(CNN Español) –– El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó como “deficiente” el cumplimiento por parte de Nicaragua de las recomendaciones formuladas por ese organismo desde septiembre de 2019.
En un informe de su oficina regional para América Central, el Alto Comisionado considera que “el Estado ha implementado muy pocas medidas en los ámbitos que cubren las recomendaciones. Tales como el respeto y la restitución de derechos y libertades, la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos y las reformas legislativas e institucionales, incluida la reforma electoral”.
Entre las recomendaciones del Alto Comisionado figuran el restablecimiento del diálogo con la oposición. También sanciones para quienes ataquen a defensores de derechos humanos y garantías para las libertades de expresión y asociación. Además de cambios en el sistema judicial y una reforma electoral que garantice elecciones justas.
En su informe, la oficina regional dijo haber constatado “pasos atrás”. Entre ellos, la aprobación de varias reformas legislativas que el organismo considera incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, como la más reciente reforma del Código Procesal Penal. Esa reforma, subraya el informe, “permite ampliar de 48 horas hasta 90 días la detención de un individuo, sin ninguna acusación, antes de que se realice un control judicial efectivo de todos los elementos para garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal”.
ONU reitera ofrecimiento de asistencia para derechos humanos en Nicaragua
El gobierno de Nicaragua no ha reaccionado oficialmente a la declaración del Alto Comisionado. CNN solicitó un comentario al Consejo de Comunicación y Ciudadanía del gobierno, coordinado por la vicepresidenta Rosario Murillo. Sin embargo, aún no ha recibido respuesta.
En su informe de este lunes, el Alto Comisionado reiteró su ofrecimiento de asistencia técnica para facilitar la implementación de las medidas recomendadas. Hasta el momento, esos ofrecimientos no han sido tomados en cuenta por el gobierno de Nicaragua.
Las delegaciones oficiales de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU siempre han rechazado los informes del Alto Comisionado. De hecho, los acusa de basarse en reportes de organismos civiles que participaron en lo que el gobierno consideró un “intento de golpe de Estado”.
En agosto de 2018, el gobierno de Nicaragua dio por terminada la visita de funcionarios del Alto Comisionado. La medida ocurrió de que esa oficina presentara un reporte sobre las protestas antigubernamentales de abril de ese año. En ese informe, el organismo de la ONU denunciaba unas 300 muertes, uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.