Nota del editor: Dan Restrepo es abogado, estratega demócrata y colaborador político de CNN. Fue asesor presidencial y director para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad durante la presidencia de Barack Obama. Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas del autor.
(CNN Español) – Principios por encima de cálculos políticos—eso es lo que más necesita Estados Unidos en este momento.
Lo necesita porque vivimos un momento inédito en nuestra historia moderna. Un momento en el que las instituciones y la institucionalidad, que han diferenciado a Estados Unidos de muchos otros países durante los últimos 100 años, están en riesgo.
La publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 deja muchas cosas claras.
También confirma varias cosas que ya sabíamos.
Deja claro, por ejemplo, que los rusos interfirieron en las elecciones de 2016. Primero, para tratar en embarrar el proceso democrático estadounidense en general y luego, para tratar de ayudar elegir Donald Trump como presidente.
Nos dice que, aunque no se han encontrado pruebas suficientes de actividad criminal, la campaña del presidente Trump buscó apoyo ruso y vio con buenos ojos las acciones de los rusos que la beneficiaban desde el punto de vista electoral.
También deja claro que el presidente Trump trató repetidamente de interferir en la investigación de manera directa e indirecta y que no lo logró no por falta de voluntad personal de obstruir la justicia, sino porque varias personas que trabajaron para él ignoraron sus órdenes.
El informe también nos confirma lo que muchos ya habían dicho: que tenemos un presidente y una administración que sistemáticamente mienten al pueblo estadounidense. El informe Mueller está repleto de ejemplos en los que funcionarios de la Casa Blanca calificaron informes periodísticos como “noticias falsas” y luego confesaron a investigadores no tener argumentos para respaldar esas acusaciones.
En breve, el informe Mueller nos dice que tenemos un presidente que no respeta los principios y valores que hacen grande a Estados Unidos y que ha tratado de hacer lo que en ningún estado de derecho sostenible se puede tolerar: ponerse por encima de la ley.
El informe también deja clarísimo lo que debe venir ahora: un juicio político, es decir, un proceso de impeachment, contra el presidente Trump.
Hay quienes dicen que ir por ese sendero sería una mala política electoral para el partido Demócrata que por tener mayoría en la Cámara de Representantes tiene la responsabilidad de decidir si empieza o no un proceso de juicio político. Argumentan que sería políticamente arriesgado para los demócratas avanzar con un proceso de ese tipo sabiendo de antemano que no podrán destituir al presidente por falta del apoyo de un mínimo de 20 senadores republicanos. Eso es lo que necesitan para garantizar que al menos dos tercios del Senado, el mínimo necesario para que el juicio avance, respalden la iniciativa.
Pero el hecho de que los senadores republicanos pondrán los intereses partidistas por encima de los principios no es una razón para abandonar los principios fundacionales del país.
Tampoco convence el argumento de que un juicio político le podrá ayudar políticamente al presidente Trump creando una narrativa que presente al mandatario como un líder que desafía al “establecimiento”.
Es un argumento que no tiene la fuerza necesaria para imponerse sobre un deber constitucional sagrado, aún si es cierto.
Todo indica que las opiniones sobre el presidente y, en particular, con respeto a los temas tratados en el informe Mueller ya están formadas de manera definitiva entre el público estadounidense. No habrá un antes y después político definitivo con respecto a lo que ha salido a la vista con el informe.
Aunque las consecuencias políticas pueden ser secundarias, si es que ocurren, en esta ocasión es posible que la falta de acción resulte ser un mal movimiento político de los demócratas.
Si quieren mantener su imagen como el partido de la rendición de cuentas y de la defensa del estado de derecho tienen que cumplir con su deber constitucional. También podría ser políticamente valioso forzar a los republicanos en el Senado a defender a un presidente que trató una vez tras otra de ponerse por encima de la ley.
El mejor argumento contra un juicio político en este momento es que, en el caso particular de Trump y en el momento político por el que estamos pasando como país, a largo plazo sería más saludable que sea el pueblo estadounidense quien rechace al presidente Trump en las urnas. Remover a un presidente antisistema como Trump a través de un juicio político podría hacer que un porcentaje importante de los votantes pierda la confianza en la legitimidad del proceso.
Pero no cumplir con un obvio deber constitucional podrá restar aún más credibilidad al sistema.
A fin de cuentas, un sistema que depende del balance de poderes requiere que alguien cumpla con su deber constitucional e institucional. Es decir, ante las acciones del presidente Trump, reveladas en el informe Mueller, no les queda otra a los demócratas en la Cámara. La hora de empezar el impeachment ha llegado.