(CNN Español) – Uno de los actos que más polémica ha suscitado por parte de la recién instituida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela es la instalación de la Comisión de la Verdad, que, según el oficialismo venezolano, buscará determinar responsabilidades por lo ocurrido en los últimos meses en el país, pero que la oposición asegura que será como una especie de corte paralela para hacer acusaciones.
La comisión está conformada por la presidenta de la ANC, la excanciller Delcy Rodríguez; la exministra de la Presidencia Carmen Meléndez, José Vicente Rangel Ávalos, Luis Durán, Ailin Guerra, Edgar Enrique Márquez, María Eugenia Rusián, Soraya El Achkar, el sacerdote Numa Molina, el fiscal general Tarek William Saab, el defensor del Pueblo encargado Alfredo Ruiz y tres miembros de la oposición.
Como secretario ejecutivo de la comisión fue designado el abogado Larry Devoe.
En la primera sesión, Rodríguez anunció que se enviará al Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud para que remita a la Comisión de la Verdad los listados de postulados a cargos de gobernadores para determinar si alguno estuvo involucrado en hechos de violencia, y se abrirá una investigación contra personas responsables de hechos de violencia ocurridos en el año 2017.
Hasta el momento, la opositora MUD no se ha pronunciado sobre si designarán a estos tres miembros para que integren la comisión.
El objetivo de la comisión
Según Delcy Rodríguez, la Comisión de la Verdad investigará hechos de “violencia con fines políticos y delitos conexos desde 1999 hasta la actualidad”. Otra de las metas de la citada instancia será “investigar y determinar la verdad, pero también las responsabilidades de los victimarios y las sanciones que corresponda”.
Pero hay voces que alertan que el propósito sea desviado políticamente.
“Tiene una intencionalidad que a más de un sector le preocupa porque pareciera una suerte de tribunal ad hoc que se configura, cuyas competencias no están del todo claras y al que se le podría atribuir incluso de facto capacidades jurisdiccionales para tomar decisiones”, le aseguró a CNN en Español John Magdaleno, politólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El pasado martes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió que “los casos de terrorismo y violencia política” que estén en la justicia militar sean transferidos a la justicia ordinaria, ante lo cual Rodríguez aseguró que la solicitud “se instrumentará a través de la Comisión de la Verdad”.
“Yo le pido a la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz que por favor inicie un proceso ante los vendepatria que han salido a pedir la intervención de Venezuela y apoyar la amenaza de Donald Trump contra la paz de la República”, había asegurado antes Maduro, como una reacción a las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien en el marco de su gira por Latinoamérica declaró en la ciudad colombiana de Cartagena que “Venezuela se desliza hacia una dictadura, y como ha dicho el presidente Trump, Estados Unidos no se quedará parado mientras Venezuela se desmorona”.
Cabe recordar que, según el artículo 349 de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Esto quiere decir que ni siquiera poder judicial podría decidir en contra de un pronunciamiento de la ANC y de su Comisión de la Verdad.
“La comisión, de acuerdo con la ley constituyente que rige su funcionamiento, contará con una vigencia de 12 meses y tendrá “rango constitucional con personalidad jurídica y autonomía funcional, administrativa y presupuestaria”, aseguró la agencia oficial AVN.