(CNN Español) – Por segunda ocasión, el juez Jorge Guzmán no pudo verificar la existencia de archivos militares sobre la masacre de El Mozote, luego que la Fuerza Aérea de El Salvador se negó a cumplir el fallo emitido por el tribunal de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán.
El Tribunal de Instrucción tenía programado este lunes la inspección de archivos militares en busca de posibles evidencias que podrían ayudar a esclarecer la masacre cometida en diciembre de 1981, en la que murieron unas 1.000 personas, en su mayoría niños, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, elaborado en 1993 con la ayuda de Naciones Unidas.
“No podemos dejarlo entrar primero porque el señor presidente (Nayib Bukele) ya entregó la documentación que se posee”, explicó al juez un oficial, quien solo se identificó como el capitán Ortiz.
“No es así. El tribunal no tiene ninguna documentación de la que él mencionó en la conferencia de prensa que iba a entregar”, fue la respuesta del juez.
CNN estuvo presente junto a otros medios de prensa mientras el juez Guzmán intentó hacer efectivo el fallo y llevar a cabo la inspección.
Guzmán se refiere a la promesa hecha el jueves 24 de septiembre por Bukele de entregar la única información disponible sobre la masacre.
Las declaraciones de Bukele
“Este es el 100% de los documentos que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los cuarteles que se supone pudieron haber participado o tuvieron algo que ver en la masacre”, dijo el mandatario mientras señalaba cinco carpetas a su lado izquierdo durante la conferencia de prensa del 24 de septiembre.
En esa ocasión, el presidente dijo que entregaría esa información a la Fiscalía General de El Salvador y al tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera, a cargo de la investigación.
CNN tuvo acceso al expediente judicial y comprobó que lo que envío la Presidencia de El Salvador fue una carta en la que explica al juez los argumentos para impedir el acceso amparados en el artículo 168, ordinal séptimo de la Constitución, que enumera las atribuciones y obligaciones del presidente.
El ordinal séptimo hace referencia a la obligación de entregar informes que solicite la Asamblea Legislativa, a excepción de planes militares secretos.
“La posición institucional es invariable para los hechos objeto del presente informe y sobre cualquier otra inspección futura”, se lee en la carta firmada por Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia.
CNN solicitó a la Secretaría de Prensa de la Presidencia información sobre la fecha en que los archivos serían entregados, como lo prometió el presidente Bukele. Sin embargo, no hubo respuesta.
Por su parte, el juez Guzmán pidió al capitán Ortiz una comunicación directa con el ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. “Para que así directamente él me pueda dar una explicación”, argumentó Guzmán.
“Es importante que abran los archivos de El Mozote”
“Lo puede buscar en la opción de información y respuesta del ministerio, está en la página web y usted se puede comunicar y agendar una cita”, fue la respuesta del capitán Ortiz.
Después de reunirse con las partes del proceso, el magistrado tomó la decisión de continuar con la programación de las inspecciones. Según el juez, este martes llegará a la Segunda Brigada Aérea, a pesar de que en dos ocasiones la Fuerza Armada ha impedido la diligencia judicial.
Mientras tanto, un grupo de activistas denominado “Salvadoreños y salvadoreñas construyendo memoria” colocó siluetas de cartón, flores, velas y los nombres de víctimas de la masacre de El Mozote en la entrada del Comando de Fuerzas Especiales y la Primera Brigada de la Fuerza Aérea.
“La paz solo se alcanza conociendo la verdad y por eso es importante que abran los archivos de El Mozote”, dijo a CNN Amanda Castro, una de las presentes en la concentración.
Otras organizaciones como Pro-Búsqueda y Cristosal dijeron que seguirán demandando que se abran los archivos militares para que haya verdad y justicia.
Por este caso hay un grupo de militares acusado. El pasado enero un general retirado se desvinculó de la masacre. Otros militares han preferido no rendir su declaración, pero su defensa ha dicho que probarán que no tuvieron responsabilidad en los hechos.