(CNN) – El asesinato de Kate Steinle inspiró un proyecto de ley contra la inmigración ilegal, mientras el presidente Donald Trump y otros republicanos han invocado su nombre al denunciar las ciudades santuario y promover la construcción del muro fronterizo en la frontera con México.
Ahora, más de dos años después de su muerte, su supuesto asesino enfrenta un juicio.
Las declaraciones de apertura en el juicio contra Juan Francisco López Sánchez comienzan este lunes en el caso por asesinato en segundo grado contra este mexicano indocumentado acusado de entrar a Estados Unidos de manera ilegal repetidamente. Él fue arrestado horas después de que Steinle recibiera un disparo mortal mientras caminaba con su papá en julio de 2015 en el muelle de San Francisco. La bala impactó en su espalda y le perforó la aorta.
El juicio de López Sánchez había sido retrasado varias oportunidades desde su arresto. Él se declaró no culpable durante su acusación.
El caso ha provocado controversia por las políticas de inmigración debido a dos detalles clave: López Sánchez era un delincuente convicto que había sido deportado cinco veces de Estados Unidos, y antes del tiroteo, las autoridades de San Francisco, una llamada ciudad santuario, había liberado a López Sánchez en vez de entregarlo a las autoridades federales.
El caso de López Sánchez se ha vuelto un grito de guerra para Trump y otros. Pero su abogado le dijo a CNN en meses anteriores de este año que el asesinato fue accidental.
“Hay evidencia sustancial de que es completamente un accidente”, dijo Matt González. “Desde nuestro punto de vista, la bala rebotó en el suelo”.
En una columna de opinión en el San Francisco Chronicle, González dijo que su cliente encontró el arma envuelta en una camiseta y accidentalmente se le disparó en sus manos, la bala rebotó cerca del lugar donde estaba sentado López Sánchez. Era una Sig Sauer calibre .40, que según dice González en el editorial, es “conocida por tener un gatillo delicado” y pertenecía a un funcionario de la Oficina de Administración de Tierras a quien se la robaron de su automóvil, dijo el abogado.
González dijo que el caso de su cliente fue usado para “avivar el miedo a los inmigrantes”, y agregó que López Sánchez nunca había sido acusado de un crimen violento y que estaba en San Francisco solo porque las autoridades federales lo habían transportado allí para enfrentar un cargo por 20 años por porte de marihuana, un caso que fue desestimado rápidamente.
“Es un hombre simple con una educación de segundo grado”, escribió González. “Vino a Estados Unidos por la extremada pobreza que es la norma en muchas partes de México. Se arriesgó a ir a la cárcel para poder realizar un trabajo de baja categoría que podría alimentarlo. Cada vez, llegó a Estados Unidos porque los empleadores estadounidenses fomentan abiertamente la inmigración ilegal para llenar los puestos de trabajo que los ciudadanos estadounidenses no quieren”.
Los fiscales han pintado a López Sánchez como un peligro para el público, argumentando que él apuntó el arma contra Steinle y deliberadamente disparó.
“Este fue un acto de violencia al azar”, dijo la asistente del Fiscal de Distrito Diana García en 2015.
El nombre de Steinle hizo eco en los pasillos del Congreso este verano cuando la Cámara de Representantes aprobó la Ley Kate, una ley nombrada por ella. El Senado aún debe aprobar la medida, que podría incrementar las penas máximas de prisión a inmigrantes atrapados entrando repetidamente a los Estados Unidos de manera ilegal.
Pero la familia de la mujer asesinada de 32 años se ha negado a que su caso se convierta en un símbolo de la agenda de inmigración de los republicanos.
Su padre le dijo al San Francisco Chronicle a principio de este año que la familia apoya la medida bajo la posibilidad de que pueda salvar una vida, pero que espera que el nombre de su hija no sea parte de la controversia política.
“No sé quién acuñó el nombre ‘Ley Kate’”, le dijo Jim Steinle al medio local. “Ciertamente no fuimos nosotros”.
La familia presentó una demanda en 2016 alegando que San Francisco y su exshérif fueron en parte culpables de la muerte de Steinle porque los funcionarios nunca notificaron a Inmigración y Aduanas cuando López Sánchez fue liberado de una cárcel local en abril de 2015. Las autoridades de la ciudad han dicho que no son responsables por las acciones de un exrecluso.
Pero un juez desestimó las alegaciones de la familia contra la ciudad de San Francisco y contra el exshérif Ross Mirkarimi a principios de este año.
Mientras tanto, el gobierno de Trump y los republicanos que lo apoyan han hecho de la muerte de Steinle, junto con otros crímenes que fueron cometidos supuestamente por inmigrantes, un foco central de su estrategia contra la inmigración.
– Catherine Shoichet reportó desde Atlanta, Dan Simon, desde San Francisco y Tal Kopan reportó desde Washington. Eliott C. McLaughlin contribuyó con este reporte.