(CNN Español) – Casi ocho años después de la trágica desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, en septiembre de 2014, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que investiga este caso reveló escalofriantes conclusiones.
La desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, fue un “crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones” estatales, informó este jueves en conferencia de prensa el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México, Alejandro Encinas.
Las declaraciones de Encinas se dieron luego de una reunión que sostuvieron representantes del Gobierno con padres de los alumnos, quienes recibieron las conclusiones preliminares de un informe sobre las investigaciones que realizan las autoridades estatales sobre el caso.
Estas son las conclusiones clave del reporte.
“Fue un crimen de Estado”
Es la conclusión más escalofriante del reporte presentado por Encinas. Tras ocho años de investigaciones y búsqueda de los desaparecidos, la Comisión para la Verdad estableció que los hechos fueron un crimen de Estado en el que se unieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y “agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
Según Encinas, autoridades de nivel municipal, estatal y federal “tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes” desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, hasta su desaparición. Las autoridades permitieron la desaparición de las 43 personas —y el homicidio de otras seis personas— con sus acciones, omisiones y hasta participando de los hechos, dice el reporte.
Un amplio número de sicarios participó en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, los estudiantes hoy desaparecidos se preparaban para una manifestación. Según las autoridades, fueron atacados por agentes criminales asociados con narcotraficantes.
Según el informe de la comisión de la verdad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los estudiantes fueron secuestrados, incinerados y arrojados al río San Juan, presuntamente por bandas criminales. Esta versión es cuestionada por el actual gobierno.
Una de la conclusiones de este reporte indica que la desaparición fue llevada a cabo por un “amplio número de sicarios y halcones” dirigido por un mando central “con el apoyo de distintas policías y agentes del Estado”.
Todos los desaparecidos están muertos
El reporte confirmó la identidad de los 43 estudiantes desaparecidos, ratificando que “no hay indicio alguno” de que alguno esté con vida.
“Todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos (los desaparecidos) fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dice el reporte.
Decenas de personas clave para obtener información han muerto o han sido asesinadas
El reporte indica que, desde el inicio de las investigaciones, al menos 26 personas clave para obtener información sobre la desaparición de los estudiantes han muerto o han sido asesinadas.
Entre ellas:
- 14 integrantes de Guerreros Unidos.
- 3 familiares de integrantes de Guerreros Unidos.
- 2 integrantes del grupo delincuencial Gente Nueva.
- 7 testigos o involucrados (funcionarios, activistas y policías).
La “verdad histórica” del gobierno Peña Nieto “ocultó” la verdad de los hechos
Este reporte señala que la creación de la “verdad histórica” —la versión que dice que los estudiantes fueron secuestrados por grupos del narcotráfico e incinerados en un basurero— ocultó la verdad de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, “alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de las autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado”, entre otros, responsable por la desaparición de los 43.
El reporte dice también que esa verdad histórica “construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos”.
Anteriormente, el secretario Encinas dijo que “la mal llamada verdad histórica se construyó con base en simulación, fabricación de pruebas, tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”.
Y Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, dijo anteriormente que las acciones para sustentar la “verdad histórica” fueron hechas de manera ilícita.
“Eso quiere decir que incluso testimoniales de personas fueron obtenidos por tortura. Lo que hicieron fue reconstruir una averiguación previa armada con piezas procesales que a la documentación que nosotros hemos obtenidos, muchos fueron elaborados ilícitamente”, dijo Gómez Trejo a siete años de la desaparición de los estudiantes.
Tras conocerse el informe de Ayotzinapa, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que “se procederá legalmente contra los responsables y no habrá impunidad”.