(CNN Español) – La Asamblea Legislativa de El Salvador denegó este miércoles la petición de indulto solicitada por los abogados defensores del coronel retirado Guillermo Alfredo Benavides Moreno, único condenado en El Salvador por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras el 16 de noviembre de 1989, durante la Guerra Civil.
Los diputados, con 72 de 84 votos, negaron el perdón de la pena porque consideraron que este tipo de acciones no pueden quedar en la impunidad.
Benavides fue condenado a 30 años de cárcel en 1992, pero fue liberado al aprobarse la Ley de Amnistía en 1993.
En febrero de 2016 fue detenido en El Salvador a pedido del juez español Eloy Velasco. Sus abogados aplaudieron que la extradición a España no se concretó cuando, en julio, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Con esa decisión de los magistrados, un tribunal ratificó la condena y fue recluido en una prisión en El Salvador.
Benavides no ha aceptado los cargos, incluso a través de sus abogados apeló la sentencia, sin éxito.
Piden reabrir el caso
Paralelamente a la decisión de la Asamblea Legislativa, el fiscal general Rodolfo Delgado solicitó este martes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anular el fallo emitido en octubre de 2020 por la Sala de lo Penal de ese tribunal. Esta confirmó el sobreseimiento definitivo para los implicados en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.
Delgado y los magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron nombrados en sus cargos el pasado 1 de mayo, el día en que tomaron posesión los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.
“Los magistrados deben decidir si se realiza una investigación adecuada que abarque a todos los que estuvieron involucrados, sin importar el cargo que ostentaban en el momento en el que ocurrieron los hechos”, aseguró Delgado en declaraciones a medios afines al gobierno.
Por su parte, el exrector de la Universidad Centroamericana (UCA), donde se cometieron los crímenes, el sacerdote jesuita José María Tojeira, dijo a la radio local YSUCA que la posición de ese centro educativo se mantiene. “Nosotros desde el principio dijimos que queríamos justicia, verdad y perdón”.
Aunque Tojeira expresó en su momento su rechazo al fallo que sobreseyó a los acusados de los crímenes, evitó ahora respaldar el pedido del fiscal, por no confiar en las autoridades designadas por el nuevo gobierno.
Sentencia por el asesinato de los sacerdotes
“En este momento cualquier persona si confía en la Sala de lo Constitucional, el problema nuestro es que no confiamos, ellos si confían en la Sala de lo Constitucional pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esa sentencia de la Sala de lo Penal”, agregó Tojeira, quien actualmente dirige el Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
En la sentencia emitida por los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema se ratificó la decisión del Tribunal Tercero de Paz del año 2000, ordenó el sobreseimiento definitivo, por considerar que la acción penal había prescrito ya que habían pasado más de 10 años desde que ocurrió el crimen hasta el momento en que la Fiscalía General presentó la acusación, límite máximo que establece la legislación en este país centroamericano para perseguir un delito.
Sin embargo, las actuales autoridades consideran que en este caso no se actuó de manera correcta. “Lo que no se hizo en 32 años, se hace ahora. Justicia”, escribió en Twitter el presidente, Nayib Bukele.
La justicia española como referencia
El fiscal Rodolfo Delgado consideró que el camino a seguir para hacer justicia lo mostró la Audiencia Nacional de España. El pasado febrero esta condenó a 133 años y cuatro meses de cárcel al coronel retirado salvadoreño Inocente Orlando Montano por el “asesinato de carácter terrorista” de los cinco sacerdotes españoles entre las ocho víctimas de la matanza de noviembre de 1989.
Montano, exviceministro de Defensa y Seguridad Pública de El Salvador y único militar salvadoreño juzgado y condenado en España por el crimen de los religiosos, deberá cumplir un máximo de 30 años de prisión según la sentencia. Este es el límite que establece la ley española.
Montano negó en el juicio ante la Audiencia Nacional haber participado en la planificación y ejecución de los jesuitas.
“La Audiencia Nacional (de España) ya nos dio un ejemplo de cuál es el camino a seguir, que tenemos que buscar todas las pruebas, tenemos que presentarla a los tribunales para eventualmente obtener la sentencia que sea justa en torno a este hecho”, afirmó Delgado.
Los hechos del asesinato de los sacerdotes jesuitas
La Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil de El Salvador, que contó con el apoyo de las Naciones Unidas, concluyó en 1993 que un grupo élite del Ejército asesinó a los sacerdotes jesuitas en las instalaciones de la Universidad Centroamericana.
Las víctimas fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de tres salvadoreños, el sacerdote Joaquín López y sus colaboradoras, Elba y su hija Celina Ramos.