Nota del editor: Danny Cevallos (@CevallosLaw) es analista legal de CNN, abogado defensor en materia penal y socio del bufete Cevallos & Wong, que ejerce en Pensilvania y en las Islas Vírgenes estadounidenses. Las opiniones expresadas en este artículo son de su propia responsabilidad.

(CNN) - La Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley, el de No Santuario para Criminales y la Ley Kate, que forman parte de los estrictos cambios en cuanto a inmigración que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió durante su campaña.

Una de estas leyes exige que los estados ayuden a hacer cumplir los estrictos controles de inmigración y la otra castiga la repetición de reingresos de criminales condenados y deportados aumentando las penas de prisión federal. Juntas, estas leyes buscan el cumplimiento de las políticas federales de inmigración, y traen consigo duras penas para estados y convictos no ciudadanos por igual.

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Si se promulgan, estos proyectos de ley ayudarán a castigar y eliminar a los criminales no ciudadanos de Estados Unidos. Pero la verdadera cuestión es si podemos pagar sus costos, tanto constitucional como financieramente.

La Ley de No Santuario para Criminales crea obligaciones, entre ellas la de exigir que las localidades acaten las órdenes de detención de inmigrantes. Los estados que se opongan serán inelegibles para los fondos federales, incluyendo aquellos bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el programa 'Cops on the Beat' bajo la Ley Omnibus de Control de la Criminalidad y Calles Seguras de 1968, el Programa de Subsidios Edward Byrne Memorial para Asistencia en la Justicia, o cualquier otra subvención administrada por el Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Nacional para la aplicación de la ley, contra el terrorismo, la seguridad nacional, la inmigración o la naturalización. El proyecto de ley fue aprobado con una votación de 228 a favor y 195 en contra.

Imagen de archivo. Funcionarios de la Oficina de Inmigración de Estados Unidos durante el proceso de deportación de cientos de inmigrantes salvadoreños indocumentados, la mayoría de ellos con reportes criminales. (Crédito: John Moore/Getty Images)

El gobierno federal, a través del Congreso, tiene ciertamente la autoridad primaria para hacer reglas que admitan o no a los no ciudadanos. Los estados y las ciudades no establecen una política de inmigración. Por lo tanto, podría parecer que esta ley está claramente en el redil del poder del gobierno federal.

Pero la décima enmienda a la Constitución le prohíbe al gobierno federal obligar a los estados individuales a administrar o hacer cumplir un programa regulatorio federal.
El gobierno federal no siempre tiene que obligar a los estados a hacer algo que quiere que hagan, y a veces el Congreso puede usar una zanahoria en lugar de un garrote. Es el denominado poder de gasto. El Congreso puede condicionar el desembolso del dinero federal a los estados.

Esto es más o menos así: "Hey, Luisiana, este es el gobierno federal. No estamos diciendo que tengas que aumentar la edad para beber de 18 a 21 años. Pero para que sepas, solo le estamos dando fondos federales a los buenos estados cuyas edades para beber sea los 21 años". De hecho, esa es una historia real. Luisiana eventualmente cedió y aumentó su edad para beber.

Sin embargo, incluso el poder de los incentivos económicos del Congreso tiene límites, según la Corte Suprema. Uno de ellos es que el incentivo financiero no puede ser coercitivo. El Congreso excede su autoridad cuando el estímulo económico se convierte en compulsión. Esto tiene sentido: la legislación sobre la cláusula de gasto no debe socavar la independencia de los estados.
En el caso de los estados y sus edades de consumo de licor, la Corte Suprema sostuvo en 1987 que mientras el Congreso sólo cortara un pequeño porcentaje de la financiación federal, no equivalía a una coerción inconstitucional.

Donald Trump en el Pentágono, durante la firma del decreto sobre inmigración. (Foto: Olivier Douliery-Pool/Getty Images).

La Ley de No Santuario para Criminales amenaza con quitar los fondos federales para la aplicación de la ley y, de acuerdo con el lenguaje del proyecto, hace que los estados no sean elegibles para "cualquier fondo" o "subvenciones... relacionadas con la aplicación de la ley, seguridad nacional". Eso podría ser bastante coercitivo para cualquier estado que tiene un problema con el crimen... que son todos.

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La segunda ley, la Ley Kate, lleva el nombre de una joven asesinada hace dos años en San Francisco por un inmigrante indocumentado que había sido deportado cinco veces. En el 2015, Juan Francisco López-Sánchez, que tenía siete condenas por delitos mayores, disparó al azar y asesinó a Kate Steinle, de 31 años, mientras caminaba por un muelle junto a su padre.

La ley aumentaría las penas, entre ellas la encarcelación, para los inmigrantes indocumentados que ingresen repetidamente a Estados Unidos ilegalmente tras ser deportados, especialmente si tienen antecedentes penales. La Ley Kate fue aprobada por 257 votos a favor y 167 en contra.

Antes de promulgar la ley de Kate, tenemos que hacerle frente a una pregunta: ¿tiene sentido castigar a la gente por no permanecer lejos de nuestro país manteniéndola aquí mismo? ¿Estados Unidos querrá pagar por más años de encarcelamiento a personas que podrían regresar a sus países de origen? El costo para cubrir el gasto promedio de encarcelamiento por recluso federal en el 2015 fue de 31.977.65 dólares (87.61 dólares por día).

Esto no significa que debamos expulsar a todos los no ciudadanos condenados por un crimen en lugar de imponerle una pena de prisión. La encarcelación es un castigo tanto para los ciudadanos como para los no ciudadanos. Pero se vuelve extraña cuando el delito que se castiga es la reentrada ilegal, y el castigo es mantenerlos en el país al que reingresaron ilegalmente.

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Además, si aumentamos la pena máxima, estamos optando por pagar más por albergar, alimentar y proporcionarle atención a otros presos federales. Hablando de forma realista, pocos ciudadanos no condenados intentarán volver al país después de la deportación. E incluso si algunos lo hacen, no es probable que cometan homicidios.

Hay ciertamente algunos argumentos válidos que apoyan la Ley Kate. Si encierras a alguien en una prisión federal, él o ella no podrán victimizar a más personas, mientras que una persona deportada puede regresar a Estados Unidos y cometer más crímenes. En otras palabras, un no ciudadano encarcelado no puede representar una amenaza para personas inocentes como Kate Steinle.

Francisco López Sánchez es un inmigrante indocumentado que tiene un historial criminal (Crédito: Facebook/Departamento de Policía de San Francisco)

Pero el proyecto de ley podría ser costoso y sigue en el aire esta pregunta: ¿vale la pena el precio del beneficio de seguridad potencial?
Si realmente promueve la seguridad, entonces tal vez pueda valer la pena el sustancial costo de la Ley Kate.

Las mentes razonables pueden diferir sobre si la Ley de Kate puede ser efectiva. El aumento de las penas es una característica común de la nueva legislación penal federal. Pero es palpable que la Ley de No Santuario para Criminales viola los principios fundamentales del federalismo, aunque de alguna manera pase sigilosamente más allá de sus inevitables desafíos en los tribunales.