Nota del editor: Rodrigo Jordan es licenciado en Comunicación Social desde 2003 y tiene una maestría en Proyectos de Comunicación por la Universidad de Navarra en España. Es especialista en comunicación estratégica y manejo de crisis. Es CEO de Rojo Comunicaciones e Hypermedia Lab Ecuador, agencias de asesoría comunicacional con operaciones en América Latina. Es director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente del autor. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.
(CNN Español) – Apenas en 2021, los ecuatorianos eligieron a Guillermo Lasso como su nuevo presidente de la república. Sin embargo, en un mes, los ciudadanos tendrán que volver a las urnas por el mismo motivo.
La decisión de Lasso de aplicar la figura constitucional de la muerte cruzada y disolver la Asamblea Nacional, el 17 de mayo, hizo que Ecuador tenga que designar a un mandatario interino y a un nuevo Poder Legislativo, para lo que queda del actual período presidencial.
Las elecciones, ya planificadas para el próximo domingo 20 de agosto, serán un proceso atípico porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene menos tiempo para organizar los comicios, en relación con los períodos regulares.
Los partidos políticos solo contaron con 20 días para escoger e inscribir a sus candidatos y los postulantes tienen 35 días para hacer campaña electoral, del 13 de julio al 17 de agosto.
De acuerdo con el calendario del CNE, si cualquiera de los ocho binomios presidenciales inscritos ganara en primera vuelta, su período correría de septiembre de 2023 a mayo de 2025; es decir, solo un año y ocho meses.
El Código de la Democracia, en su artículo 161, define que un binomio puede ganar en una sola vuelta cuando obtiene al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor a diez puntos porcentuales con el segundo lugar.
Si hay segunda vuelta presidencial, cuya votación está fijada para el domingo 15 de octubre, el mandato del nuevo jefe de Estado sería de apenas de un año y seis meses, ya que su toma de posesión sería en noviembre.
En cualquiera de los dos escenarios salta una pregunta: ¿pueden las familias ecuatorianas esperar un mejoramiento en su calidad de vida, cuando sus nuevas autoridades tendrán escaso tiempo para abordar los principales problemas de la sociedad?
Y no estamos hablando de intervenciones profundas, sino de acciones inmediatas y de coyuntura, que los gobiernos del expresidente Lenin Moreno, y del actual mandatario han intentado ejecutar sin éxito, desde mayo de 2017 hasta hoy. Es decir, desde hace más de seis años.
Una encuesta de la firma Click Research –realizada en mayo en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay, además de las regiones Costa y Sierra– señala que la principal preocupación de los ciudadanos es la inseguridad y la delincuencia con el 37%. Le siguen la corrupción (con el 20%), la crisis económica (con el 12%) y la falta de empleo (con el 11%).
Estas percepciones se anclan en tres realidades principales. Primero: el aumento alarmante del número de homicidios intencionales, que casi se triplica de 2016 a 2021 y continúa incrementándose. Este problema es tan grave que, en enero pasado, la firma de opinión pública Gallup reveló que Ecuador es uno de los dos países de Latinoamérica con mayor percepción de inseguridad.
Segundo: el hecho de que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), solo tres de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal y tercero que, de acuerdo con Unicef, el país es el segundo de América Latina y el Caribe con mayor incidencia de desnutrición crónica infantil con el 27,2%.
Esto solo por mencionar algunos de los problemas. La verdad es que esta nación sudamericana vive una emergencia real, sin contar con la devastación que puede ocurrir debido a la inminente llegada del fenómeno de El Niño y la alta migración a Estados Unidos.
Entonces, el nuevo jefe de Estado que elija Ecuador será un “presidente contra el tiempo”, que deberá gestionar en solo 18 meses altísimas presiones sociales, económicas, fiscales, políticas, legales, delincuenciales y hasta climáticas.
En este contexto, casi no habrá tiempo para lo profundo, sino para lo coyuntural, pero con eficacia y decisión. La planificación de las acciones esenciales, entonces, debe estar lista antes de sentarse en el Palacio de Carondelet, porque en el poder –esta vez– no habrá tiempo para largos análisis.
El reto es demasiado complejo, pero quien lo supere en el escaso tiempo que tiene, menos de dos años, puede ser un firme candidato para la reelección a inicios de 2025 y gobernar hasta mayo de 2029, ya en un período presidencial regular. La cancha está marcada.
Según una encuesta nacional de mediados de junio de la firma Estrategas, la candidata del partido del expresidente Rafael Correa mantiene una importante ventaja sobre sus competidores en camino al 20 de agosto.
La encuesta se realizó en forma presencial entre el 19 y 20 de junio, alcanzando a 3.645 personas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 1,62%.
Luisa González suma un 27,95% de estimación de voto, seguida del derechista, Otto Sonenholzner (9,9%). Luego aparecen el ecologista y representante indígena, Yaku Pérez (8,84%) y los derechistas, Fernando Villavicencio (8,3%) y Xavier Hervas (6,06%).
En los últimos lugares están Daniel Noboa (4,25%), Jean Topic (2,52%) y Bolívar Armijos (0,53%).
Con estas cifras preliminares, todo parece indicar que existirá segunda vuelta presidencial, ya que, el mismo estudio de opinión, revela que el voto nulo está en el 12% y los indecisos aún suman un 14%, en un universo de 13,4 millones de votantes.
La expectativa se mantiene, aunque el tiempo para las acciones del nuevo mandatario será extremadamente escaso.