(CNN) – El Gobierno de Biden dijo este martes a la Corte Suprema que los jueces deberían rechazar una oferta de emergencia de un grupo de estados liderados por el Partido Republicano para mantener en vigor la controvertida restricción fronteriza de la era Trump conocida como Título 42 mientras se resuelven los desafíos legales.
Pero también pidió a la corte que retrasara el fin del uso del Título 42 hasta al menos el 27 de diciembre, citando los preparativos en curso para una afluencia de migrantes y el próximo fin de semana festivo.
La administración dijo que los estados, encabezados por Arizona, no tienen derecho legal a impugnar la opinión de un tribunal federal de distrito que había anulado el programa y ordenado su terminación este miércoles.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, congeló temporalmente ese plazo este lunes y pidió a las partes implicadas en la demanda, el Departamento de Justicia y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que se pronunciaran al respecto.
Hasta que la Corte Suprema emita una orden, que podría producirse en cualquier momento, si bien no tiene un plazo para hacerlo, la autoridad seguirá en vigor.
Desde marzo de 2020, el Título 42 permite a los agentes fronterizos de EE.UU. rechazar inmediatamente a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur, en aras de prevenir el covid-19. Se han producido casi 2,5 millones de expulsiones, la mayoría bajo la administración de Biden, que se ha estado preparando para una afluencia de llegadas si se levanta la autoridad.
La disputa legal de última hora se produce mientras los funcionarios federales y las comunidades fronterizas se preparan para un aumento previsto de las llegadas de inmigrantes esta misma semana, ya que el tema de la inmigración sigue encendiendo a ambos lados de la división política. El Departamento de Seguridad Nacional implementó un plan para el fin del programa que incluye el aumento de los recursos en la frontera, la persecución de los traficantes de personas y la colaboración con socios internacionales.
En los documentos judiciales de este martes, la procuradora general Elizabeth Prelogar subrayó que sería muy inusual que el tribunal permitiera a los estados intervenir en el último minuto cuando no han sido una parte oficial en la disputa en cuestión.
“El Gobierno reconoce que el fin de las órdenes del Título 42 provocará probablemente trastornos y un aumento temporal de los cruces ilegales de fronteras”, escribió Prelogar.
“El Gobierno no pretende en modo alguno minimizar la gravedad de ese problema. Pero la solución a ese problema de inmigración no puede ser prorrogar indefinidamente una medida de salud pública que ahora todos reconocen que ha superado su justificación de salud pública”, escribió.
Los abogados de la ACLU, que representan a familias sujetas al Título 42, también instaron a los jueces a denegar el recurso de los estados.
“El expediente de este caso documenta los horrores verdaderamente extraordinarios que se infligen a los no ciudadanos cada día con las expulsiones del Título 42”, escribió Lee Gelernt, abogado de las familias.
“El argumento de los Estados se reduce efectivamente a una afirmación de que el Título 42 –sin audiencias y sin acceso al asilo– es un mejor sistema de control de la inmigración desde su perspectiva que los estatutos de inmigración reales promulgados por el Congreso”, añadió Gelernt. “Pero de nuevo, esa es una elección para el Congreso”.
Preparándose para el fin de la autoridad de la era Trump
La Casa Blanca se ha estado preparando para el fin del Título 42, esperando un flujo de migrantes que crucen la frontera entre EE.UU. y México. En el sector de Del Río, por ejemplo, los funcionarios predijeron que el número de encuentros con migrantes podría duplicarse de 1.700 al día a 3.500 al día cuando finalice el Título 42, poniendo a prueba los recursos desbordados en una zona remota de la frontera.
A pesar de la decisión de este lunes, la administración sigue adelante con los planes.
“Seguimos como si nada hubiera cambiado”, dijo uno de los funcionarios, añadiendo que las discusiones políticas están todavía en curso para proporcionar otras vías legales a los nicaragüenses, haitianos y cubanos que constituyen un gran número de encuentros con migrantes.
En cuanto a lo que suceda este miércoles si la expiración sigue en suspenso, un funcionario dijo que puede haber una “mini oleada”.
“Creo que hay algunos que probablemente no han captado el mensaje y no lo harán hasta que crucen”, dijo el funcionario. “Hay algunos ya comprometidos con cruzar”.
A última hora de la noche del viernes, el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia falló en contra de los estados, sosteniendo que esperaron un tiempo “desmesurado” antes de intentar implicarse en el caso. Esa orden desencadenó la solicitud de emergencia ante el alto tribunal, dirigida a Roberts.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, que tomó la iniciativa en nombre de los estados, afirmó en un comunicado este lunes que “deshacerse del Título 42 pondrá en peligro de forma imprudente e innecesaria a más estadounidenses y migrantes al exacerbar la catástrofe que se está produciendo en nuestra frontera sur”, y añadió: “Se calcula que los cruces ilegales aumentarán de 7.000 al día hasta 18.000”.
Brnovich había dicho a los jueces en documentos judiciales que debían dejar en suspenso la sentencia del tribunal inferior. Como alternativa, dijo que los jueces deberían conceder una orden judicial temporal “inmediata” para mantener el statu quo y también considerar si pasar por encima del tribunal de apelaciones y aceptar escuchar ellos mismos los argumentos sobre el fondo de la cuestión.
“No conceder una suspensión aquí infligirá enormes daños irreparables a los estados, especialmente porque los estados soportan muchas de las consecuencias de la inmigración ilegal”, argumentó Brnovich.
En el caso que nos ocupa, seis familias que cruzaron ilegalmente la frontera entre EE.UU. y México y que estaban sujetas al proceso del Título 42 presentaron la demanda original.
En los documentos judiciales, la ACLU argumentó previamente que el covid-19 siempre fue un pretexto apenas velado para aumentar el control de la inmigración. “No hay base legal para utilizar una supuesta medida de salud pública para desplazar las leyes de inmigración mucho después de que haya caducado cualquier justificación de salud pública”.
Mientras tanto, aunque el Gobierno de Biden se opone al intento de los estados de intervenir en la disputa en curso y ha dicho que está dispuesto a permitir que el programa termine, sigue apelando la opinión del tribunal de distrito para preservar la autoridad del gobierno para imponer órdenes de salud pública en el futuro.