, “alternativas de desarrollo rural, infraestructura y proyectos productivos”.

El lanzamiento se llevó a cabo Morelia, un pequeño municipio de no más de 4.000 habitantes en el departamento de Caquetá, en el sur del país. Caquetá fue, históricamente, un territorio dominado por la guerrilla de las FARC.

Según el alto consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, Rafael Pardo, el PDET “marcará la ruta para la reconciliación del campo en Colombia” y es fundamental en la construcción de paz pues sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural, promueve la economía campesina e integra a las regiones afectadas por la guerra.

“Los PDET llegarán a las zonas más afectadas por el conflicto armado, y aquellas que tienen mayor número de hectáreas con cultivos de coca. Incluso en muchas hay minas antipersona. Son zonas que requieren de un intervención estructural por parte del Estado”, dijo Pardo antes del lanzamiento del ambicioso proyecto.

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Imagen de archivo. Eugenio Serna, de Medellín, mutilado hace 10 años por una mina antipersona.

De acuerdo con los cálculos del gobierno, más de 7 millones de personas viven en esas zonas alejadas del país a las que deberán llegar los proyectos y las oportunidades del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Una de las prioridades del PDET será mejorar las llamadas vías terciarias, que comunican a las veredas de los municipios con las cabeceras urbanas del mismo y que o no existen o están en pésimo estado y por eso obstaculizan no sólo la movilización de sus habitantes, sino el transporte y comercialización de los productos de los que viven.

Pardo se comprometió, de hecho, a que en diciembre del 2017 ya estén listos los 50 kilómetros de vías que ya fueron aprobados para los 51 municipios con las peores vías del país.

Con el lanzamiento del PDET el gobierno de Colombia comienza a cumplir uno de los aspectos más importantes del acuerdo final de paz alcanzado en La Habana: el de hacer reformas estructurales por mucho tiempo aplazadas en el campo, históricamente abandonado por el Estado.

El primer punto de los acuerdos, de hecho, está dedicado exclusivamente a ese tema y lleva por nombre “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”.

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El alto representante de las Naciones Unidas y jefe de la Misión la ONU para Colombia, Jean Arnault y el comandante de las FARC Pablo Catatumbo durante la ceremonia de la dejación de armas de las FARC en el municipio de Buenos Aires (Cauca) el 13 de junio de 2017.

Desde el año pasado, los sectores que se oponen al acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, liderados por el partido Centro Democrático del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, han mostrado su preocupación porque dicen que el dinero y los esfuerzos del Estado no se usará para ayudar a las regiones rurales más afectadas por el conflicto, sino que irá directamente a los combatientes de ese grupo armado, que durante décadas permanecieron en esas zonas.

El Gobierno ha respondido a esas críticas asegurando que los programas de desarrollo están destinados a la población campesina más afectada por la guerra y no a las FARC.

Según Pardo, para financiar los programas se invertirán 129.000 millones de pesos (unos 43 millones de dólares), que saldrán del presupuesto de la nación, aportes del sector privado y de la cooperación internacional que ha llegado al país para sacar adelante los acuerdos de paz alcanzados con las FARC.

El ambicioso Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) lanzado este martes por el presidente Santos tiene una vigencia de 10 años. Los 170 municipios a los que llegará hacen parte de 16 subregiones ubicadas en 19 de los 32 departamentos del país.

Los proyectos hacen parte de lo que el gobierno ha llamado los “8 pilares básicos” de la reforma rural integral acordada en La Habana y podrán ser formulados por distintos actores locales y regionales en los siguientes temas:

  1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo.
  2. Reactivación económica y producción agropecuaria.
  3. Educación rural.
  4. Vivienda, agua potable y saneamiento.
  5. Salud rural.
  6. Derecho a la alimentación.
  7. Reconciliación, convivencia y paz.
  8. Infraestructura y adecuación de tierras.