Nota del editor: Angelika Albaladejo es una periodista independiente que cubre seguridad, derechos y justicia social en las Américas. Actualmente, está en Río de Janeiro, Brasil, tras un año y medio de informar desde Medellín, Colombia. Previamente, trabajó como analista y defensora de la política exterior de Estados Unidos para América Latina con el Centro de Política Internacional y el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos. Síguela en Twitter: @AAlbaladejo. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
(CNN) – La directora de asuntos de prensa de la Casa Blanca, Helen Aguirre Ferré, le dijo a un programa de radio de Guatemala que la larga campaña anticorrupción de este país –que ya lleva una década– es “absolutamente primordial” para mejorar las condiciones allí que contribuyen a la inmigración hacia Estados Unidos.
Hasta hace poco, las investigaciones contra la corrupción en Guatemala contaban con un amplio respaldo bipartidista en el Congreso de EE.UU. Sin embargo, con los crecientes ataques hacia las pesquisas en el país latinoamericano y el cabildeo en Washington, también aumentaron las preocupaciones frente a la posibilidad que el gobierno del presidente Donald Trump y varios republicanos importantes se dejen persuadir para quitarle el apoyo a la campaña.
Si Trump y miembros del Congreso debilitan el apoyo estadounidense a la lucha de Guatemala contra la corrupción, solo empeorarán la pretendida crisis inmigratoria que dicen quieren resolver.
El número de inmigrantes que han llegado a Estados Unidos provenientes de Guatemala y sus vecinos centroamericanos –El Salvador y Honduras– ha crecido durante los últimos años. Solo en lo que va del año, hay más familias guatemaltecas y menores no acompañados detenidos en la frontera que en todo 2017.
La corrupción endémica en Guatemala alimenta directamente las condiciones que obligan a miles de inmigrantes a huir del país en busca de seguridad y estabilidad, a menudo en Estados Unidos. Debido a las élites guatemaltecas que supuestamente llevaron fondos del gobierno a sus propios bolsillos a través del fraude, soborno, lavado de dinero y contratación irregular de servicios, no se han realizado las inversiones adecuadas en atención médica, educación y otros servicios básicos. La confianza pública en el gobierno está diezmada, mientras las redes criminales y las pandillas han encontrado oportunidades ilimitadas para expandirse y cooptar funcionarios.
La corrupción también es uno de los factores claves que ha hecho incapaz al gobierno de Guatemala de enfrentar la violencia que asedia a sus comunidades o de castigar a los criminales por sus delitos, situaciones que los migrantes suelen citar como razones para huir a Estados Unidos.
Desde que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –conocida como la CICIG y respaldad por la ONU– empezó a funcionar en 2007, sus investigadores y fiscales guatemaltecos han desmantelado con éxito redes criminales que involucran a las élites más ricas y poderosas del país, las mismas que durante décadas trasquilaron las arcas del gobierno, permitiendo que la pobreza y la inseguridad crecieran.
Pero los políticos y empresarios poderosos de Guatemala que están acusados en las investigaciones de la CICIG han tratado reiteradamente de socavar al organismo y de detener las pesquisas en su contra y de sus aliados, incluso a través de recientes propuestas a Washington.
Entre ellos se encuentra el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Y, aunque él se lanzó a la campaña presidencial de 2016 con el lema “ni corrupto ni ladrón”, desde entonces la Fiscalía General del país lo ha acusado a él y a muchos en su círculo cercano de una variedad de delitos de corrupción.
En abril pasado, la Fiscalía confirmó que investiga si Morales habría recibido financiación ilícita para su campaña, incluyendo la de un narcotraficante conocido. Morales ha negado cualquier delito. Pero en respuesta a la medida, empezó a atacar las pesquisas reiteradamente, quizás motivado por el miedo de terminar como su predecesor Otto Pérez Molina, quien fue destituido, encarcelado y está a la espera de juicio por acusaciones sobre su supuesta participación en una red de tramas de corrupción de amplio alcance, algo que él niega.
Según el jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez Gómez, el apoyo de Morales a la comisión “dejó de existir” desde que él y sus familiares fueron acusados. En agosto de 2017, Morales intentó sin éxito expulsar a Velásquez. Pero él podría estar lográndolo en sus gestiones con Estados Unidos.
Durante años, Morales y sus aliados han estado cabildeando fuertemente en Washington contra el esfuerzo anticorrupción. Incluso, recientemente, el Gobierno y su círculo cercano tomaron medidas para contratar a una empresa con sede en Estados Unidos que está relacionada con el vicepresidente Mike Pence, apuntando a fortalecer su relación con la administración Trump.
Y hay más: el gobierno de Morales también ha respaldado o se ha hecho el de la vista gorda ante las controvertidas políticas de Trump, especialmente cuando se trata de Israel o del tema inmigratorio, lo que podría ser un intento por ganarse el favor y posiblemente conseguir el apoyo para socavar las investigaciones anticorrupción.
No olvidemos que Morales siguió el ejemplo de Trump de trasladar a Jerusalén la embajada de su país en Israel. Días después de que la embajada de Estados Unidos fuera reubicada a mediados de mayo, Guatemala se convirtió en el primer país del mundo en hacer lo mismo.
Jimmy Morales se ha definido como cristiano y él y su administración sostienen que el traslado de la embajada fue una muestra de apoyo a Israel. Pero el medio de transporte que utilizaron para llegar a Jerusalén apunta a que además se trató de un fortalecimiento en los vínculos con aliados de Trump. En mayo pasado, el ministro de Relaciones Exteriores reconoció públicamente que el presidente guatemalteco y su delegación viajaron a la inauguración en Israel en un avión que es propiedad del magnate estadounidense Sheldon Adelson, quien también fue uno de los principales hombres que financió la campaña de Trump a la presidencia.
La Fiscalía General de Guatemala investiga si el uso del avión de Adelson por parte de los funcionarios podría considerarse un soborno o no. Pero según el canciller, Adelson no cubrió los costos del viaje y el equipo legal del gobierno de Morales estableció con anterioridad que utilizar la aeronave no era ilegal. Los representantes de Adelson no respondieron a una solicitud para comentar.
Pero, al mirar en detalle los asistentes a la inauguración de la embajada se insinúa una superposición para Morales entre la relación que desarrolla con el círculo cercano de Trump y su deseo por atenuar el escrutinio de las acusaciones por corrupción en contra suyo y de su familia. Tanto el hermano como el hijo de Morales tuvieron que ser liberados temporalmente de su arresto domiciliario para la ocasión especial. Los dos atraviesan un juicio en el que son acusados de fraude. Ambos niegan los cargos. Samuel Morales admite que facilitó la falsificación de recibos para respaldar el gasto de miles de dólares sacados del registro nacional de propiedad de Guatemala como un “favor” a su sobrino, pero asegura que no se benefició de la trama.
Dado que Trump ha calificado repetidamente a las investigaciones en su contra de ser una “cacería de brujas”, resulta fácil entender por qué Morales podría convencer al gobierno de Estados Unidos de que las pesquisas en Guatemala están siendo “manipuladas” de manera similar, a pesar de la clara evidencia que apunta a lo opuesto.
Y cuando se trata de las políticas inmigratorias de Estados Unidos –que son ineficaces para atacar las causas y además afectan a los guatemaltecos– Morales casi siempre se ha hecho el de la vista gorda. Tras la política de “tolerancia cero” que llevó a la separación de bebés y niños de sus padres, Morales permaneció en silencio durante semanas y, cuando finalmente se pronunció, dijo que “respetaba” la política. Es más, solo condenó los hechos después de enfrentar intensas críticas por parte de los guatemaltecos y de los tuits de la congresista estadounidense Norma Torres.
Un creciente contingente de importantes republicanos en el Congreso ha comenzado a dale la vuelta al tema de la cruzada de anticorrupción en Guatemala y a cuestionar la legitimidad de la CICIG, alegando sin evidencia que la entidad fue corrompida. Al respecto, se han hecho audiencias en el legislativo estadounidense y el senador Marco Rubio, quien se refiere a Morales como un “gran amigo”, incluso aprovechó un momento para suspender la ayuda de EE.UU. a la CICIG. El Gobierno de Estados Unidos ha proporcionado casi la mitad del presupuesto de la entidad desde que comenzó. Y la decisión de retener estos fondos podría cerrar efectivamente la comisión, a menos que intervengan otros donantes.
Si la administración de Trump y el Congreso de EE.UU. realmente quieren abordar la violencia de las pandillas y reducir el número de inmigrantes centroamericanos que recurren a su país como un refugio seguro, acabar con la corrupción debería ser una prioridad. Si los desarrollos recientes son una señal, parece que desafortunadamente están lejos de lograrlo.