(CNN Español) – El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció el domingo en cadena nacional que pedirá al Tribunal Electoral que convoque a una consulta popular el domingo 17 de diciembre, para decidir si se deroga o no la Ley 406, que rige el contrato entre el Estado panameño y la compañía Minera Panamá para la explotación de cobre.
Desde hace una semana, varios sindicatos y organizaciones sociales han encabezado protestas en Panamá, argumentando que la concesión a Minera Panamá genera daños ambientales, entre otros señalamientos.
En un mensaje al país, el mandatario dijo entender “el clamor de las voces que se manifiestan” y que sometería el contrato ley a consulta popular para que “la voluntad mayoritaria se exprese de la manera más democrática”.
“A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano”, expresó Cortizo en su tercer mensaje al país en menos de una semana.
El presidente anunció además que se elevará a ley la prohibición de la minería metálica en todo el país, aunque no dio detalles. Cortizo firmó el viernes un decreto que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones. Sin embargo, este anuncio no logró poner fin a las manifestaciones.
El contrato minero de la polémica
El nuevo contrato de concesión aprobado por ley y promulgado el viernes 20 de octubre con la compañía Minera Panamá, perteneciente a la empresa canadiense First Quantum Minerals, está pactado a 20 años, con la posibilidad de renovarlo 20 años más.
Sus detractores, entre los que hay sindicatos, profesionales, religiosos, ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, lo rechazan por considerar que no representa los mejores intereses del país y que pone en riesgo al medio ambiente y la biodiversidad, entre otras consideraciones.
Hasta hace unos días Cortizo lo defendió diciendo que fue un acuerdo que se negoció durante dos años, y que se lograron mejores beneficios y condiciones para el país.
Minera Panamá guarda silencio sobre las protestas, a pesar de varias solicitudes de CNN. Pero en un comunicado, el lunes pasado recordó que el contrato ya está en vigor desde el 20 de octubre. La empresa se comprometió a cumplir con sus obligaciones contractuales y a tener una gestión responsable de la mina, incluyendo el impacto positivo en la fuerza laboral, las comunidades vecinas y el medio ambiente.
CNN también pidió reacción a la Minera Panamá sobre el anuncio del mandatario, se prometió hacer la consulta, pero no hay respuesta.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió dos demandas de inconstitucionalidad la semana pasada contra la ley del contrato minero. A través de un comunicado, el tribunal explicó que el paso inicial es que el procurador de la Administración de Panamá emita opinión sobre cada una, para lo cual tiene un plazo no mayor a 10 días hábiles. El proceso sigue luego en la Corte.